Martes, 20 de abril.Antonio Morales*
Hace apenas una semana, compartía con ustedes una reflexión sobre la terrible situación por la que atraviesa, en estos momentos, un sector importante de nuestra sociedad (paro, pobreza, inseguridad, miedo, desconfianza…), mientras los partidos políticos más significativos nos trasladan cada día, a modo de permanente campaña electoral, su lucha continua por el poder, que llega a la opinión pública en forma de incesantes descalificaciones y de incapacidad para ponerse de acuerdo en encontrar soluciones y alternativas a la dura realidad. Comentaba en el texto al que me refiero cómo, además del drama de la crisis y sus secuelas, la corrupción se ha hecho presente con especial virulencia en la política y los negocios, propiciando un peligroso desafecto y una preocupante desconfianza de los ciudadanos hacia la política y sus representantes como demuestran los estudios del CIS, de Transparencia Internacional, del Barómetro Global de la Corrupción, etc…
No podemos pasar por alto, sin más, los datos del CIS y mirar para otro lado como si no sucediera nada, y por eso, esta segunda entrega sobre un asunto (el desapego ciudadano) que me parece de especial calado porque, poco a poco, está minando la credibilidad en la política y lo que es peor aún, en la democracia y en sus instituciones. No es casualidad que la ciudadanía de este país cuestione y valore negativamente a los partidos políticos (herméticos, alejados de la sociedad, poco democráticos, financiados irregularmente); a los empresarios, a los que se considera cómplices en el juego de poderes de los partidos a los que, en muchas ocasiones, financian de manera irregular para obtener suculentas prebendas, convirtiéndose en estos casos en el auténtico poder; a los medios de comunicación, cada vez más correa de transmisión de grupos e intereses económicos; y a una justicia mediatizada y controlada por los partidos políticos que eligen a su antojo a los miembros de sus órganos más importantes (CGPJ, TS, TC), lo que acaba pasando factura.
No podemos pasar por alto, sin más, los datos del CIS y mirar para otro lado como si no sucediera nada, y por eso, esta segunda entrega sobre un asunto (el desapego ciudadano) que me parece de especial calado porque, poco a poco, está minando la credibilidad en la política y lo que es peor aún, en la democracia y en sus instituciones. No es casualidad que la ciudadanía de este país cuestione y valore negativamente a los partidos políticos (herméticos, alejados de la sociedad, poco democráticos, financiados irregularmente); a los empresarios, a los que se considera cómplices en el juego de poderes de los partidos a los que, en muchas ocasiones, financian de manera irregular para obtener suculentas prebendas, convirtiéndose en estos casos en el auténtico poder; a los medios de comunicación, cada vez más correa de transmisión de grupos e intereses económicos; y a una justicia mediatizada y controlada por los partidos políticos que eligen a su antojo a los miembros de sus órganos más importantes (CGPJ, TS, TC), lo que acaba pasando factura.
Y mientras todo esto sucede y se agrava por la presencia contumaz de la corrupción en el día a día, los partidos políticos, sobre todo los dos grandes partidos que se han instalado en el bipartidismo frustrante, aunque en este caso el protagonismo y la irresponsabilidad es del PP, lejos de plantearse una reflexión seria y rigurosa sobre lo que está sucediendo, se enrocan en posiciones frentistas intentando fidelizar a sus votantes sin medir las consecuencias. Por eso no le importa al partido de Rajoy, lo hace sin ningún tipo de escrúpulos cuando se ha visto desbordado por la corrupción, aventar la porquería sembrando dudas sobre la policía (de la que dicen que fabrica informes falsos para hacerles daño) o sobre los jueces (el ataque a Garzón por el caso Gürtel es paradigmático) o, más recientemente, sobre otros políticos como Bono, abriendo brechas más profundas con la sociedad y provocando la desconfianza o el rechazo de la mayoría, que se aleja de las urnas o desprecia de manera generalizada a la política y a los políticos. Y es aquí donde aparece el auténtico peligro sobre el que quiero insistir en las siguientes líneas: el desafecto de los ciudadanos como antesala de la quiebra del sistema democrático; de la negación de lo público y de la capacidad de una sociedad para tomar las riendas de su destino, lo que abriría las puertas a la aparición de salvapatrias de distinto calibre.
