
El fallo judicial, que estima la demanda presentada por el colectivo ecologista Ben Magec, señala que "la falta de declaración de impacto ambiental determina la nulidad" del mencionado documento de planificación.
El Consejero de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Emilio Mayoral, señaló ayer que la aplicación de la directiva comunitaria que obligaba a los planes insulares la incorporación de una declaración de impacto ambiental, se consideró que no le era de aplicación en ese momento. Mayoral indicó que el objeto de la anulación parcial del PIO está "sujeta a interpretación y responde a un defecto formal" que está siendo estudiado por el nuevo ejecutivo insular para su subsanación, ya que todos sus planes territoriales se tramitan con "informe de sostenibilidad y memoria ambiental".
Por su parte, el portavoz de Ben Magec, Antonio Hernández, manifestó ayer que el nuevo gobierno insular, "si quiere cambiar la mala ordenación territorial aprobada por el PP, tiene que estar por acatar la sentencia y, por lo tanto, no cabe recurrir en casación ante el Supremo".
Fotografía: Obras en la primera fase del Puerto de Arinaga (Yaiza Socorro).