Sábado, 8 de febrero.
Isabel Guerra*
En Gran Canaria hay 2.897 mayores a
la espera de una plaza de alto requerimiento, es decir, dependientes severos.
La media de espera por una cama es de dos años y medio. Muchas personas morirán
sin haber obtenido una plaza, aun teniendo el derecho a ella. Esto es,
sencillamente, inaceptable y muy duro para miles de familias.
Los recortes
sufridos desde que gobierna en España el Partido Popular no han hecho más que
ahondar en la problemática de nuestros mayores. La Ley de la promoción de la
autonomía personal y de la Dependencia, aprobada y laboriosamente elaborada por
los socialistas, ha dado un enorme paso atrás, con la paralización del gobierno
de Rajoy de los plazos de ejecución de la propia Ley, y con la escasa
financiación que destina el Estado a nuestros mayores.
Esta Ley exige
garantizar el Estado de Bienestar, y el derecho de las personas mayores a ser
atendidas en condiciones de Igualdad y seguridad. Por eso, el progreso y
buen desarrollo de esta Ley requiere de un liderazgo fuerte para la instalación
de la misma en nuestro Archipiélago, requiere de un compromiso y una actuación
conjunta de todos los poderes e instituciones públicas, ayuntamientos, cabildos
y organizaciones no gubernamentales.
Ese liderazgo también debe ser asumido
desde el Cabildo de Gran Canaria, ya que le compete la ejecución de los
convenios entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria en materia
de mayores y dentro del Plan de Mayores de Canarias. Por tanto, es competencia
de la Corporación insular diseñar y auspiciar un servicio que funcione y dé
garantías a las ciudadanos y los ciudadanos mayores de nuestra Isla.
Es
evidente que la situación de nuestros mayores en Canarias y, especialmente, en
Gran Canaria, está muy por debajo de la media española en cuanto a la
consecución de objetivos de la Ley. Los datos del Imserso hablan por sí solos.
Canarias es la comunidad autónoma con peores resultados del conjunto de España.
Esto supone que de cada 100 personas que presentan una solicitud para recibir
atención, sólo 27 la obtienen, estando la media nacional en 57 personas.
El
caos y colapso existentes en nuestra Comunidad Autónoma vienen dados por el
limbo de la dependencia (personas que ya están baremadas y que no se les presta
servicios), por la falta de un modelo homogéneo (residencias gestionando con
modelos privados, semipúblicos y públicos, con importantes déficit de
financiación), por la carencia de infraestructuras necesarias (falta de plazas
y falta de concertación publico privada para dar cobertura), por la falta de
financiación adecuada (convenios que no se ajustan a el precio plaza día), y
por las grandes listas de espera, que no registran apenas movimientos. La
situación es alarmante y evidencia un fracaso estrepitoso en nuestra comunidad
de la Ley de promoción de la autonomía personal y de la dependencia.
La
situación de los mayores en Gran Canaria que acuden al sistema de prestación de
servicios en materia de dependencia a través del Cabildo de Gran Canaria es
francamente lamentable. Existen en la actualidad dos listas de personas
baremadas, las listas del Instituto de Atención Social y Sociosanitario (IASS)
y las del Gobierno de Canarias, sin que hasta el momento se hayan puesto de
acuerdo para hacer una sola lista. El modelo de gestión es, por tanto, un
desacierto, ya que los datos no apuntan a una cobertura de esa demanda.
Residencias
gestionadas por ayuntamientos con unos déficit estrepitosos, y éstas, a
la vez, con fuentes de financiación distintas; residencias que reciben fondos
directamente del Gobierno de Canarias; residencias que reciben fondos del
Cabildo de Gran Canaria; residencia de mayores que en un mismo espacio son
gestionadas con personal del Gobierno de Canarias, con personal del IASS y
personal de empresas privadas, con diferentes sueldos y condiciones y, por
consiguiente, diferentes tratos a las personas mayores. Es un auténtico
caos.
Ese caos se evidencia también en que tenemos residencias gestionadas al
100% por empresas privadas directamente, sin ninguna intervención pública con
una concesión administrativa de 25 años, como la de Agüimes, cuyos trabajadores
llevan meses sin cobrar, fruto de una privatización. Por eso, en este caso, los
socialistas hemos pedido al Cabildo que recupere la gestión de esta residencia,
tan necesaria para nuestros mayores.
Pero la Residencia de Agüimes no es
la única que tiene problemas. En Gran Canaria hemos perdido la Residencia de
Firgas, la de Mogán y la de San Mateo. Faltan infraestructuras necesarias
para dar cobertura a las personas con grado de dependencia grande, que ven cómo
tienen que esperar a que muera una persona mayor para poder acceder a una
residencia de este tipo.
Ya desde el Cabildo, los socialistas hemos evidenciado
la necesidad de al menos contar en la Isla con dos centros comarcales que den
respuesta a las casi tres mil personas que esperan por una plaza. También hemos
dicho que otras soluciones a la carencia de plazas podrían ser incrementar la
teleasistencia, la ayuda a domicilio y los centros de día. Son insuficientes.
España
envejece a pasos agigantados, y Gran Canaria con ella. En este sentido, es
necesario fomentar políticas encaminadas a tener un envejecimiento activo.
Tenemos
que velar por que los mayores tengan en su última etapa servicios que ellos
mismo ayudaron a construir y que el Partido Popular ha ido minando, poco a
poco, en dos años. Esperemos que entre todas las instituciones se pueda buscar
una salida para dar respuesta a nuestros mayores en Gran Canaria y dejen de
esperar por una plaza.
*Isabel Guerra es Consejera del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria y responsable de las áreas de Servicios Sociales, Empleo, Igualdad y Medio Ambiente en la oposición.