No cabe la menor duda que, como señala el profesor José Miguel Onaindia, "la sucesión de hechos de corrupción como algo habitual en nuestra realidad, son la fuente principal de la iniquidad social y del deficiente ejercicio de nuestros derechos". Para el filósofo mexicano Carlos Perea, "cuando una población deja de confiar en las instituciones democráticas, siempre hay algún "dictadorzuelo" esperando en la puerta de las ciudades azotadas por la desconfianza". Es lo mismo que nos dice el profesor Mario Resnik: "La sensación dominante en la sociedad parece ser la de que el fenómeno (de la corrupción) no conoce límites, especialmente en sectores socialmente relevantes. Esta convicción tiene un efecto negativo para el funcionamiento del sistema. Está a un paso de convertirse en un anestésico que finalmente concluya en el desmoronamiento del régimen democrático". Y es ahí donde está el auténtico y el grave problema.
Para el filósofo Federico Mihura Seeber, en su trabajo "La ética y la política", para el poder económico "el bien social será un sistema en que no se ejercite autoridad política alguna; o en todo caso, en que el papel de la autoridad quede reducida al mínimo necesario y que la clase política, intrínsecamente corrompida según sus afirmaciones, fuera reducida a un coto de apestados lo más inocuo posible. Privados en todo lo posible de poder". Ignacio Urquizu, sociólogo de la UCM, afirma que "uno sabe más de cómo funciona el Congreso y los partidos que de cuáles son las tripas del BBVA. Hay que tener cuidado, porque si la política es el problema, ¿cuál es la solución? ¿Un general? ¿Un golpe de Estado?". Efectivamente, el alejamiento de los ciudadanos, unido al objetivo principal del neoliberalismo de vaciar el Estado (no es casualidad el que desde 2006 hasta ahora el número de democracias en el mundo haya bajado de 123 a 116), nos puede llevar, a menos que lo impidamos, a una situación de difícil retorno a la credibilidad, a la participación ciudadana y a la constitución de un auténtico marco democrático de libertades y derechos ciudadanos.
Según Victor Pérez-Díaz, Presidente de Analistas Socio-Políticos, la desconexión entre la clase política y la ciudadanía es responsabilidad de ambas: "Pensar en ello podría darnos una inyección de optimismo, y poner a prueba si tenemos cabeza y corazón para enfrentarnos a la realidad". Y es que, insisto, no depende de nadie más que de nosotros mismos. Como dice Santos Juliá, en el caso de los corruptos se debería "suscitar, en quienes los han elegido, un clamor de protesta porque, en efecto, el daño es profundo y afecta a los fundamentos mismos de nuestra democracia". Ahora más que nunca, la ciudadanía debe pasar a la acción, ocupar la calle y las urnas para hacer posible otra realidad.
Para Mihura Seeber, "la repuesta al problema no es que la política deba tener ésta o aquélla moral, sino esta otra: la política es moral. La política es ética ella misma. No es una actividad que, teniendo éstas o aquellas exigencias prácticas, deba además ser ética, sino que ella misma es una parte de la ética", y cita a Aristóteles, que dice que "porque superior al hombre que es capaz de hacer el bien a sí mismo y a sus allegados, es el que es capaz de hacerlo a los otros y a la ciudad, al Estado".
La política y la democracia son imprescindibles y los que se aprovechan de ellas deben pagarlo ante la justicia y ante las urnas. Y debe ser el poder de decisión de los ciudadanos el que transforme en profundidad el modelo socioeconómico tomando parte activa en la política y en la calle. Todo menos aceptar lo que escribía José María Marco el pasado 15 de febrero en La Razón: "Nuestra historia sugiere que cuando se llega a esto, los españoles añoran, y casi siempre consiguen, un cirujano de hierro".
