Antonio Morales*
La información que se nos viene encima cada día sobre el aumento del desempleo en España y en Canarias es espeluznante. No transcurre una jornada sin que aparezcan nuevos datos demoledores que arrojan jarros de agua fría sobre nuestra voluntad de abrirnos a la esperanza y a la batalla sin cuartel para vencer una guerra en la que nos ha metido un sistema putrefacto al que nadie pudo poner ningún dogal.
Los últimos resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) vomitan sobre todos nosotros unas cifras terribles. Así, se nos señala que el desempleo aumentó, en todo el territorio español, durante 2008, en 1.280.300 personas, alcanzando la suma de 3.207.900 trabajadores sin ocupación; 2,3 millones de hogares, uno de cada cinco, tienen a uno de sus miembros en edad de trabajar en situación de desempleo y 827.200 tienen a todos en esa dramática situación. En este último año el desempleo afectó fundamentalmente al sector servicios, un 52,4% más que el año anterior, es decir 393.900 parados más; le siguió la construcción con 358.900, un 164,8% más y, en tercer lugar, la industria con 155.500 parados, un 113,5% más.
En Canarias la tasa de paro se sitúa en el 21,8% de la población activa frente al 13,9 de España, lo que supone un total de 223.600 personas desempleadas, siete puntos por encima de la media nacional. En este Archipiélago atlántico el paro se ha duplicado (ha subido en un 98,13%) en tan solo un año, afectando con especial virulencia a la provincia de Las Palmas, que ha experimentado un incremento de hasta 60.000 personas sin ningún tipo de ocupación. Si en el conjunto del Estado la tasa media de hogares con todos sus componentes en paro es de 6,47%, en Canarias el porcentaje es del 11,53%, sin duda la más alta.
Hasta el momento de escribir este texto, en España hay 1.044.022 personas que no cobran ni un euro para poder subsistir, es decir, uno de cada tres desempleados, y la Seguridad Social ha perdido en el último año 841.465 cotizantes.
Desde luego, las perspectivas no son en absoluto halagüeñas. En los últimos años, desde los Gobiernos de turno, se dio clamorosamente la espalda a la realidad: despreciaron los indicativos de la crisis inmobiliaria, del desinfle de la burbuja de la que tanto y en tantas ocasiones hablamos; se pusieron una venda de lo más opaco ante la especulación del ladrillo y la corrupción y obviaron la financiación municipal, la más necesaria, lo que obligó a muchos ayuntamientos a utilizar desaforadamente el suelo casi como el único recurso económico para hacer frente a las necesidades más básicas de los ciudadanos. ¡Cuánto tiempo perdido por no asumir la catástrofe que se nos venía encima! Todo esto ha hecho que la crisis internacional se viva aquí con especial dolo y todo apunta además a que la situación se va a complicar muchísimo en los próximos meses.
Frente a los datos de Solbes y Corbacho especulando sobre una remontada inmediata de la situación, la UE les enmienda la plana asegurando que España no saldrá de la recesión hasta 2011 y que el desempleo superará los 4,3 millones de parados y el déficit público será del 5,7%, unos datos que ponen a este país en el vagón de cola de una Europa que ya ha cerrado el grifo de las ayudas que aportó a mansalva a aquel Estado emergente que se incorporó en 1986 a su seno queriendo dejar atrás el lastre de una cruel dictadura.
Pero lo más grave de todo es la apariencia del Gobierno español de haber arrojado la toalla. Más allá de las medidas iniciales, que se centraron especialmente en financiar a la Banca con un fondo multimillonario que no ha revertido en absoluto en las familias, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, y de la creación de un Fondo Estatal para actuaciones en los municipios, de la mano de los ayuntamientos, tanto José Luis Rodríguez Zapatero, como los ministros más directamente implicados en la búsqueda de soluciones, parecen andar a la deriva, cuando no en una especie de depresión paralizante. En este contexto, resultan especialmente graves las declaraciones del ministro Solbes manifestando que ya se le han agotado todos los márgenes posible contra la crisis, lo que supone una enorme irresponsabilidad que anega de pesimismo a los afectados y a los interlocutores sociales implicados en buscar soluciones al grave problema que vivimos, o las del Presidente pidiendo a los parados, a los que no tienen un euro para subsistir, que "no pierdan la esperanza, no se desasosieguen".
