Jueves, 22 de noviembre.
Fernando Romero*
En la crisis actual, provocada
por las instituciones financieras, los bancos han dejado alevosamente de cumplir
con la función social para la que se crearon.
El que las entidades financieras
hayan arruinado el tejido empresarial y los puestos de trabajo de la población por
causa de su especulación, sería suficiente para ordenar su cierre y
sustituirlas por otras entidades más eficientes o decretar su nacionalización.
Sin embargo, a la banca se le
permite acudir al Banco Central Europeo (BCE) a financiarse al 1% para,
simultáneamente (una hora después) entregar ese mismo dinero al Estado al 5% (o más)
de interés a diez años.
El propio BCE fue creado por
los Gobiernos de los Estados de la
UE, su organigrama de funcionamiento también lo aprobaron
esos mismos Estados, y hasta al propio
Director del BCE lo nombra periódicamente también los Gobiernos de los Estados
de la Unión Europea
(UE).
¿Por qué, entonces, los
Estados de la UE
no pueden financiarse directamente del Banco Central Europeo obviando la
intermediación de la banca? Porque lo que se pretende, y se consigue
actuando así, es conceder una enorme subvención a la banca privada desde el
propio Banco Central Europeo.
¿Quiénes son los responsables?
La banca, no; pues actúa según las reglas establecidas. Los responsables son
los Gobiernos que permiten y apoyan la prolongación de esta situación -sin
cambiar las reglas-, a sabiendas de que perjudica gravemente a la población que
los ha elegido y que, se supone, representan; y, además, se endeuda
escandalosamente a los Estados que administran. Así gestionan actualmente los
intereses generales nuestros políticos "patriotas".
Es la política al servicio de
la economía, cuando debería ser al contrario. La economía, que es una ciencia,
debe ser una herramienta, un instrumento y estar al servicio de la política y
del progreso de la sociedad.
Pero los políticos, los
gobiernos, han hecho dejación de sus responsabilidades ante los ciudadanos y se
han arrodillado ante la economía (los mercados), permitiendo que sea ésta quien gobierne la
sociedad.
No obstante, no se cansan de
repetirnos que aplicar otra política económica no es posible. Mienten. Y ellos lo
saben. Peor crisis que la vivida en Europa tras la II Guerra Mundial no se
ha vuelto a producir. Y a pesar de esa crisis, y en un contexto internacional
de "guerra fría", se desarrolló el estado del bienestar. La crisis actual no es, ni por asomo, semejante a
la de entonces. Sin embargo, nos están arrebatando los derechos, las conquistas
sociales y el estado del bienestar conseguido.
Otra forma de hacer política
económica sí es posible. No se trata de milagros ni de sovietizar a la
sociedad. Todo está descubierto. Sólo tienen que recuperar, actualizar y aplicar
determinadas aportaciones de Keynes ante la situación actual de crisis. ¿Por
qué no gobiernos keynesianos (o neokeynesianos)? ¿Por qué no probar? Si este
ultraliberalismo económico no da resultados (el paro sigue creciendo y la
recesión económica continúa regenerándose), ¿por qué no cambiar ya de política
económica?
John Maynard Keynes
(1883-1946) fue un economista británico, considerado como uno de los más influyentes
del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas
económicas. Fue profesor de la
Universidad de Cambridge, secretario del Royal Economic
Society y alto funcionario de la Administración británica. En 1919, tras finalizar
la Primera Guerra
Mundial, formó parte de la delegación británica en laConferencia de Paz de
París. Pronto dimitió de ese puesto por estar disconforme con el régimen
abusivo de indemnizaciones y reparaciones que se imponían aAlemania.
Tras la grave crisis económica
de 1929, expuso sus ideas para salir de esa gran recesión en su obra "Teoría general
sobre el empleo, el interés y el dinero" (1936). Consideraba un error recurrir
a la clásica bajada de salarios para que la producción aumentara. En su
diagnóstico de la crisis argumentaba que el principal problema de la economía era la falta de
demanda ante la caída de la inversión. Sin demanda, los empresarios no tenían incentivos
para aumentar la producción y, a través de ella, el empleo. Por tanto, ante el
derrumbe de la inversión privada, proponía que el Estado incrementase el gasto
público (política anticrisis), por lo que abogaba por una activa intervención
del Estado que restableciera el equilibrio entre oferta y demanda.