No cabe la menor duda que, como señala el profesor José Miguel Onaindia, "la sucesión de hechos de corrupción como algo habitual en nuestra realidad, son la fuente principal de la iniquidad social y del deficiente ejercicio de nuestros derechos". Para el filósofo mexicano Carlos Perea, "cuando una población deja de confiar en las instituciones democráticas, siempre hay algún "dictadorzuelo" esperando en la puerta de las ciudades azotadas por la desconfianza". Es lo mismo que nos dice el profesor Mario Resnik: "La sensación dominante en la sociedad parece ser la de que el fenómeno (de la corrupción) no conoce límites, especialmente en sectores socialmente relevantes. Esta convicción tiene un efecto negativo para el funcionamiento del sistema. Está a un paso de convertirse en un anestésico que finalmente concluya en el desmoronamiento del régimen democrático". Y es ahí donde está el auténtico y el grave problema.
Para el filósofo Federico Mihura Seeber, en su trabajo "La ética y la política", para el poder económico "el bien social será un sistema en que no se ejercite autoridad política alguna; o en todo caso, en que el papel de la autoridad quede reducida al mínimo necesario y que la clase política, intrínsecamente corrompida según sus afirmaciones, fuera reducida a un coto de apestados lo más inocuo posible. Privados en todo lo posible de poder". Ignacio Urquizu, sociólogo de la UCM, afirma que "uno sabe más de cómo funciona el Congreso y los partidos que de cuáles son las tripas del BBVA. Hay que tener cuidado, porque si la política es el problema, ¿cuál es la solución? ¿Un general? ¿Un golpe de Estado?". Efectivamente, el alejamiento de los ciudadanos, unido al objetivo principal del neoliberalismo de vaciar el Estado (no es casualidad el que desde 2006 hasta ahora el número de democracias en el mundo haya bajado de 123 a 116), nos puede llevar, a menos que lo impidamos, a una situación de difícil retorno a la credibilidad, a la participación ciudadana y a la constitución de un auténtico marco democrático de libertades y derechos ciudadanos.
Según Victor Pérez-Díaz, Presidente de Analistas Socio-Políticos, la desconexión entre la clase política y la ciudadanía es responsabilidad de ambas: "Pensar en ello podría darnos una inyección de optimismo, y poner a prueba si tenemos cabeza y corazón para enfrentarnos a la realidad". Y es que, insisto, no depende de nadie más que de nosotros mismos. Como dice Santos Juliá, en el caso de los corruptos se debería "suscitar, en quienes los han elegido, un clamor de protesta porque, en efecto, el daño es profundo y afecta a los fundamentos mismos de nuestra democracia". Ahora más que nunca, la ciudadanía debe pasar a la acción, ocupar la calle y las urnas para hacer posible otra realidad.
Para Mihura Seeber, "la repuesta al problema no es que la política deba tener ésta o aquélla moral, sino esta otra: la política es moral. La política es ética ella misma. No es una actividad que, teniendo éstas o aquellas exigencias prácticas, deba además ser ética, sino que ella misma es una parte de la ética", y cita a Aristóteles, que dice que "porque superior al hombre que es capaz de hacer el bien a sí mismo y a sus allegados, es el que es capaz de hacerlo a los otros y a la ciudad, al Estado".
La política y la democracia son imprescindibles y los que se aprovechan de ellas deben pagarlo ante la justicia y ante las urnas. Y debe ser el poder de decisión de los ciudadanos el que transforme en profundidad el modelo socioeconómico tomando parte activa en la política y en la calle. Todo menos aceptar lo que escribía José María Marco el pasado 15 de febrero en La Razón: "Nuestra historia sugiere que cuando se llega a esto, los españoles añoran, y casi siempre consiguen, un cirujano de hierro".
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