Mientras, una oposición enredada en batallas internas, incapaz de aportar soluciones y brindándonos un espectáculo vergonzoso y desmoralizador de espionaje de andar por casa.
Mientras, en Canarias, más de lo mismo, con un Vicepresidente económico ocupado en zafarse de los Tribunales y sembrando estiércol sobre los poderes del Estado y con un Parlamento embrollado en batallas políticas donde la sombra de la corrupción siembra de desconcierto y de rabia el sentir de los ciudadanos.
Ahora, más que nunca, es el momento de que todos arrimemos el hombro. Es el momento para el consenso y el diálogo. Es el momento para la política transparente y creativa que abra puertas a la esperanza y a las ilusiones.
Hay que buscar recursos de donde sea para garantizar que ninguna familia se quede sin prestaciones y por tanto sin comer, sin poder pagarse sus medicinas, como ahora mismo ya está sucediendo y como vemos día tras día en nuestros municipios y nuestros ayuntamientos, y sólo en nuestros ayuntamientos, por ser la administración más cercana. Pero no se trata sólo de potenciar los servicios sociales, que tenemos que hacerlo, ni de ayudar a Cáritas, que hay que hacerlo. Hay que buscar recursos como sea para incentivar la obra pública, la creación de obra pública que genere tejido productivo.
Hay que legislar, desde la mesura y el entendimiento con los empresarios y los sindicatos, para poner en marcha iniciativas, algunas ya experimentadas con éxito como las que crearon los contratos para el fomento del empleo o las de la potenciación de la contratación indefinida. Hay que ejecutar acciones como las de Andalucía, que ha destinado 360 millones a sus municipios para equipamiento público. Hay que tomar medidas contundentes, más allá del tirón de orejas anunciado, para que los bancos pongan el dinero en circulación. Hay que frenar con dureza las prácticas torticeras de aquellos que utilizan los despidos masivos y los REAS fraudulentos o los que pretenden una vuelta atrás en tantos logros sociales conseguidos por los trabajadores. Hay, sobre todo, que ponerse a crear, en positivo, un modelo alternativo de desarrollo.
Hoy, más que nunca, debemos encontrar cobijo en este Estado de Derecho en el que tantas ilusiones pusimos y que tanto está defraudando. Hoy más que nunca, nuestra Constitución debe ser un instrumento útil para la convivencia en igualdad de condiciones para todos y todas.
Los últimos resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) vomitan sobre todos nosotros unas cifras terribles. Así, se nos señala que el desempleo aumentó, en todo el territorio español, durante 2008, en 1.280.300 personas, alcanzando la suma de 3.207.900 trabajadores sin ocupación; 2,3 millones de hogares, uno de cada cinco, tienen a uno de sus miembros en edad de trabajar en situación de desempleo y 827.200 tienen a todos en esa dramática situación. En este último año el desempleo afectó fundamentalmente al sector servicios, un 52,4% más que el año anterior, es decir 393.900 parados más; le siguió la construcción con 358.900, un 164,8% más y, en tercer lugar, la industria con 155.500 parados, un 113,5% más.
En Canarias la tasa de paro se sitúa en el 21,8% de la población activa frente al 13,9 de España, lo que supone un total de 223.600 personas desempleadas, siete puntos por encima de la media nacional. En este Archipiélago atlántico el paro se ha duplicado (ha subido en un 98,13%) en tan solo un año, afectando con especial virulencia a la provincia de Las Palmas, que ha experimentado un incremento de hasta 60.000 personas sin ningún tipo de ocupación. Si en el conjunto del Estado la tasa media de hogares con todos sus componentes en paro es de 6,47%, en Canarias el porcentaje es del 11,53%, sin duda la más alta.
Hasta el momento de escribir este texto, en España hay 1.044.022 personas que no cobran ni un euro para poder subsistir, es decir, uno de cada tres desempleados, y la Seguridad Social ha perdido en el último año 841.465 cotizantes.
