Martes, 11 de enero.Antonio Morales*
Se nota que en Navidad, más allá de los turrones y las panderetas, las noticias que se producen no son muchas. No encuentro otra explicación a las portadas, editoriales y páginas y páginas que ha ocupado el debate sobre el aumento de las tarifas eléctricas en casi un 10% aprobado por el Gobierno a partir del día 01 de enero. Y no estoy diciendo con esto que no me parezca bien, más allá de la constatación del enorme "desconocimiento" generalizado sobre como funciona el cártel energético en España, sino que me extraña muchísimo que en los tres últimos años haya aumentado el recibo de la luz en casi un 50% y haya pasado casi desapercibido y ahora, de repente, se forme un revuelo; salvo que sea para justificar la posición de Unesa (la patronal eléctrica) y la decisión de un Gobierno cada vez más débil y entregado, como parece a juzgar por la mayoría de la información que se nos ha trasladado.
Desde el año 2005 vengo escribiendo, el CCPC acaba de editarme un libro ("Nos faltan luces. Reflexiones sobre un nuevo modelo energético") sobre el comportamiento irregular de las eléctricas españolas, y los continuos aumentos de tarifas, con la connivencia de los gobiernos de turno. Durante estos años he podido profundizar e informarme sobre el sector eléctrico español, en manos de un lobby (en el que participan incluso gobiernos extranjeros) que controla las decisiones que toman los poderes públicos y que grava duramente el bolsillo de los ciudadanos, para alcanzar, año tras año, unos beneficios multimillonarios y escandalosos a costa del erario público y las economías de las pymes y los hogares españoles, que ven como sus facturas se sitúan por encima de la media europea.
Para entrar de lleno en el tema, debo decir que el famoso déficit tarifario que intenta justificar estos aumentos continuos por la deuda, los intereses y la amortización que generan en los bancos (que no es casualidad, también participan en su gran mayoría en el accionariado de las eléctricas) es absolutamente artificial, porque el precio de la electricidad lo tasan ellas mismas en una especie de subasta fraudulenta trimestral (pool) que deja fuera los pingües beneficios de las nucleares (el PSOE les ha alargado la vida con un gratis total) y las hidroeléctricas (Alvarez Cascos les amplió la concesión, gratis total también, en 75 años), las dos ya amortizadas y produciéndoles limpiamente 4.400 millones de euros según la CNE (los windfall profits) que no se tienen en cuenta para el déficit tarifario y que son ganancias libres de polvo y paja.
Y todo tiene su origen en el año 1996, cuando José María Aznar procedió a la privatización de la energía obviando la liberalización y la libre competencia, según el Tribunal de Cuentas con "actuaciones no acordes con los procedimientos establecidos". Es más, el susodicho se inventó un fondo para ellas de Costes de Transición a la Competencia por el que recibieron 12.000 millones de euros, que tienen que leerse en billones de pesetas, que nunca devolvieron y que hemos pagado todos. Más adelante su ministro Rato les abre la vía del déficit eléctrico en un intento de obviar un aumento de las tarifas, lo que provoca una deuda, "amañada" y reconocida, con intereses cuantiosos. Y más adelante, ellos mismos ingenian, con la aquiescencia gubernamental, un artificio contable consistente en generar cuentas y aplicaciones tarifarias paralelas con la producción, la distribución y comercialización de la electricidad. Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.
