Gobierno y Ayto. de Agüimes exigen a la Fiscalía de Menores que actúe ante los incidentes del domingo

Miércoles, 03 de febrero.

Canarias7

Los incidentes violentos del pasado domingo, entre vecinos de la Urbanización La Paz del Polígono Residencial de Arinaga y los menores inmigrantes no acompañados que residen en el dispositivo de emergencias de Arinaga, ha desatado la alarma y llenado de preocupación a las autoridades, que reconocen que no ha sido un incidente sin importancia.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias, tutor de los niños inmigrantes, y el Ayuntamiento de Agüimes exigen a la Fiscalía de Menores que actúe, ya que no es la primera vez que se produce este tipo de enfrentamientos, pero sí la más grave.

"Hemos insistido ante la Fiscalía de Menores que la situación es insostenible", explica el Alcalde de Agüimes, Antonio Morales. "Se trata de un grupo de seis jóvenes que distorsionan la convivencia en un entorno muy frágil", reconoce.

Morales destaca que, en general, los chicos del centro están perfectamente integrados en las escuelas y equipos de fútbol del municipio, pero que esos seis chicos de origen magrebí están creando mucha tensión.

"No es posible que se les denuncie por robos o tirones con violencia, y que a las dos horas estén en la calle riéndose de sus víctimas", sostiene el Alcalde de Agüimes. "No deberían estar en núcleos urbanos con total libertad, sino en un sitio adecuado para delincuentes reincidentes", añade. Sin embargo, indica Antonio Morales, "aún hay que aclarar si la pelea la iniciaron ellos o los chicos de la zona".

El Fiscal Jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, explica que no quiere entrar en polémicas con nadie y que respeta las opiniones de todos. Sin embargo, insiste en que "la ley es la ley, y lo que a uno le puede parecer un delito grave es, en realidad, una falta que apenas tiene consecuencias".

Por su parte, el Gobierno de Canarias reconoce que dentro del centro hay un grupo de seis chicos conflictivos que están "perfectamente identificados por la Fiscalía", según fuentes consultadas. La Directora General del Menor, Carmen Steinert, recuerda que en el centro conviven 54 chicos y que casi todos están perfectamente integrados. Además, insiste en que no le corresponde al Gobierno de Canarias tomar medidas correctivas, sino a la Fiscalía de Menores. "Es al juez o a la Fiscalía, si pide medidas cautelares, a quienes corresponde declarar los traslados de menores a un centro de medidas judiciales, no al ejecutivo canario", señala Steinert.

Fuentes de la ONG Mundo Nuevo, que se encarga de la gestión del centro, aseveran que había seis educadores al cuidado de los jóvenes y que hay vigilante de seguridad porque no es un centro de retención sino educativo. Por otro lado, indican que se está realizando una investigación interna para esclarecer el asunto.

Ante los acontecimientos del fin de semana, el Gobierno de Canarias ha decidido tomar algunas medidas en la zona para evitar que vuelvan a surgir conflictos. Así, el ejecutivo regional ha llegado a un acuerdo con la Guardia Civil para que incrementen la vigilancia, tanto en los alrededores del centro de menores como en la Urbanización La Paz.

Por otro lado, se han restringido todas las salidas a pie por el Cruce de Arinaga a los menores inmigrantes y también se ha reforzado el número de monitores, a pesar de que ya de por sí se superaba la ratio. En el momento del incidente, se encontraban en el centro seis monitores de Mundo Nuevo, atendiendo a 54 niños, cuando la legislación exige un monitor por cada diez jóvenes.

La Dirección General del Menor recuerda que carece de poder de castigo o coercitivo contra los menores inmigrantes y que, su única misión, es educarles, así como atenderles lo mejor posible. Al mismo tiempo, insiste que es la Fiscalía de Menores la que ha de tomar medidas en los casos de conflictos.