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| José Miguel Bravo de Laguna, en una imagen de archivo |
La Provincia
Los planes para instalar una planta de gas en Gran Canaria se han atascado
en el Cabildo y aún habrá que esperar más de un año, en los cálculos más
optimistas, para decidir la ubicación.
El Presidente del Cabildo de Gran Canaria,
José Miguel Bravo de Laguna, declaró esta semana que "hay dificultades de
carácter técnico" que están retrasando la adjudicación del proyecto para
elaborar el Plan de Hidrocarburos, el documento que fijará el modelo de
instalación y el lugar.
Bravo de Laguna rehuyó dar una nueva fecha para la aprobación del Plan de
Hidrocarburos y admitió que fue "muy optimista" al anunciar, a
finales del año pasado, que en seis meses se decidiría la ubicación de la
regasificadora. El Ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, también
se comprometió a rebajar ese plazo a tres meses.
Pese al interés mostrado por el nuevo grupo del gobierno del PP y el
CCN, no
solo no se ha avanzado nada en la tramitación, sino que el Cabildo de
Gran Canaria no podrá
utilizar el trabajo realizado por el anterior equipo redactor y debe
empezar de
cero. Una vez que adjudique la redacción del proyecto a una nueva
empresa, la corporación insular tendrá que cumplir los trámites de los
planes territoriales, que
habitualmente se prolongan más de 18 meses por la obligación de
someterlos a
exposición pública.
Bravo de Laguna anunció que se intentará acelerar "lo máximo posible
porque el gas es sumamente importante para la diversificación energética y para
el desarrollo económico de Gran Canaria", pero relajó el lenguaje sobre la
urgencia de la obra. "Si hemos vivido hasta ahora sin el gas, podemos
seguir esperando unos meses más", apuntó .
El estancamiento burocrático de la planta regasificadora se une al retraso
en el inicio de las obras de la central hidroeléctrica de Chira-Soria, esta vez
por diferencias tarifarias entre el Ministerio de Industria y la empresa
adjudicataria, Endesa.
Al respecto, el Presidente del Cabildo de Gran Canaria ha reclamado un
acuerdo entre ambas partes para desbloquear el proyecto de las presas, que
proporcionará alrededor del 25% de la energía eléctrica que se consume en la
isla.