Fernando T. Romero*
Sin entrar en
disquisiciones filosóficas y reduciendo al mínimo la definición de las
concepciones ideológicas, podríamos decir que ser o sentirse de izquierdas
supone aspirar permanentemente al progreso social desde la lucha por la
igualdad, la solidaridad y la defensa de los más débiles.
Sin embargo, actualmente,
nada de eso se observa en Europa, donde se practica una política conservadora a
ultranza que aumenta las desigualdades y recorta los derechos.
A pesar de la propaganda
gubernamental, de sus voceros, de sus terminales mediáticas y de sus ejercicios
de autoestima (como la reciente convención del PP en Valladolid), las cosas no
mejoran para los ciudadanos. Y digan lo que digan, lo cierto es que estamos
mucho peor que en 2008.
Para confirmarlo, ahí
tenemos los datos recientes del tercer Observatorio de Seguimiento de la
Reforma Laboral (de carácter empresarial), que confirma que los salarios se han
reducido en un 10% de media, tras los dos años de su aplicación. Y esto, sin
contar los varios cientos de miles de desempleados que, en paralelo, esta
reforma ha provocado entre la ciudadanía. Y por si fuera poco, los datos del
paro registrado en las oficinas de Empleo del pasado mes de enero, añaden la
existencia de 113.000 desempleados más en este país.
¿Por qué, entonces, se
sigue insistiendo en la austeridad cuando se ha visto que no funciona? Está
claro, porque sirve para justificar más recortes y más desigualdad, que es lo
que pretende la derecha política. ¿Y la izquierda? Bien, gracias. Ni está ni se
le espera.
Todos recordamos todavía la
protesta social, hace pocas semanas, del barrio burgalés de Gamonal. Una
protesta que en principio no cabía esperar que tuviese mayores consecuencias.
Pero los ciudadanos (y no la izquierda) están llegando a tal punto de hartazgo
que, un episodio local como ése, generó un movimiento inesperado de simpatía,
apoyo y solidaridad en muchos otros lugares del país.
Esa crisis o revuelta
social nos hace pensar en la existencia de un malestar social acumulado durante
estos años de crisis económica. Este malestar, aunque generalizado, se ha
contenido; pero podría repetirse por cualquier otro hecho menor en el lugar
menos esperado del Estado.
Expresiones como “no nos
escuchan” y “gobiernan para los ricos” se están repitiendo en las últimas
concentraciones y manifestaciones y reflejan la percepción del gran alejamiento
que hay entre los ciudadanos y sus representantes. Además, esos eslóganes
manifiestan también una clara insatisfacción y la idea de que estamos siendo
engañados.
No en vano, en un reciente
informe sobre la desigualdad en el mundo publicado por Oxfam, la mayoría de la
población cree que las leyes y normativas actuales están concebidas para
beneficiar a los ricos. Y en España, ocho de cada diez personas están de
acuerdo con la mencionada afirmación.
No hay más que recordar el
conjunto de recortes (= ¿reformas?) en todos los ámbitos, llevados a cabo por
el actual gobierno del PP. No obstante, según ellos, los ciudadanos han
aplaudido sus “difíciles” decisiones porque las han considerado necesarias para
el país. Uno le diría al gobierno, una vez más, que miente descaradamente y que
no insulte de esa manera la inteligencia de los ciudadanos. Y le recordaría que
quienes han aplaudido, hasta con las orejas sus decisiones, han sido la troika
y los grandes empresarios y banqueros de este país, únicos verdaderos
beneficiarios de sus desmanes.
Pero, a pesar de todo, uno
piensa que la ciudadanía no manifiesta mayoritariamente un rechazo contra la
democracia, ya que la democracia como sistema político es exigido en casi todas
partes y no se duda de los principios y valores que representa. Sin embargo, es
la democracia real actual la que está en crisis: se cuestionan sus reglas, sus
instituciones y a muchas personas que las rigen.
En este sentido, pasan los
meses, los años y nada cambia en el escenario político para mejorar el evidente
desprestigio de las principales instituciones democráticas. Son pocos los que
utilizan y defienden las instituciones para lo que objetivamente fueron
concebidas. Por el contrario, muchos políticos, desde la Administración Local
hasta las altas instituciones del Estado, vienen asumiendo que la defensa de
las instituciones no son asunto suyo, sino competencia de los tribunales de
justicia.
Una buena parte de los políticos
se han acostumbrado a actuar a golpe de sentencias judiciales, olvidándose de
lo prioritario: la representación popular y sus responsabilidades y
obligaciones éticas contraídas con los ciudadanos que le votaron. Y luego se
quejan de la judicialización de la política, cuando son ellos mismos los que la
propician.
Últimamente, hasta el
popular y populista mundo del fútbol ha impartido lecciones de ética a los políticos:
Neymar es más decisivo que Bárcenas a la hora de provocar una dimisión. ¿Puede
caer más bajo la política?
Mientras tanto, ¿para cuándo
la reforma del Sistema Electoral General? ¿Y el control efectivo de la
financiación de los partidos? ¿Y la reforma o desaparición del Senado y de las
Diputaciones Provinciales? ¿Y para cuándo la eliminación de los privilegios
judiciales y laborales de los Diputados? ¿Y la legislación eficaz contra la
corrupción? Y si hay que cambiar la Constitución, ¿para cuándo? ...
Esos son, entre otros
muchos, algunos de los problemas que los ciudadanos demandan resolver a
nuestros políticos y son los que realmente beneficiarían a la democracia real
en nuestro país. Pero ellos rehúyen cobarde e interesadamente su resolución.
Sin embargo, eso sí, convierten casi en un problema de Estado el hecho de que
la Infanta vaya a los juzgados caminando o en coche. ¡Qué nivel!
Es lo que hay. ¿Nos
resignamos?
*Fernando T. Romero es miembro de la Mesa de Roque Aguayro.