Martes, 01 de marzo.Antonio Morales*
Las cifras del paro en España y en Canarias son tan tremendamente demoledoras que apenas permiten dar pie a la esperanza. Los datos son dolorosamente abrumadores y, desde luego, desmienten la justificación con la que se nos intentó defender una reforma laboral que al final no ha sido sino un penoso recorte de derechos laborales y sociales. En estos momentos, casi cinco millones de personas (más del 20% de la población activa) se encuentran desempleadas, y de ellas, más de dos millones son de larga duración; el 40% de los parados reside en hogares donde ninguno de sus miembros trabaja; los hogares con todos los activos en paro se acercan al millón y medio; dos de cada cinco parados viven en un hogar con todos sus miembros sin empleo; el paro entre los menores de 25 años supera ya el 42% (son casi un millón) y duplica la media de la Unión Europea; la tasa de paro del principal perceptor de la familia se sitúa en un 13%; ocho millones de españoles padecen pobreza según Cáritas; uno de cada cuatro niños (24,1%) está en riesgo de pobreza relativa y con el 17,2% somos el segundo país de la OCDE con la tasa de pobreza infantil más alta.
En Canarias las cifras son aún peores. El número total de parados (314.400) representa un 29%, nueve puntos más que la media española; casi cien mil hogares tienen a todos sus miembros sin empleo, lo que alcanza la cifra de un 16% del total y más de setenta mil personas llevan al menos dos años intentando buscar trabajo. Y podríamos seguir y seguir aportando datos espeluznantes…
Mientras constatamos todo esto, vemos como la economía se sigue deteriorando inexorablemente sin que nadie sea capaz de poner sobre la mesa alternativa productiva alguna. Se siguen cerrando comercios (30.000 el año pasado); más de 60.000 autónomos se quedaron sin trabajo; los pensionistas han perdido igualmente poder adquisitivo, lo mismo que los funcionarios; se aumenta la edad de la jubilación y el período de años a cotizar y, al tiempo, vemos como aumenta la fiscalidad, disminuyen las ayudas sociales, se encarece la cesta de la compra en un 6% y sube el precio de la electricidad, de la ropa en un 15%, de la gasolina, de los transportes…
Para colmo de los despropósitos, BBVA Research nos dice que el empleo no crecerá en este país hasta el 2013, Zapatero reconoce que no será fácil reducir el paro juvenil y los dos grandes partidos del arco parlamentario escenifican cada día un pim, pam, pum, frustrante y paralizante.
Ante la dureza del dato de que un 8% de la población activa española, el equivalente a la tasa de paro de muchos países europeos, vive en hogares donde nadie trabaja, el propio Banco de España, uno de los juguetitos del sistema financiero, ha afirmado que la capacidad de protección adicional contra el desempleo que constituye el vínculo familiar es ahora mucho menor, lo que "hace más patente la urgencia de llevar a cabo las reformas necesarias para potenciar rápidamente la creación de empleo".
Pero frente a la obediencia ciega al BE, FMI y el sistema financiero y sus correveidiles cuando se trata de bajar sueldos, recortar pensiones, privatizar las cajas, sanear a la banca, realizar una reforma laboral cercenadora de derechos, etc., el Gobierno español, en estos días, acaba de apretar el acelerador de la obsesión por ser más neoliberal que nadie y ha suprimido de un plumazo la ayuda de 426 euros a los parados españoles. De un plumazo se elimina la única fuente de subsistencia de casi un millón de personas y cierra la posibilidad de acceder a ella a todos los que a partir de este momento dejen de percibir la prestación de desempleo. Como si fuera una gran cosa anuncian una ayuda de 400 euros por un máximo de seis meses a las personas que agoten la prestación, que se verán obligadas a realizar un programa de recualificación profesional para un modelo productivo alternativo que no existe, para una inserción imposible, que hasta ahora no ha servido para nada y que generará enormes dificultades adicionales a los desocupados que se tendrán que desplazar desde el lugar donde viven hacia otros sitios con los consiguientes gastos de transportes, de comida, etc. Y eso, en caso de que saliera adelante, pues ya andan las comunidades autónomas protestando porque sienten que les endilgan el muerto y que no hay ficha financiera para acometerlo.
