Martes, 20 de mayo.
Antonio Morales*
“La gran comilona” (La grande
bouffe) es una película franco-italiana de principios de los setenta dirigida
por Marco Ferreri. Denostada en su día, y convertida hoy en objeto de culto, la
cinta narra la historia de cuatro amigos que se encierran para llevar a cabo un
suicidio gastronómico comiendo sin parar. Las interpretaciones que han hecho
los críticos sobre la trama, ideada por el propio Ferreri y Rafael Azcona, han
sido variadas, pero una gran parte ha coincidido en destacar que se trata de
una sátira-denuncia del capitalismo y de la sociedad de consumo que termina
destruyéndose a sí misma.
Fue la primera imagen que me vino
a la mente desde que tuve conocimiento del almuerzo organizado por Mariano
Rajoy para agasajar al Consejo Empresarial para la Competitividad, una suerte
de lobbie de poder e influencia al que pertenecen El Corte Inglés, Telefónica,
Repsol, Iberdrola, el Banco de Santander, