8 de mayo de 2016

La Agencia Tributaria detecta pagos de 200.000 euros en la concursal de Maquinarias Paco

Domingo, 8 de mayo.

Una máquina de Maquinarias Paco, en una imagen de archivo
La Provincia
La Agencia Tributaria ha detectado pagos supuestamente ilegales a dos de los tres administradores que fueron designados por el Juzgado de los Mercantil número 1 de Las Palmas para tramitar el concurso de acreedores de Maquinarias Paco S.L.. La Fiscalía se querelló a finales de diciembre contra los propietarios de la empresa por crear un entramado societario para desviar entre 2010 y 2015 los ingresos hacia Grupo Tipuana y Elevadores Archipiélago, con el asesoramiento de Ignacio J. Irigoyen Blasco, un "reputado" abogado de Logroño que está especializado en "reflotar" compañías en crisis, según un informe elaborado por los inspectores de Hacienda el pasado 11 de diciembre.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha admitido a trámite la querella, investiga desde principios de este año el entramado societario y a ocho personas, entre ellas Irigoyen, el matrimonio propietario de Maquinarias Paco, varios empleados y los tres administradores concursales, que fueron designados en 2010 por el juez de los mercantil para liquidar la deuda con los proveedores y tratar de salvar la empresa. Dos de ellos, Daniel Bosch Wood y Francisco Javier Rodríguez Pérez, han recibido "diversos importes" de las mercantiles implicadas.
Bosch percibió 10.456 euros en 2013 del Grupo Tipuana, mientras que Francisco J. Rodríguez cobró de Maquinarias Paco 130.000 euros en 2010 y otros 50.000 euros en 2011. Unos "pagos que van más allá de simples indicios", sostiene el fiscal Miguel Hernández. Por eso su querella también se dirige contra los administradores por cohecho y malversación.
El delito principal investigado, sin embargo, es el alzamiento de bienes. El juez trata de aclarar si Bosch y Rodríguez han incumplido sus obligaciones de controlar a la empresa concursada de manera deliberada, es decir, si han consentido una actividad paralela entre Maquinarias Paco y Grupo Tiuana, con el fin de desviar los ingresos y el consiguiente perjuicio a los acreedores, todo ello a cambio de prestaciones económicas.
Y es que los indicios de los sobornos parecen sólidos. No solo por los cobros que la Administración Tributaria ha detectado durante la investigación previa a la denuncia de la Fiscalía, sino por los correos aportados por el denunciante de la trama, Jesús Domínguez Rivero, que es administrador único de Máquinas Opein S.L. y competidor en el mercado de Maquinarias Paco.
Este empresario se personó en el concurso porque estaba interesado en adquirir la maquinaria de su rival durante la fase de liquidación, Contactó con Irigoyen, que era el asesor de Maquinarias Paco, y éste le reveló los detalles de la Operación Campa (con la "m" y la "p" en negrita), tal y como la bautizó el reputado reflotador de empresas en los correos enviados a Máquinas Opein. En ellos daba instrucciones para actuar en el concurso y lograr la unidad productiva de su cliente, la cual era la misma que utilizaba Grupo Tipuana, según esos emails.
En concreto proponía a Máquinas Opein que lanzara una oferta de 400.000 a 500.000 euros, de los que 100.000 serían para los honorarios de los administradores, dando por hecho que estos iban a informar de manera favorable a esa oferta, pues es el juez quien resuelve en última instancia la tramitación de los bienes en base a esos informes. De ahí el registro de los despachos profesionales de Bosch y de Rodríguez, ambos en la capital grancanaria.
En los registro participó la Agencia Tributaria, la Inspección de la Seguridad Social y la UDEF de la Policía Nacional. Los investigadores esperan dar con documentación que corrobore la ilegalidad de los pagos detectados por Hacienda. Por eso las actuaciones permanecieron secretas hasta que se ordenaron las entradas y registros el pasado mes de febrero.
La querella presentada por el fiscal Miguel Hernández, que está adscrito a Delitos Económicos, es la primera en Las Palmas dirigida contra un entramado de empresas creada presuntamente para amañar un concurso de acreedores.
Los administradores de las compañías en crisis son nombrados de manera discrecional por los juzgados de lo mercantil, una potestad que ha generado controversia en el mundo empresarial y judicial, con sospechas de tratos de favor a determinados economistas y abogados.