Al mismo tiempo el Gobierno anuncia a bombo y platillo la persecución de la economía sumergida. Y no digo que esté mal, pero huele a demonización perversa de los parados, de los que ya han entrado en ese porcentaje del 20% en riesgo de pobreza o los casi nueve millones que ya pertenecen a ese colectivo (¡que no deben estar tan mal y están subsistiendo sin control alguno!). Hiede a acoso siniestro a los que buscan desesperadamente como sobrevivir y procurar la manutención de los suyos, frente a la aceptación cómplice de los paraísos fiscales, las SICAV, los fraudes fiscales, las especulaciones financieras, el saneamiento de la banca, etc.. Hieden a injusticia las enormes brechas sociales que se abren al constatar cómo la riqueza media de las familias ha caído un 6% frente al aumento en el mismo porcentaje de la renta de las familias más ricas o que la ganancia de los inversores en bolsa haya sido de casi tres mil millones de euros, o los miles y miles de millones de ganancias de las eléctricas, de la banca, de las telefónicas, etc..
Y es que los oropeles de los palacios les impide ver o sentir la realidad. Y no es demagogia. Es rabia, dolor e impotencia. Tendrían que estar sentados en el lugar de tantos alcaldes, responsables locales de servicios sociales y oenegés como Cáritas, para que puedan ver como cada vez hay más gente que no tiene para comer, para costear su alquiler, para comprar sus medicinas, para pagar el comedor de sus hijos, para vestirse; que enferman física o psicológicamente, lloran o se violentan impotentes ante el abandono al que los somete un sistema que habla de libertades y de igualdad, de democracia y de equidad y que no está sino abocando a sus hombres y mujeres a la peor de las corrupciones de la democracia: la exclusión social. El "no ser" del individuo roto, enajenado, sometido y atemorizado.
Ya Rousseau, en su "Discurso sobre la desigualdad", decía que "lo peor que le puede pasar a uno en su relación con los demás es que se encuentre a merced de otro". Daniel Innerarity nos dice que "el empleo es un lugar de reconocimiento social que garantiza, a la vez, la autonomía personal y la integración social". El artículo 35 de la Constitución Española dice que "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio (…) y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…"; la Declaración Universal de los Derechos Humanos incide también en el derecho al trabajo "y a la protección contra el desempleo"; la OIT establece que se debe garantizar a los asalariados mejorar su nivel de vida "por sus propios esfuerzos y que les garanticen el mantenimiento de un nivel mínimo de vida"; la Conferencia Mundial del Trabajo denunció en 1997 que "no existe peor tortura que el hambre, la miseria y la exclusión social…, situación que se agrava diariamente con el desempleo y el subempleo que constituyen las dimensiones más lacerantes de la denigración humana…"; el TUE también recoge por ley la exigencia "al pleno empleo y al progreso social". El Tribunal Constitucional español, en su sentencia 22/1981, de 02 de junio, establece que "el derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, supone también el derecho a un puesto de trabajo…". Todo esto no se puede convertir en normas abstractas susceptibles de interpretación, ni siquiera para los que discuten si los derechos sociales tienen defensa jurídica, o de difícil cumplimiento, aunque expertos como Peces-Barba defiendan que no se puede poner como norma algo que después no se puede defender, por lo que es mejor "que nos desembaracemos de una promesa incumplida y de imposible cumplimiento, de una rémora, justificada en el pasado, pero que hoy puede ser una auténtica hipocresía". Y es que no se trata sino de hipocresía, sobre todo la de aquellos que hacían de su credo político la defensa de un Estado del Bienestar hoy en bancarrota y que han claudicado y se han puesto al servicio de los mercados, deslegitimando al Estado. ¿Y los sindicatos? Algunos, cómplices de todo ésto, se entretienen defendiendo manifestaciones de policías y de bomberos para pedir más sueldo.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
Las cifras del paro en España y en Canarias son tan tremendamente demoledoras que apenas permiten dar pie a la esperanza. Los datos son dolorosamente abrumadores y, desde luego, desmienten la justificación con la que se nos intentó defender una reforma laboral que al final no ha sido sino un penoso recorte de derechos laborales y sociales. En estos momentos, casi cinco millones de personas (más del 20% de la población activa) se encuentran desempleadas, y de ellas, más de dos millones son de larga duración; el 40% de los parados reside en hogares donde ninguno de sus miembros trabaja; los hogares con todos los activos en paro se acercan al millón y medio; dos de cada cinco parados viven en un hogar con todos sus miembros sin empleo; el paro entre los menores de 25 años supera ya el 42% (son casi un millón) y duplica la media de la Unión Europea; la tasa de paro del principal perceptor de la familia se sitúa en un 13%; ocho millones de españoles padecen pobreza según Cáritas; uno de cada cuatro niños (24,1%) está en riesgo de pobreza relativa y con el 17,2% somos el segundo país de la OCDE con la tasa de pobreza infantil más alta.
