Jueves, 19 de abril.
Ayer se presentó en Madrid la Plataforma No a Nuestra Costa, una iniciativa puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF por la defensa de la Ley de Costas, ante los reiterados
intentos de reforma de la misma.
Para las casi 100 organizaciones que forman de momento la plataforma, entre las que se encuentra el Colectivo Sociocultural PicoViento de Cruce de Arinaga y Asociación Plataforma El Chorlitejo para la Defensa
del Litoral del Sureste de Gran Canaria, la Ley de Costas
es "una garantía para la conservación de los ecosistemas litorales, el uso
público en la costa y el freno a la especulación urbanística".
La Plataforma
está formada por decenas de organizaciones ecologistas, del sector social y
económico, y reúne a empresas de turismo activo y naturaleza, asociaciones de
vecinos del litoral, departamentos de diferentes universidades, la Asociación de Jueces
para la Democracia
(formada por más de 500 jueces), el Observatorio de Responsabilidad Social
Corporativa, el Foro de Turismo Responsable, ATTAC (Asociación por la Tasación de las
Transacciones Financieras y por la
Ayuda a los Ciudadanos), o sindicatos como UGT, CCOO o CGT,
entre otras.
No a Nuestra Costa desea convertirse en un movimiento ciudadano y
apartidista, "que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y
libre de nuestra costa, así como la conservación del litoral". La plataforma
insiste en que la aplicación correcta de la Ley de Costas "ha de conjugar la
conservación y el desarrollo económico".
Con la presentación de la
Plataforma, las organizaciones han lanzado también una
campaña de movilización ciudadana para que a título personal apoyen la validez
de la actual Ley de Costas en www.noanuestracosta.org
La entrada en vigor de la Ley
de Costas, en 1988, avanzó en la conservación de los recursos naturales. Se
establecieron claros límites al proceso de desfiguración de la costa (iniciado
hace 60 años), haciendo patente el uso público de la costa para todos los
ciudadanos que recoge el artículo 132 de la Constitución
española. Además, salvaguarda los derechos legítimos de particulares y
empresas, dando un plazo de 30 años, que termina en 2018, y prorrogables otros
30 más para buscar otra ubicación al gran número de industrias altamente
contaminantes que se asientan en la costa.
En dos décadas, la costa "ha perdido una superficie similar a ocho
campos de fútbol cada día. Una costa mal conservada nos cuesta
miles de millones de euros cada año, dinero público que se destina a la
restauración de paseos marítimos, playas, infraestructuras costeras y al control
de vertidos en una espiral de gasto sin fin", subraya la plataforma en un
comunicado.
Desde la plataforma se considera que la aplicación de la Ley de Costas tiene que ser
"estricta, sin rebajas, eliminando las construcciones ilegales y
compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión administrativa
(estudiando caso por caso). Una reforma de la Ley de Costas, en los términos planteados por el
Gobierno, donde solo unos pocos se verían favorecidos, implicaría un enorme
coste que pagaríamos todos con el dinero de nuestros impuestos".
"La mejor política que se debe realizar es favorecer la conservación
del entorno. El respeto a los procesos ecológicos no es un freno al progreso,
sino el camino para salir de la crisis", concluye.