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| Acción de protesta del personal del ITC el pasado mes de octubre |
El comité de empresa del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha exigido la dimisión de la Consejera de Empleo e Industria del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, y del Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), Juan Ruiz Alzola, en respuesta al ultimátum lanzado por el ejecutivo regional de aceptar en tres días, a contar desde hoy, la división de la empresa pública o, en caso contrario, aplicar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a la mitad de la plantilla.
Los representantes del comité intercentros reclaman también la disolución del consejo de administración y de la dirección del ITC ante lo que consideran el desmantelamiento de la sociedad mercantil.
Según expresan los representantes de los trabajadores en un escrito que responde a la carta remitida el viernes por Luengo, "la solución ofrecida por la consejera supondrá la eliminación del ITC como instituto de I+D+i con implantación regional, la exclusión de la empresa pública del 65% de la plantilla (105 trabajadores), la totalidad del personal investigador, la eliminación de complementos salariales básicos, una reducción lineal de los salarios del 5% y la extinción absoluta del vigente convenio colectivo del ITC". Se trata, según el comité, "de la más burda agresión sufrida jamás por ningún sector de empleados públicos de Canarias".
La Consejería de Empleo e Industria del Gobierno de Canarias ofrece a 105 trabajadores del ITC, principalmente de los centros de Pozo Izquierdo y Agüimes, integrarse en la Fundación Parque Científico-Tecnológico, participada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, a cambio de preservar los puestos de trabajo, pero con condiciones relativas a sus salarios, complementos y otras retribuciones.
Por su parte, Francisca Luengo lamenta en un comunicado que el comité de empresa del ITC "prefiera un ERE antes que la propuesta que evita los despidos" planteada por la consejería y pide que se recapacite sobre ello, ya que el rechazo definitivo por la asamblea de trabajadores supondría aplicar el Expediente de Regulación de Empleo porque "la viabilidad del ITC es imposible a estas alturas".