En Canarias las cifras son aún peores. El número total de parados (314.400) representa un 29%, nueve puntos más que la media española; casi cien mil hogares tienen a todos sus miembros sin empleo, lo que alcanza la cifra de un 16% del total y más de setenta mil personas llevan al menos dos años intentando buscar trabajo. Y podríamos seguir y seguir aportando datos espeluznantes…
Mientras constatamos todo esto, vemos como la economía se sigue deteriorando inexorablemente sin que nadie sea capaz de poner sobre la mesa alternativa productiva alguna. Se siguen cerrando comercios (30.000 el año pasado); más de 60.000 autónomos se quedaron sin trabajo; los pensionistas han perdido igualmente poder adquisitivo, lo mismo que los funcionarios; se aumenta la edad de la jubilación y el período de años a cotizar y, al tiempo, vemos como aumenta la fiscalidad, disminuyen las ayudas sociales, se encarece la cesta de la compra en un 6% y sube el precio de la electricidad, de la ropa en un 15%, de la gasolina, de los transportes…
Para colmo de los despropósitos, BBVA Research nos dice que el empleo no crecerá en este país hasta el 2013, Zapatero reconoce que no será fácil reducir el paro juvenil y los dos grandes partidos del arco parlamentario escenifican cada día un pim, pam, pum, frustrante y paralizante.
Ante la dureza del dato de que un 8% de la población activa española, el equivalente a la tasa de paro de muchos países europeos, vive en hogares donde nadie trabaja, el propio Banco de España, uno de los juguetitos del sistema financiero, ha afirmado que la capacidad de protección adicional contra el desempleo que constituye el vínculo familiar es ahora mucho menor, lo que "hace más patente la urgencia de llevar a cabo las reformas necesarias para potenciar rápidamente la creación de empleo".
Pero frente a la obediencia ciega al BE, FMI y el sistema financiero y sus correveidiles cuando se trata de bajar sueldos, recortar pensiones, privatizar las cajas, sanear a la banca, realizar una reforma laboral cercenadora de derechos, etc., el Gobierno español, en estos días, acaba de apretar el acelerador de la obsesión por ser más neoliberal que nadie y ha suprimido de un plumazo la ayuda de 426 euros a los parados españoles. De un plumazo se elimina la única fuente de subsistencia de casi un millón de personas y cierra la posibilidad de acceder a ella a todos los que a partir de este momento dejen de percibir la prestación de desempleo. Como si fuera una gran cosa anuncian una ayuda de 400 euros por un máximo de seis meses a las personas que agoten la prestación, que se verán obligadas a realizar un programa de recualificación profesional para un modelo productivo alternativo que no existe, para una inserción imposible, que hasta ahora no ha servido para nada y que generará enormes dificultades adicionales a los desocupados que se tendrán que desplazar desde el lugar donde viven hacia otros sitios con los consiguientes gastos de transportes, de comida, etc. Y eso, en caso de que saliera adelante, pues ya andan las comunidades autónomas protestando porque sienten que les endilgan el muerto y que no hay ficha financiera para acometerlo.