El gasto del Estado generaría
déficit público, pero eso, según Keynes, no constituía un problema, ya que si
el Estado gastaba, aumentaba la demanda porque ese gasto inicial transformado
en salarios y bienes, creaba nueva demanda sobre otros sectores (multiplicador keynesiano). De
esta manera, el Estado hacía de locomotora de la economía, a la que se iría enganchando
progresivamente las empresas y los distintos sectores económicos. Así, al
ampliarse la producción total, el Estado podría aumentar posteriormente sus
ingresos por impuestos, y reducir o anular, a medio plazo, el déficit público
inicial.
La prosperidad, la creación de
empleo, afirmaba Keynes, no depende de los salarios, sino del consumo y de la
inversión. Por tanto, había que potenciar el consumo.
Y para conseguirlo, defendía
las mejoras de las condiciones salariales, pues de esta manera, se aumentaba la
capacidad adquisitiva de la clase obrera. Por ello, insistía en que el papel de
los capitalistas era invertir, y el de los trabajadores, consumir.
El presidente estadounidense
Roosevelt actuó en la década de los años 30 influido por las teorías de Keynes.
Lo mismo hicieron los gobiernos de los países escandinavos (Suecia, Dinamarca),
iniciándose, así, en esos países la construcción del Estado del bienestar. La aplicación
de las teorías keynesianas se generalizaron en Europa Occidental tras la II Guerra Mundial. Los ciudadanos
alcanzaron en pocas décadas, un nivel de vida y un Estado de bienestar
desconocido hasta entonces.
Justo, lo contrario (la
destrucción de ese Estado de bienestar), es lo que se han propuesto y nos
quieren arrebatar ahora, aprovechando la presente crisis económica.
Paul Krugman, estadounidense y
Premio Nobel de Economía en 2008,
ha reconocido que para salir de la actual crisis
económica debemos recuperar los postulados keynesianos. Así, por ejemplo, en un
reciente artículo en El País (enero, 2012), titulado "Keynes tenía razón", escribe: "…recortar el gasto público cuando la economía está deprimida, deprime la
economía todavía más; la austeridad (en el gasto público) debe esperar hasta que
se haya puesto en marcha una fuerte recuperación".
Y sigue exponiendo: "Los
políticos han creído que debíamos centrarnos en los déficit, no en los puestos
de trabajo. Al obsesionarse con los déficits a corto plazo se ha empeorado el
verdadero problema: una economía deprimida y un desempleo masivo". Y concluye, "es
posible que uno de estos años acabemos siguiendo el consejo de Keynes, que
sigue siendo tan válido hoy como hace 75 años".
Ante todo esto, nos
preguntamos ¿es posible o no aplicar otra política económica? ¿Por qué no se
intenta? ¿Por desconocimiento? No. ¿Por ideología y por intereses determinados? Eso sí. No en
vano, la inmensa mayoría de los gobiernos europeos son liberal-conservadoresal
servicio de los grandes especuladores, de los mercados y de la gran banca.
El ejercicio de la política se
ha desnaturalizado: los gobiernos ya no están al servicio de los ciudadanos que
los han elegido. La prioridad absoluta ya no son los ciudadanos sino las
cuentas de resultados y el déficit. Y si eso significa gobernar contra los
ciudadanos, pues se gobierna contra los ciudadanos. ¿Eso no se llama traición?
Por eso las "medidas valientes"
que nos dicen, tienen que tomar los Gobiernos, no son sino medidas cobardes,porque
están dirigidas siempre contra los más débiles. Sin embargo, a los fuertes y
poderosos, ni tocarlos; y mucho más en nuestro país. ¡Qué pasada! Pues eso,
Gobiernos cobardes y traidores. Es lo que hay.
¿Nos resignamos?
*Fernando Romero es profesor y vocal de la Mesa de Roque Aguayro.
