Martes, 17 de abril.
Antonio Morales*
Uno de los efectos perversos de esta terrible crisis que estamos viviendo es
la creciente desigualdad en la distribución de la renta que se está colando en
nuestra sociedad. Sin ningún género de dudas, los ricos se están haciendo más
ricos y los pobres y las clases medias están empobreciéndose y perdiendo poder
adquisitivo, hasta el punto de que no deja de aumentar cada día la bolsa de
parados (que ha superado los cinco millones, de los cuales más de un millón y
medio no cobran prestaciones) y no deja de crecer el número de hogares
españoles cuya economía se sitúa por debajo del umbral de la pobreza (casi un
tercio del total). En los últimos años la diferencia se ha agrandado de una
manera brutal, propiciándose de esta manera la creación de una élite económica
muy poderosa que decide definitivamente sobre el orden social, la economía y la
política.
Lejos de activar mecanismos de solidaridad encaminados a corregir la
situación, como los impuestos a los que más tienen y ganan, el ultraliberalismo
integrista que domina el mundo no cesa de propiciar el escapismo y el
descontrol del dinero a modo y manera de las políticas de Thatcher y Reagan que
hicieron descender, en su época y con sus prácticas neoliberales, la fiscalidad
sobre los ricos en más de 40 puntos. Mientras no se cesa de poner en marcha
ajustes y recortes que cuestionan el Estado de derecho, el Estado de bienestar,
la Justicia
social, la equidad y la igualdad, un ejército de delincuentes habituales en
forma de deportistas de élite, artistas, banqueros y grandes empresarios, que
en ocasiones hasta consiguen cual dioses elevarse a los altares, utilizan todas
las artimañas posibles para evadir impuestos de infinitas maneras.
Los últimos datos que conocemos de España son auténticamente definitorios.
El año pasado, el Fiscal General del Estado, Conde-Pumpido, nos advertía que los
delitos contra la
Hacienda Pública y la Seguridad Social
se habían incrementado en un 40%, y por las mismas fechas, Francia nos descubría
que más de 3.000 fortunas españolas tenían una cuenta en Suiza. Pero claro,
todo eso es pecata minuta. La realidad es que a través de recursos legales, más
o menos legales o claramente ilegales en forma de fundaciones, paraísos
fiscales, deslocalizaciones, sociedades patrimoniales, sicav, facturas falsas,
argucias empresariales…, etc., cada año se dejan de ingresar al fisco miles y
miles de millones de euros. Según el Sindicato de Técnicos del ministerio de
Hacienda, España es el tercer país más defraudador de la UE, con un 23,3% de su PIB.
Mientras el 71% de la evasión (44.000 millones de euros) la cometen las grandes
fortunas y las grandes empresas, el ministerio "dedica el 80% de la plantilla
(28.000 funcionarios frente a los 140.000 de Francia o los 150.000 de Gran
Bretaña) a la comprobación e investigación de los pequeños fraudes e
irregularidades de autónomos, pequeñas empresas y de algún trabajador que haya
olvidado alguna partida en su declaración". Según los técnicos de Hacienda, el
principal problema de la economía española es el profundo descenso de los
ingresos tributarios y el fraude fiscal y calculan una reducción de más de
50.000 millones de ingresos por este concepto. Según el investigador en fraude
fiscal Friedrich Schneider en un estudio realizado sobre España en 2009, "la
erradicación de la economía sumergida supondría un aumento del PIB superior a
los 200.000 millones de euros".
Para el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el 82% de las
empresas del Ibex (Santander, BBVA, Endesa, Repsol, Iberdrola, Gas Natural,
Inditex, etc), acude a paraísos fiscales para reducir sus impuestos y entre
todas ellas cuentan, en 27 países, con 272 filiales ocultas a Hacienda. También
la
Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) ha
denunciado que los beneficios de las grandes sociedades españolas tributan
mucho menos que un mileurista, por la ausencia de límites en la deducciones, y
urge, afirman, abordar la reforma del Impuesto de Sociedades si se quiere
garantizar el cumplimiento de los objetivos del déficit.
