Jueves, 01 de julio.La Provincia
El estudio por parte del Ministerio de Industria de recortar las primas que concede a los productores de energías renovables (solar y eólica), en un porcentaje que oscila entre un 35% para la producida por los aerogeneradores y de entre un 20% y un 45% para la solar fotovoltaica y térmica, según fuentes consultadas, ha puesto en guardia al sector, que advierte de las graves consecuencias negativas para el desarrollo de estas fuentes energéticas.
En el Archipiélago, en el Plan Energético de Canarias (Pecan) 2006-2015 se prevé alcanzar un 30% de la generación eléctrica mediante fuentes de energías renovables, unas previsiones que podrían retrasarse si se ejecuta el recorte ministerial que, según los productores de energías limpias, frenaría el desarrollo de los nuevos parques eólicos y, si se aplica con retroactividad como temen, también sería un duro golpe económico a los ya instalados. En el caso de Gran Canaria, los datos que dispone Red Eléctrica de España (REE) señalan que el total de parques eólicos, entre los ya existentes y los 15 proyectos adjudicados en el último concurso eólico generarán 289.960 kilowatios, mientras que la potencia fotovoltaica se fija en 24.400 kilowatios.
El recorte de las primas a los parques eólicos y a las instalaciones fotovoltaicas de suelo y techo se califica, desde la Patronal Nacional de Energías Renovables (APPA), como un enorme daño financiero al sector, sobre todo si es con carácter retroactivo. Sin embargo, el Gobierno de España, ante la preocupación expresada por el Comisario de Energía de la Comisión Europea, Günther Oettinger, ante una medida que generaría incertidumbre a los inversores, ha desmentido que se aplique con retroactividad.
En Gran Canaria, esta preocupación también la comparten, tanto desde la Mancomunidad del Sureste, como empresarios del sector, quienes consideran que si el Estado también aplica con carácter retroactivo la reducción de las primas a los parques ya instalados, las consecuencias serán bastante graves.
Así, como apunta el promotor eólico Ernesto Pérez, la retroactividad no respeta el marco legal establecido y, por tanto, vulnera el principio de seguridad jurídica; generará desconfianza en los inversores, que podrían abandonar sus proyectos ante la incertidumbre; ahuyenta a las entidades financieras, que ya de por sí han endurecido sus condiciones de financiación a los inversores y alargará los plazos de devolución de los préstamos.
Los proyectos futuros, como los 15 adjudicados en el concurso eólico en la isla de Gran Canaria, sí se verán afectados con seguridad. Ello supondría la reducción drástica de la generación de empleos, se aumentará la dependencia energética de Canarias y, por tanto, el coste de generación de electricidad, y se dispararían las emisiones de CO2 y otros contaminantes.