Desde luego, las perspectivas no son en absoluto halagüeñas. En los últimos años, desde los Gobiernos de turno, se dio clamorosamente la espalda a la realidad: despreciaron los indicativos de la crisis inmobiliaria, del desinfle de la burbuja de la que tanto y en tantas ocasiones hablamos; se pusieron una venda de lo más opaco ante la especulación del ladrillo y la corrupción y obviaron la financiación municipal, la más necesaria, lo que obligó a muchos ayuntamientos a utilizar desaforadamente el suelo casi como el único recurso económico para hacer frente a las necesidades más básicas de los ciudadanos. ¡Cuánto tiempo perdido por no asumir la catástrofe que se nos venía encima! Todo esto ha hecho que la crisis internacional se viva aquí con especial dolo y todo apunta además a que la situación se va a complicar muchísimo en los próximos meses.
Frente a los datos de Solbes y Corbacho especulando sobre una remontada inmediata de la situación, la UE les enmienda la plana asegurando que España no saldrá de la recesión hasta 2011 y que el desempleo superará los 4,3 millones de parados y el déficit público será del 5,7%, unos datos que ponen a este país en el vagón de cola de una Europa que ya ha cerrado el grifo de las ayudas que aportó a mansalva a aquel Estado emergente que se incorporó en 1986 a su seno queriendo dejar atrás el lastre de una cruel dictadura.
Pero lo más grave de todo es la apariencia del Gobierno español de haber arrojado la toalla. Más allá de las medidas iniciales, que se centraron especialmente en financiar a la Banca con un fondo multimillonario que no ha revertido en absoluto en las familias, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, y de la creación de un Fondo Estatal para actuaciones en los municipios, de la mano de los ayuntamientos, tanto José Luis Rodríguez Zapatero, como los ministros más directamente implicados en la búsqueda de soluciones, parecen andar a la deriva, cuando no en una especie de depresión paralizante. En este contexto, resultan especialmente graves las declaraciones del ministro Solbes manifestando que ya se le han agotado todos los márgenes posible contra la crisis, lo que supone una enorme irresponsabilidad que anega de pesimismo a los afectados y a los interlocutores sociales implicados en buscar soluciones al grave problema que vivimos, o las del Presidente pidiendo a los parados, a los que no tienen un euro para subsistir, que "no pierdan la esperanza, no se desasosieguen".
Mientras, una oposición enredada en batallas internas, incapaz de aportar soluciones y brindándonos un espectáculo vergonzoso y desmoralizador de espionaje de andar por casa.
Mientras, en Canarias, más de lo mismo, con un Vicepresidente económico ocupado en zafarse de los Tribunales y sembrando estiércol sobre los poderes del Estado y con un Parlamento embrollado en batallas políticas donde la sombra de la corrupción siembra de desconcierto y de rabia el sentir de los ciudadanos.
Ahora, más que nunca, es el momento de que todos arrimemos el hombro. Es el momento para el consenso y el diálogo. Es el momento para la política transparente y creativa que abra puertas a la esperanza y a las ilusiones.
Hay que buscar recursos de donde sea para garantizar que ninguna familia se quede sin prestaciones y por tanto sin comer, sin poder pagarse sus medicinas, como ahora mismo ya está sucediendo y como vemos día tras día en nuestros municipios y nuestros ayuntamientos, y sólo en nuestros ayuntamientos, por ser la administración más cercana. Pero no se trata sólo de potenciar los servicios sociales, que tenemos que hacerlo, ni de ayudar a Cáritas, que hay que hacerlo. Hay que buscar recursos como sea para incentivar la obra pública, la creación de obra pública que genere tejido productivo.
Hay que legislar, desde la mesura y el entendimiento con los empresarios y los sindicatos, para poner en marcha iniciativas, algunas ya experimentadas con éxito como las que crearon los contratos para el fomento del empleo o las de la potenciación de la contratación indefinida. Hay que ejecutar acciones como las de Andalucía, que ha destinado 360 millones a sus municipios para equipamiento público. Hay que tomar medidas contundentes, más allá del tirón de orejas anunciado, para que los bancos pongan el dinero en circulación. Hay que frenar con dureza las prácticas torticeras de aquellos que utilizan los despidos masivos y los REAS fraudulentos o los que pretenden una vuelta atrás en tantos logros sociales conseguidos por los trabajadores. Hay, sobre todo, que ponerse a crear, en positivo, un modelo alternativo de desarrollo.
Hoy, más que nunca, debemos encontrar cobijo en este Estado de Derecho en el que tantas ilusiones pusimos y que tanto está defraudando. Hoy más que nunca, nuestra Constitución debe ser un instrumento útil para la convivencia en igualdad de condiciones para todos y todas.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.