Y hay casos sintomáticos, claro. Resulta curioso ver en la lista de las
empresas que se pasean por los paraísos fiscales a las eléctricas y petroleras
españolas que se quejan de que soportan un déficit tarifario que tenemos que
pagar todos los españoles con un aumento continuo del recibo de la luz; o a
Zara que se ahorra un buen fajo de impuestos al facturar sus ventas en Internet
desde Irlanda o al ínclito Emilio Botín, que aplaude a rabiar cada una de las
medidas de ajustes y recortes de Rajoy y que pide más y más, ("las reformas son
duras pero imprescindibles") y que tenía como mínimo 2.000 millones de euros
ocultos en las cuentas suizas de HSBC…Y como Botín, vemos a muchos de ellos
pidiendo cada día más reformas, menos impuestos, menos administración, menos
servicios públicos…
Un informe de la OCDE
de diciembre del año pasado señalaba a España como uno de los países europeos
donde más se nota el incremento de las desigualdades sociales debido a la
pérdida generalizada del empleo y llamaba a la creación de puestos de trabajo,
a la potenciación de la educación, la sanidad y los servicios sociales "gratuitos y de calidad" y aseveraba que, para garantizar todo esto "los
gobiernos podrían reexaminar la función redistributiva de los impuestos a fin
de velar porque los individuos más acaudalados satisfagan su parte
correspondiente". Es lo que hizo Obama en Estados Unidos poniendo en marcha la "tasa Buffett" que grava un 20% más a los millonarios para ahorrar tres
billones de euros y reducir el déficit al 2,3% en 2020, o lo que puso en marcha
Sarkozy en Francia o lo que planteó hace unas semanas Mario Monti: "Los
sacrificios tenemos que hacerlos todos. Es justo que no sólo paguen la crisis
los jubilados, sino también los ricos".
Pero eso solo pasa fuera. Aquí nos gusta ser más papistas que el papa. Nos
gusta ser más neoliberales que nadie y por eso Mariano Rajoy acaba de poner en
marcha una enorme y tremendamente injusta amnistía fiscal que solo favorece a
los más ricos y poco aporta a las arcas de un Estado que ya anda anunciando
recortes a la sanidad y a la educación. Desde el PP nos dijeron que no se
tocarían los impuestos ni se abarataría el despido y fue lo primero que
hicieron. Más tarde afirmaron que se podría tocar todo menos la sanidad y la
educación y ya andan anunciando otra cosa. Pero lo de ahora no tiene nombre: en
el año 2010 se atisbó una amnistía fiscal por parte del PSOE y Rajoy afirmó que
esa ocurrencia no la apoyaría su partido en ningún caso y María Dolores de
Cospedal puso el grito en cielo porque la consideraba "impresentable", "injusta" y "antisocial". "No es de recibo, decía, que a los que pagan se les
suban los impuestos y a los que defraudan se les perdone". Y no le falta razón,
pero lo han hecho. Han puesto en marcha una amnistía que permite repatriar
fondos de paraísos fiscales tributando al 8% previa exoneración de cualquier
responsabilidad penal. Como escribió Victoria Prego, el Gobierno se presta a
hacer "de perista del dinero negro y lo compra a precio de oro". Se premia de
una tacada a los defraudadores en una medida cuestionada por las asociaciones
judiciales y por eminentes juristas que dudan de su constitucionalidad, y se
obvia la ejecución de una política fiscal justa y equitativa que haga que pague
más quien más tiene para pagar, que ponga en valor la persecución del fraude y
del delito fiscal. Y para colmo, el Gobierno popular designa como número dos de
la Oficina de
Investigación del Fraude (ONIF) a Pilar Valiente, que tuvo que dejar la Comisión Nacional
del Mercado de Valores por su implicación en el "caso Gescartera". Para el
profesor de Economía Política Luigino Bruni cuando se produce una amnistía de
este tipo los comportamientos civilmente reprobables tienden a aumentar: "hay
una parte de los ciudadanos honrados pero decepcionados que cambia de
comportamiento, puesto que deja de incluir esos comportamientos ilícitos
condonados en el ámbito de la ética pública y los deberes cívicos, para
incluirlos en el ámbito del mercado, de los precios y de las mercancías". En
estos días la
Agencia Tributaria nos está llamando a todos a consultar y
confirmar nuestro borrador de la declaración de la renta 2011 ¿Lo haremos sin
chistar? Los inspectores de Hacienda creen que la amnistía "deslegitima al
Estado" y temen un derrumbe de la conciencia de los ciudadanos, pero me temo
que ya no nos queda conciencia ni para el derrumbe.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.