Lunes, 24 de mayo.Xavier Aparici Gisbert*
La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria hace años que se decidió, en sus estrategias de desarrollo territorial, por una opción económica y ecológicamente sostenible: se dotaron de un Plan de Desarrollo Sostenible, el cual, gracias a su rigor analítico y su solvencia técnica, lleva recibidos varios premios de alcance internacional.
Las municipalidades de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía no iban desencaminadas. En nuestro ámbito geográfico, las energías solar, eólica, mareomotriz y geotérmica son abundantísimas y permitirían de sobra, iniciar el ciclo económico a partir de fuentes energéticas gratuitas, en vez de hacerlo desde las energías fósiles, de gravosa obtención, transporte y coste. Y las tecnologías que se emplean para su transformación en electricidad y calor, son también de menor coste que las equivalentes y al contrario que aquellas, ni desestructuran los yacimientos, ni producen emisiones contaminantes. Si además, tal como pretenden en el Sureste, la implantación estratégica de tecnologías sostenibles se lleva a cabo desde las instituciones públicas y con criterios de economía social, los esfuerzos inversores y las cargas de amortización de su puesta en funcionamiento resultarían perfectamente asumibles y ajustados, generando con prontitud un aumento notable de la riqueza general y del empleo en condiciones dignas.
Si esto es así, lo más adecuado sería, muy especialmente en Canarias, pero también donde sea factible en el resto del mundo, zafarse del descalabro social de las finanzas globales y de las amenazas medioambientales del cambio climático, la contaminación general y el colapso de ecosistemas, redirigiendo las políticas, las tecnológicas y las economías hacia el nuevo paradigma económico y ecológico de la sostenibilidad. Aquí la puesta en marcha del pionero diseño estratégico de la Mancomunidad -fácilmente extrapolable en sus ejes técnicos y sociales al conjunto del archipiélago- supondría el inicio de la solución a buena parte de los múltiples problemas que nos afectan y convertiría a Canarias en un referente mundial. Sin embargo, su aprobación administrativa, desde hace años, languidece sine díe, en los cajones de distintas dependencias del Cabildo Insular y del Gobierno Autonómico. Y esto, ¿por qué?
No nos engañemos: el desarrollo sostenible pretende conseguir la satisfacción de las necesidades de todas las generaciones presentes, lo cual, además de una cuestión económica y tecnológica, es sobre todo, un asunto político. Más aún, pretende llevar a cabo esta aspiración incluyendo los derechos de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, lo cual, resitúa la conciencia humanitaria en dos ámbitos inéditos: el del cuidado consciente de toda la humanidad presente y de los ecosistemas de nuestro entorno, y el de la solidaridad con los descendientes por llegar. Todo esto, evidentemente, se enfrenta a los intereses de los poderes fácticos que sacan provecho la situación tal como está. Y en Canarias, a lo que se ve, también colisionan con los intereses (¿?) de los poderes institucionales. Este es un claro y trágico ejemplo del tipo de actitudes y de prácticas que la ciudadanía canaria, con la que está cayendo, no deberíamos volver a consentir. No lo olvidemos para las próximas elecciones.
Las municipalidades de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía no iban desencaminadas. En nuestro ámbito geográfico, las energías solar, eólica, mareomotriz y geotérmica son abundantísimas y permitirían de sobra, iniciar el ciclo económico a partir de fuentes energéticas gratuitas, en vez de hacerlo desde las energías fósiles, de gravosa obtención, transporte y coste. Y las tecnologías que se emplean para su transformación en electricidad y calor, son también de menor coste que las equivalentes y al contrario que aquellas, ni desestructuran los yacimientos, ni producen emisiones contaminantes. Si además, tal como pretenden en el Sureste, la implantación estratégica de tecnologías sostenibles se lleva a cabo desde las instituciones públicas y con criterios de economía social, los esfuerzos inversores y las cargas de amortización de su puesta en funcionamiento resultarían perfectamente asumibles y ajustados, generando con prontitud un aumento notable de la riqueza general y del empleo en condiciones dignas.
Si esto es así, lo más adecuado sería, muy especialmente en Canarias, pero también donde sea factible en el resto del mundo, zafarse del descalabro social de las finanzas globales y de las amenazas medioambientales del cambio climático, la contaminación general y el colapso de ecosistemas, redirigiendo las políticas, las tecnológicas y las economías hacia el nuevo paradigma económico y ecológico de la sostenibilidad. Aquí la puesta en marcha del pionero diseño estratégico de la Mancomunidad -fácilmente extrapolable en sus ejes técnicos y sociales al conjunto del archipiélago- supondría el inicio de la solución a buena parte de los múltiples problemas que nos afectan y convertiría a Canarias en un referente mundial. Sin embargo, su aprobación administrativa, desde hace años, languidece sine díe, en los cajones de distintas dependencias del Cabildo Insular y del Gobierno Autonómico. Y esto, ¿por qué?
No nos engañemos: el desarrollo sostenible pretende conseguir la satisfacción de las necesidades de todas las generaciones presentes, lo cual, además de una cuestión económica y tecnológica, es sobre todo, un asunto político. Más aún, pretende llevar a cabo esta aspiración incluyendo los derechos de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, lo cual, resitúa la conciencia humanitaria en dos ámbitos inéditos: el del cuidado consciente de toda la humanidad presente y de los ecosistemas de nuestro entorno, y el de la solidaridad con los descendientes por llegar. Todo esto, evidentemente, se enfrenta a los intereses de los poderes fácticos que sacan provecho la situación tal como está. Y en Canarias, a lo que se ve, también colisionan con los intereses (¿?) de los poderes institucionales. Este es un claro y trágico ejemplo del tipo de actitudes y de prácticas que la ciudadanía canaria, con la que está cayendo, no deberíamos volver a consentir. No lo olvidemos para las próximas elecciones.
*Xavier Aparici Gisbert es filósofo y Secretario de la Asociación Redes Ciudadanas de Solidaridad.
