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| Imagen de archivo de una manifestación de empleados públicos de Agüimes |
Tras la constitución, el pasado mes de julio, de la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de Empleados-as Públicos, las organizaciones que la integran mantuvieron a principios de agosto una reunión para concretar las acciones y movilizaciones que se promoverán durante los próximos meses y que afectarán al conjunto del Estado.
Con la asistencia del Area Pública de CCOO, las federaciones equivalentes de UGT, CSI-F, USO, CGT, Intersindical y CIG, los sindicatos de sanidad CESM, SATSE y USAE, el sindicato de enseñanza ANPE, sindicatos profesionales como S-Libre, STAJ, GESTHA y las asociaciones profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad SUP, UFP y CEP del Cuerpo Nacional de Policía, AUGC, UniónGC y AEGC de la Guardia Civil, se acordó continuar con la campaña de movilización durante el mes de septiembre.
En este sentido, la plataforma acuerda:
1.- Impulsar en las comunidades autónomas la constitución de plataformas similares.
2.- Independientemente del calendario propio de las movilizaciones de la plataforma, se continuarán apoyando las acciones que se están realizando en los diferentes territorios y sectores del ámbito público.
3.- Plantear un calendario de movilizaciones, coordinadas en todo el Estado, que se desarrollarán desde septiembre y que, entre otras acciones, se realizarán de forma continuada y semanalmente, movilizaciones en los diferentes sectores (sanidad, educación, seguridad, justicia, administración y servicios, etc.) y que confluirá en una primera jornada de lucha de todo el sector público para el 12 de septiembre.
El resto de movilizaciones, que se mantendrán mientras los diferentes gobiernos continúen aplicando recortes indiscriminados, se analizarán y valorarán en la próxima reunión de la plataforma, prevista para el día 04 de septiembre.
4.-Elaborar un documento con medidas alternativas que la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de Empleados-as Públicos propondrá para evitar el recorte de derechos de los ciudadanos y de las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicos y que, sin embargo, puedan generar mayores ingresos y un ahorro sostenible en la economía nacional.
5.- Por último, se acuerda realizar campañas para mejorar la imagen de los empleados y empleadas públicos ante la ciudadanía, contrarrestando la estrategia que, intencionadamente, pretende desprestigiar a los servicios públicos, y que no es otra que preparar el camino a la privatización de los mismos.