Martes, 11 de diciembre.
Antonio Morales*
En un momento de la lucha encarnizada en contra
del terrorismo de ETA, el Gobierno de Felipe González cayó en la
tentación de coger atajos resbaladizos para bordear la Constitución y el
ordenamiento jurídico y atacar, al margen de la ley, a la organización
terrorista. La rabia y la impotencia ante tanta muerte sin sentido, abrió
en algunos círculos corrientes de simpatía hacia esa guerra subterránea
en la que participaban políticos, los servicios secretos, la policía y
la guardia civil. Afortunadamente, aunque en muchos casos se tuvo el
impulso de justificar aquellas prácticas, funcionó la sensatez de la
mayoría y el Estado de Derecho y se puso fin a unos hechos que iban
adquiriendo una deriva peligrosísima.
En estos días de claudicación de la política y de quebranto de la
autonomía de las instituciones ante los sistemas financieros, que están
generando pobreza y pérdida de derechos y libertades democráticas, el
Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido también andar por senderos
obscuros, pero esta vez para controlar y atemorizar a una ciudadanía a
la que se está arrinconando contra las cuerdas de la desesperación y que
podría perder la actitud de resignación que ha asumido y la convicción
de que las movilizaciones sociales no sirven para nada.
A eso, y solo a eso, se debe el intento de implantar y amparar unas
prácticas políticas y policiales que generan miedo e inseguridad
calculada. La planificada y reiterada decisión de indultar, por dos
veces consecutivas, a cuatro Mossos d´Esquadra, acusados de tortura,
supone un claro apoyo a prácticas ilegales ejercidas contra los
ciudadanos. En un gesto inusual, más de doscientos jueces (entre ellos
los miembros del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez y Perfecto Andrés
Ibáñez) firmaron un manifiesto contundente en contra, advirtiendo del
ataque al orden constitucional y a la dignidad humana por parte del
Gobierno del PP. Pero esta decisión no es sino la punta del iceberg. Las
declaraciones del jefe superior de la Policía del País Valencià (con el
aplauso del presidente Fabra) exculpando la represión policial contra
los estudiantes de esa comunidad a principios de año y negándose a
desvelar el número de agentes participantes en las cargas porque “no es
prudente revelarle (datos) al enemigo”, evidenciaban una concepción
militarista y bélica que casa muy poco con una policía civil y
democrática.
Pero hay más. La contundencia con la que se está actuando en las
manifestaciones públicas más visibles como las de Madrid o Barcelona
(con niños golpeados, personas tuertas, agresiones a periodistas,
entrada brutal en la Estación de Atocha disparando balas de goma, etc)
no es fruto de la causalidad. El Sindicato Unificado de la Policía ha
salido en dos ocasiones a la palestra para denunciar estas prácticas y
advertir que, si se continúa así, España se situará más cerca de la
policía franquista que de la democrática. A principios de noviembre, este
sindicato revelaba que los antidisturbios reciben órdenes para que sean
más contundentes en sus actuaciones y llegó a sugerir que el gobierno
está buscando un “muerto, ya sea policía o ciudadano”, para distraer la
atención y justificar mayor dureza hacia los que protestan por los
recortes. Hace unos días, este mismo sindicato policial denunciaba que
los mandos instruyen a las unidades antidisturbios, al tiempo que las
acusan de blandas, para disparar balas de goma contra los ciudadanos,
apuntando a zonas peligrosas y obviando que desde 1990 han hecho perder
un ojo a 23 personas y matado a otra con sus usos indiscriminados.
Poco a poco se van endureciendo las leyes contra los que se
manifiestan para ejercer su derecho democrático, se legisla para impedir
que los medios de comunicación y los ciudadanos puedan realizar
documentos gráficos de las cargas policiales y, como nos informaba El
Mundo a finales de octubre, se aumenta en un 1.780% (se multiplica en un
18,8%) el gasto en material antidisturbios y de protección y defensa
para la policía mientras se recortan por todos lados los gastos
sociales. Se genera miedo y alarma social y se va institucionalizando un
modelo policial de control, modos autoritarios y recortes de derechos
civiles como predijo Orwell a principios del siglo pasado. Y se obvia
claramente el artículo 104 de la Constitución que señala que “las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno,
tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
El General de División de la Guardia Civil y doctor en Ciencias
Políticas, Gonzalo Jar Couselo, ya nos advirtió en "El papel de la policía
en una sociedad democrática" (Revista Española de Investigaciones
Sociológicas) que muchas veces se corre el riesgo de que se acabe
imponiendo siempre la idea militar de la eliminación física del enemigo
sobre la moderna idea policial de prevención del delito y captura del
delincuente: “frente a las tesis más conservadoras que prefieren la
injusticia al desorden, hay que reclamar la existencia de garantías que
permitan conciliar justicia y orden”. Y cita a Ortega y Gasset, que
consideraba que el orden “no es una presión que desde fuera se ejerce
sobre la sociedad, sino un equilibrio que se suscita en su interior”.
También hace referencia a A. Gil-Robles, que afirmaba que, a veces, se
trata de crear un clima social de inquietud en virtud del cual el
principio de seguridad ciudadana dañe o haga desaparecer el de libertad
individual, advirtiendo que “los ciudadanos no pueden quedar inermes
ante los errores o posibles abusos de las Fuerzas de Seguridad”. Lo que
no es deseable en ningún caso, es una policía al margen de la sociedad,
que es la que debe modelar el aparato policial. Cualquier limitación al
control social de las Fuerzas del Orden Público termina en una
potenciación del Estado policía. Diego López Garrido ("El aparato
policial en España". Ariel) afirma que la estabilidad de un sistema
político depende en buena medida de lo que se denomina “fidelidad a la
policía” y que, además, dependiendo de la conducta que observe respecto
del ciudadano, puede ser un importante medio de integración o
desintegración social.
Como escribía hace unos días en El País Adolfo García Ortega ("El
estallido que viene") desde el Gobierno están preparando el control del
hartazgo social que hoy se manifiesta en las calles a través de los
sanitarios, los profesores, los jueces, los funcionarios, los parados….
“Nos están preparando para esto, para aceptar sin violencia estas duras
condiciones, y para que nos parezcan una necesidad inevitable. No de
otro modo se entiende la gran presión que sufren las clases medias, una
auténtica incertidumbre social, y la brutal represión de todas las
manifestaciones de protesta con el fin de atemorizar. Es decir, se está
controlando el estallido”.
La tentación autoritaria de hacer efectivo el Estado policía no es,
en modo alguno, una hipótesis indeterminada. Ignacio Ramonet se
preguntaba en Le Monde Diplomatique qué pasará cuando los ciudadanos de
Europa se den cuenta de que los sacrificios a los que nos están
sometiendo no sirven para nada y que no se atisbe el final de esta
crisis: “¿Qué niveles de violencia alcanzará la protesta? ¿Cómo se
mantendrá el orden en la economía, en las mentes y en las calles? ¿Se
establecerá una triple alianza entre el poder económico, el poder
mediático y el poder militar? ¿Se convertirán las democracias europeas
en democracias autoritarias?” Sin duda, nos quedan muchas cosas que
decir y que hacer para evitarlo.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.