5 de diciembre de 2012

Roque Aguayro muestra su más rotundo rechazo a la medida del gobierno del PP de no actualizar las pagas de los pensionistas

Miércoles, 05 de diciembre.

Imagen de un jubilado en un parque de la península
Roque Aguayro muestra su más rotundo rechazo a la última medida adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy de no actualizar con el IPC las pagas de los jubilados españoles, que pierden así poder adquisitivo.
Mintiendo una vez más, “si algo no tocaré serán las pensiones, porque el jubilado es el más indefenso y no tiene una segunda oportunidad”, el Presidente del Gobierno de España acaba de dar un nuevo hachazo a los jubilados españoles al no pagarles la desviación de la inflación en 2012.
En menos de un año, la merma del poder adquisitivo de las pensiones es mayor que la que se produjo en las dos legislaturas anteriores.
Como siempre, y con la excusa de que no existe otra opción, son las capas populares los más perjudicados. Otro paso más en el empobrecimiento de la población en general y de la de este sector en particular, que ya se ha visto afectado gravemente por el copago farmaceútico.
Esta medida arrastrará aún más a la exclusión social y a la pobreza a muchas familias que se refugiaban de la crisis y el paro en las pensiones de sus mayores. Hasta ahora, este colchón familiar ayudaba a paliar la situación de muchos hogares y a liberarlos de los servicios sociales y comedores asistenciales que verán incrementarse las demandas de ayudas.
En Canarias, esta decisión afectará a 271.000 pensionistas, que dejarán de percibir 27 millones de euros en total en 2013.
Para colmo, el presidente Rajoy se niega a dar la cara y comparecer ante el Parlamento para explicar el por qué de este nuevo incumplimiento y el por qué de este ataque a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
De nuevo, otro viernes de dolor que nos trae una medida cruel e injusta, que se suma a la reforma laboral, subida de impuestos, copago farmaceútico, amnistía fiscal para los defraudadores, recortes en sanidad, educación y servicios sociales, tasas judiciales arbitrarias, etc.