A lo largo de todos estos años de ejercicio de la más dura privatización en régimen de oligopolio se suceden riadas de anomalías y de ilegalidades a las que nadie se ha atrevido a poner coto. Joan Clos, ex alcalde de Barcelona y ex ministro de Industria, reconocía ante su equipo tras su cese que "Don Quijote y Sancho Panza se han enfrentado a gigantes en el sector eléctrico y por eso nos tenemos que ir todos". La Comisaria Europea de Competencia, Noeelie Kroes, repitió en distintas ocasiones que "hay que investigar a fondo el mercado de la energía, porque las empresas están abusando, por usar una palabra diplomática". También Almunia más tarde afirmó que iba a hacer lo posible para evitar maniobras especulativas. La CNE española ha demandado al Gobierno, sin que se le preste el menor asunto, para que se pusieran en marcha "medidas para regular los precios que se forman en el mercado mayorista (pool)" porque es ahí donde se producen las trampas y el déficit artificial y fullero. La Comisión Nacional de la Competencia les ha abierto en repetidas ocasiones expedientes sancionadores, que terminan siendo irrisorios, por prácticas fraudulentas y timadoras a la hora de obviar la competencia y fijar tarifas engañosamente altas.
Paralelamente ponen en marcha campañas embaucadoras, alentadas por sustanciosas inversiones en publicidad en los medios de comunicación (la más reciente es una campaña de once millones de euros de Endesa para vendernos una "actitud azul" y que valoran mucho a las personas, pero también lo hace Iberdrola, recriminada por la CNE, para decirnos que apuestan por una "electricidad verde", y así una tras otra) donde cuestionan el valor y la producción de las energías renovables y sus primas, obviando que el gas o el carbón también reciben sustanciosas ayudas y que los ciclos combinados son más caros que las eólicas por ejemplo. Obviando los ahorros que producen en emisión de C02, en recursos sanitarios, en vidas humanas.
Cometen fraudes, falsean las tarifas, queman y queman fósiles porque ahí están sus nichos de negocio, disminuyen hasta el infinito el mantenimiento de las redes, lo que provoca importantes averías cada vez que caen tres gotas, y presionan a los gobiernos y los partidos, alguna vez se aclarará también la dependencia de algunos de su generosidad, y nos restriegan a la cara ganancias multimillonarias de billones de pesetas, de miles de millones de euros cada año, de un extraordinario comportamiento en Bolsa y de sustanciosas remuneraciones y premios de prejubilaciones y jubilaciones para sus ejecutivos. Así, Entrecanales, por estar 18 meses al frente de Endesa, cobró 9,6 millones de euros y Rafael Miranda se prejubiló con 19 millones de euros. También Manuel Pizarro, que cobraba casi cuatro millones de euros al año (casi cuatrocientos millones de pesetas) en Endesa, cuyo consejo de administración percibe 38 millones de euros anuales, se retiró con una paguita de 22 millones de euros. Antoni Brufau, de Repsol, se subió el sueldo en 2008, en plena crisis, hasta alcanzar la cifra de 4,2 millones de euros anuales, o Borja Prado, de Endesa, con una cuantía similar, o Sánchez Galán, de Iberdrola, que se embolsó el año pasado, se subió el sueldo un 40% en plena crisis, 8,35 millones de euros ( 5,3 de sueldos y 3 más por consecución de planes estratégicos…), pero los pobrecitos tienen déficits tarifarios y les importa un comino la situación de empobrecimiento de la sociedad española. Se trata de ganar más y más como sea y a costa de lo que sea. Se trata de una estafa organizada a la vista de todos, sin que los que tengan que actuar actúen, no en vano muchos de los que tendrían que fiscalizarlos terminan más tarde perteneciendo a los consejos de administración de estas empresas. O como ha sucedido con Felipe González que, de mediador en su día entre Gas Natural y el Gobierno, ha pasado a ser ahora miembro de su Consejo con un salario superior a los ciento veintitantos mil euros anuales, objetivos aparte.
Y luego va Sebastián en el colmo de la desvergüenza y le restriega a los españolitos que la subida es de poco más de un café y que poco puede hacer ante el aumento del precio de los combustibles fósiles, obviando la explicación a la renuncia a la apuesta por las renovables que había puesto a España a la vanguardia mundial y a por qué hay que subir la tarifa cuando sube el petróleo o el gas y nunca se baja cuando lo han hecho estos combustibles en los últimos años. Y espérense, porque esta no será la única subida de este año. Al medir contaremos.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
