19 de abril de 2012

Bravo de Laguna recuerda a Paulino Rivero que el Gobierno de Canarias no ha cumplido con el Auditorio de Agüimes

Jueves, 19 de abril.

El Presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha exigido al Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que los recortes que el Ejecutivo regional aplique a las partidas que destina a las administraciones insulares "sean equilibrados entre todas las islas y que todos los cabildos tengan un tratamiento similar", y le ha propuesto buscar un "sistema de compensación".
Rivero mantuvo ayer una reunión con Bravo de Laguna en Las Palmas de Gran Canaria, en la que abordaron el escenario planteado por el Gobierno de Canarias, derivado de los recortes estipulados en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la incidencia que estos tendrán en el Cabildo de Gran Canaria.
El presidente insular, que fue el único que compareció ante los medios de comunicación tras el encuentro, destacó la "buena relación" que mantiene con Rivero, que se vio reflejado en un "encuentro cordial. No ganamos nada abroncándonos y teniendo enfrentamientos; naturalmente podemos tener discrepancias, pero hoy, más que nunca, soy partidario del diálogo y el entendimiento", dijo.
Bravo de Laguna trasladó a Rivero una relación de deudas pendientes en materia de Cultura, que ascienden a más de nueve millones de euros, debido a una serie de convenios que el Gobierno de Canarias "no ha cumplido". Se trata de unas 10 obras, como el Auditorio de Agüimes, para el que el Gobierno de Canarias tenía que aportar 1,4 millones de euros, indicó.
Por este motivo insistió en la necesidad de buscar un sistema de compensación. Algo que, según dijo, Rivero "va a estudiar", aunque admitió que "no hemos llegado a un acuerdo específico, se lo he planteado y a él le ha parecido razonable. No supone un compromiso en firme", apostilló.
En referencia al sistema de compensación, explicó que se centra en las partidas ingresadas por exceso desde el Gobierno de Canarias a los cabildos en los años 2009 y 2010, que cuentan con un periodo de devolución de 10 años, y las deudas que la administración regional mantiene con las instituciones insulares.