Sábado, 12 de diciembre.Los tres partidos del arco parlamentario aprobaron ayer, por unanimidad, una Proposición No de Ley (PNL) en la que confiaban en el futuro del Puerto de Arinaga. Esta PNL viene a responder al informe de la Intervención General del Estado que solicita la baja de esta infraestructura por su escasa actividad.
Así, esta PNL del Parlamento de Canarias insta a Gobierno de Canarias para que éste solicite al Gobierno de España a que, a través de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, se realicen las actuaciones oportunas para el impulso del Puerto de Arinaga dentro de su correspondiente plan de empresas. Además, insisten en que se mantenga la consideración contable del Puerto de Arinaga como un activo operativo.
Como proponente, la Diputada popular María del Mar Arévalo, explicó que con la PNL quieren transmitir su disconformidad "con estas manifestaciones que ligan el Puerto de Arinaga a la regasificadora". Lo que se intenta hacer ver, según explicó la Diputada del PP, es que el puerto tiene "un proyecto mucho más importante" con la Comarca de Sureste de Gran Canaria.
Además, Arévalo criticó la intención de la Intervención General del Estado de considerar los 75 millones de euros que ha costado el Puerto de Arinaga como una deuda, pues de hacerse así, "la Autoridad Portuaria debería declarar deudas y no podría ejecutar políticas como la anunciada bajada en las tasas portuarias".
A la nacionalista María del Mar Julios, le creó "cierta incertidumbre" el informe realizado por la Intervención General del Estado pidiendo dar de baja esta actividad. "Utilizando este informe, ha habido quejas de algún eurodiputado hablando del derroche que se realiza en los puertos de Canarias", añadió. Además, recordó que "el proyecto del puerto es anterior a la regasificadora". En ese aspecto, "es contradictorio que se lleve cinco años esperando por la declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente".
Por parte del PSC-PSOE, el Diputado Blas Trujillo también mostró su apoyo a esta instalación que "no es un soporte físico, sino el resultado de una necesidad ciudadana". Además, valoró que en las islas, "cuando se evalúa la relación coste-beneficio, no puede hacerse de la misma manera con un territorio continental que con uno insular".