La ProvinciaLos 19 municipios que forman parte del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se niegan de forma tajante a incrementar sus aportaciones económicas a ese cuerpo de bomberos y varios alcaldes, incluso, se plantean abandonarlo porque las cuotas que pagan no compensan los servicios que reciben.
El intento de cobrar 2.140 euros por la búsqueda de un enfermo de Alzheimer que había desaparecido de su casa y la reclamación de 600 euros a una persona que había caído al mar en unos acantilados de Arucas, ha reavivido la polémica sobre el funcionamiento del Consorcio.
El Alcalde de Firgas, Manuel Báez, indignado por estos dos casos que afectan a vecinos de su municipio y que fueron destapados por el periódico La Provincia, ha manifestado que, "en la primera reunión del Consorcio que se celebre va a exigir que se supriman las tasas a las víctimas de los accidentes".
La reclamación de Báez es compartida por el resto de alcaldes de la isla. Todos los regidores consultados rechazan que se cobren tasas por llamadas de urgencia o cuando el servicio es activado por el teléfono de emergencias 1-1-2. Aunque no son partidarios de la eliminación total de las tasas a los particulares, sí consideran que sólo se deben cobrar cuando las puedan cubrir los seguros de los accidentados o cuando la salida de los bomberos se realiza por una conducta imprudente.
El cobro de las tasas, sin embargo, es sólo uno de los problemas que atraviesa el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. La mayoría de los ayuntamientos rechazaron en febrero el último convenio y advirtieron que no están dispuestos a incrementar su aportación en los próximos años. El convenio se salvó con los votos del Cabildo de Gran Canaria, delegados en la consejera Encarna Galván, y de los ayuntamientos socialistas de Arucas, Teror y La Aldea. En contra votaron el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de Nueva Canarias, Partido Popular y Coalición Canaria. Por su parte, Santa María de Guía e Ingenio se abstuvieron.
Tras esa ruptura interna, los municipios buscan soluciones alternativas. La Mancomunidad del Sureste, formada por Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, ha encargado un informe sobre la posibilidad de asumir directamente el servicio de bomberos. Oscar Hernández, consejero del Cabildo de Gran Canaria y concejal del Ayuntamiento de Agüimes, ve el problema desde los dos bandos y asegura que los tres municipios del Sureste "se ahorrarían hasta la mitad de lo que pagan ahora al Consorcio".
El Alcalde de Santa Brígida, Lucas Bravo de Laguna, reconoce que también se está planteando abandonar el Consorcio si no se corrige el sistema de cuotas. Y como Santa Brígida, los demás ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que no están obligados por ley a tener un cuerpo de bomberos.