Gacan asegura que sin las regasificadoras, el Estado acabaría con la ayuda a la luz

Miércoles, 21 de diciembre.

La Provincia
La historia del gas en Canarias es todo un culebrón con visos de no tener final. Detractores y partidarios siguen, 22 años después, dando la batalla. La planta regasificadora en Tenerife, ubicada en Granadilla, va más avanzada y a falta sólo de la autorización administrativa del Ministerio de Industria, lo que permitiría el inicio de las obras a mediados del año 2012. En cambio, en Gran Canaria su ubicación sigue sin definirse y ya avisa el Presidente de Gascan, Miguel Becerra (en la imagen), que de no llevarse adelante los proyectos regasificadores, el Estado podría dejar de subvencionar el recibo de la luz en las islas, a lo que viene históricamente obligado por la ley del REF, en tanto que no cumple con la planificación energética.
Todo comenzó con la reforma del Plan Energético de Canarias (Pecan) de 1989, que abría las puertas a plantas de ciclo combinado en las dos principales islas y a la instalación de dos regasificadoras a fin de reducir la contaminación. Ésta fue la primera vez que en España se habló de usar gas natural para generación eléctrica. No sucedió nada en diez años porque no había reconocimiento normativo del Estado en el plan energético nacional para las inversiones de esta índole, hasta que en 1999, el Gobierno de Canarias promueve la constitución de Gascan, con el entonces consejero regional de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, a la cabeza, junto con Endesa.
Si bien en un primer momento tenían presencia también las cajas de ahorros, éstas se apartaron para dar paso a doce empresarios de Gran Canaria y de Tenerife, que constituyeron Regional Canaria de Energías. Durante esa década el Ministerio empezó a reconocer las centrales de ciclo combinado que utilizan gas como combustible. La transportista de gas de las islas es la encargada de almacenarlo, no compra ni vende, y el precio por acumularlo está regulado por el Estado. Gascan arrancó su actividad en 2002 y comenzó a elaborar los proyectos para las declaraciones de impacto ambiental en los lugares que iban a acoger las dos plantas regasificadoras, cada una de ellas con una inversión de 271 millones de euros.
El Ministerio de Medio Ambiente emitió informe favorable de impacto ambiental en 2007 a la de Granadilla, cuyo puerto, infraestructura obligatoria que debe acompañar a las regasificadoras, está en construcción. En Arinaga, la oposición férrea por parte del Ayuntamiento de Agüimes y la Mancomunidad del Sureste ha frenado al resto de las administraciones a tomar una decisión, además de que habría que ampliar también el puerto.
El Cabildo de Gran Canaria debe redactar el Plan Territorial Especial de Hidrocarburos para fijar el lugar del gas. El Gobierno regional cambió la Ley del Sector Eléctrico de Canarias para poder saltarse la licencia municipal y obligar al municipio a aceptar la planta aplicando el interés general.
Frente a la posibilidad de que se llegue a imponer la planta en Arinaga, el Alcalde de Agüimes, Antonio Morales, agotaría todas las medidas jurídicas para "impedirlo".