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| Juzgado de Paz de Agüimes |
El Sector Nacional de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, ha remitido una carta al Ministro Alberto Ruiz Gallardón en la que le expresa su "sorpresa e indignación" tras haberse descubierto las negociaciones secretas que mantenía con los registradores y la decisión de privatizar el Registro Civil.
En la misiva, el sindicato lamenta el desprecio del ministerio hacia las propuestas presentadas por el CSI-F y otros sindicatos y organizaciones, sobre las que no ha cursado, siquiera, el correspondiente acuse de recibo, así como por el engaño de negociar una reforma de tal calado para las condiciones de trabajo de miles de funcionarios de Justicia y por el engaño a los ciudadanos, pues "el cambio se va a realizar a costa de sus bolsillos".
Por último, CSI-F considera lamentable las últimas declaraciones del ministerio desmintiendo al Decano Presidente del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, en un grotesco ejercicio de "matar al mensajero" y volviendo a la "milonga" de que aún no hay nada decidido.
Asimismo, en su escrito se pide que los registradores rechacen asumir las funciones del Registro Civil y recuerda a Aguilera las condiciones que adoptaron en asamblea y el valor jurídico de sus acuerdos.
Igualmente, CSI-F ha solicitado una reunión con todos los grupos parlamentarios para explicar su posición y la actitud del ministerio, en un claro ataque a la profesionalidad de los funcionarios de Justicia, al señalar Ruiz Gallardón que el Registro Civil estará garantizado por los registradores, dando a entender que hasta ahora no lo estaba.
A este respecto, el escrito indica que la privatización del Registro Civil "supone un despilfarro de medios materiales (182 millones de euros en digitalización que se van a regalar y varios millones del sistema informático INFOREG, que se perderán), de experiencia y formación de los funcionarios de justicia y del potencial de éstos para asumir los retos de la necesaria modernización del Registro Civil".
Todo ello, añade, "supondrá la pérdida de servicios en miles de municipios españoles, un alejamiento del Registro Civil de las personas, que son su objeto, y un encarecimiento del servicio en beneficio no de todos los ciudadanos, sino de una minoría, en este caso, los registradores".
Por otra parte, CSI-F invita al resto de organizaciones sindicales y asociaciones de secretarios a aparcar diferencias y formar una plataforma en defensa del Registro Civil, pues "la situación es lo suficientemente grave como para que busquemos puntos de encuentro en esta materia y formemos un frente común contra la privatización del servicio como demostración de nuestra capacidad para asumir el reto de su necesaria modernización".
Por último, se hace un llamamiento a la concienciación de todos los funcionarios de Justicia sobre la trascendencia que, para sus condiciones de trabajo, va a suponer la privatización del servicio, afectando a los concursos de traslados, provocando despidos de interinos y movilidad forzosa de titulares, así como la restricción de la promoción interna, la devaluación de funciones y la pérdida de características esenciales, lo que abrirá la puerta a más cambios e imposiciones del estatuto jurídico.