Al mismo tiempo el Gobierno anuncia a bombo y platillo la persecución de la economía sumergida. Y no digo que esté mal, pero huele a demonización perversa de los parados, de los que ya han entrado en ese porcentaje del 20% en riesgo de pobreza o los casi nueve millones que ya pertenecen a ese colectivo (¡que no deben estar tan mal y están subsistiendo sin control alguno!). Hiede a acoso siniestro a los que buscan desesperadamente como sobrevivir y procurar la manutención de los suyos, frente a la aceptación cómplice de los paraísos fiscales, las SICAV, los fraudes fiscales, las especulaciones financieras, el saneamiento de la banca, etc.. Hieden a injusticia las enormes brechas sociales que se abren al constatar cómo la riqueza media de las familias ha caído un 6% frente al aumento en el mismo porcentaje de la renta de las familias más ricas o que la ganancia de los inversores en bolsa haya sido de casi tres mil millones de euros, o los miles y miles de millones de ganancias de las eléctricas, de la banca, de las telefónicas, etc..
Y es que los oropeles de los palacios les impide ver o sentir la realidad. Y no es demagogia. Es rabia, dolor e impotencia. Tendrían que estar sentados en el lugar de tantos alcaldes, responsables locales de servicios sociales y oenegés como Cáritas, para que puedan ver como cada vez hay más gente que no tiene para comer, para costear su alquiler, para comprar sus medicinas, para pagar el comedor de sus hijos, para vestirse; que enferman física o psicológicamente, lloran o se violentan impotentes ante el abandono al que los somete un sistema que habla de libertades y de igualdad, de democracia y de equidad y que no está sino abocando a sus hombres y mujeres a la peor de las corrupciones de la democracia: la exclusión social. El "no ser" del individuo roto, enajenado, sometido y atemorizado.
Ya Rousseau, en su "Discurso sobre la desigualdad", decía que "lo peor que le puede pasar a uno en su relación con los demás es que se encuentre a merced de otro". Daniel Innerarity nos dice que "el empleo es un lugar de reconocimiento social que garantiza, a la vez, la autonomía personal y la integración social". El artículo 35 de la Constitución Española dice que "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio (…) y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…"; la Declaración Universal de los Derechos Humanos incide también en el derecho al trabajo "y a la protección contra el desempleo"; la OIT establece que se debe garantizar a los asalariados mejorar su nivel de vida "por sus propios esfuerzos y que les garanticen el mantenimiento de un nivel mínimo de vida"; la Conferencia Mundial del Trabajo denunció en 1997 que "no existe peor tortura que el hambre, la miseria y la exclusión social…, situación que se agrava diariamente con el desempleo y el subempleo que constituyen las dimensiones más lacerantes de la denigración humana…"; el TUE también recoge por ley la exigencia "al pleno empleo y al progreso social". El Tribunal Constitucional español, en su sentencia 22/1981, de 02 de junio, establece que "el derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar, supone también el derecho a un puesto de trabajo…". Todo esto no se puede convertir en normas abstractas susceptibles de interpretación, ni siquiera para los que discuten si los derechos sociales tienen defensa jurídica, o de difícil cumplimiento, aunque expertos como Peces-Barba defiendan que no se puede poner como norma algo que después no se puede defender, por lo que es mejor "que nos desembaracemos de una promesa incumplida y de imposible cumplimiento, de una rémora, justificada en el pasado, pero que hoy puede ser una auténtica hipocresía". Y es que no se trata sino de hipocresía, sobre todo la de aquellos que hacían de su credo político la defensa de un Estado del Bienestar hoy en bancarrota y que han claudicado y se han puesto al servicio de los mercados, deslegitimando al Estado. ¿Y los sindicatos? Algunos, cómplices de todo ésto, se entretienen defendiendo manifestaciones de policías y de bomberos para pedir más sueldo.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
