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| La Presidenta de Acavite, Lucía Jiménez, en una imagen de archivo |
La Presidenta de la Asociación
Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), la agüimense Lucía Jiménez, recordó la pasada semana que Canarias “sigue siendo la única comunidad que no cuenta con una ley
específica” para los afectados por esta lacra y declaró que este archipiélago
“debe poner en valor de una vez la sangre derramada por sus hijos”.
Acavite es una asociación que
incluye a poco menos de 400 canarios, de los que “cien ya han sido reconocidos
como víctimas del terrorismo y otras 289 están en ese proceso”.
De las mismas, la inmensa
mayoría fueron golpeados por la violencia desatada por el Frente Polisario en
el periodo que transcurre desde 1976 (cuando España abandona el Sahara
Occidental) hasta 1985, aunque también los hay de ETA e, incluso, del Movimiento
por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (Mpaiac).
Por lo que respecta al
reglamento llevado al Consejo de Ministros el pasado día 07 (y en cuya
elaboración se escuchó a la propia Acavite, entre otras asociaciones), Jiménez
celebró que al fin se impulse, tras más de año y medio de espera, pero contuvo su
euforia, ya que “hay que esperar a la letra pequeña”.
A este respecto, la responsable
de la asociación destacó que “será cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado cuando
sabremos si se recogen o no nuestras revindicaciones, que pasan por la
gratuidad escolar (que a su vez obligue a las comunidades autónomas con
competencias en Educación), la reserva de vivienda pública o de puestos de
trabajo, entre otros asuntos”.
Otra de las cuestiones en las
que Jiménez duda es que nada se aclara acerca de “la no prescriptibilidad de
los ataques terroristas, ya que si bien beneficia a nuestros asociados que se
mantenga la retroactividad ya fijada en la Ley [1 de enero de 1960], esperamos
que un estatuto para las víctimas impida que los asesinos eludan la acción de
la Justicia al prescribir sus delitos, así como se reconozca nuestro derecho a
la Justicia gratuita y a que se amplíe la condición de víctima hasta la segunda
línea de consanguinidad”.
El objetivo de Acavite es llevar hasta los tribunales
los casos que siguen sin resolverse, una característica muy común entre las
víctimas canarias del terrorismo por una serie de causas que, sin duda,
arrancan por el desinterés de los gobiernos de turno hasta hace pocos años. ¿Y por qué no hay en Canarias esa ley
de víctimas del terrorismo? “Nos lo prometieron en 2010; esperemos que
cumplan”, concluyó.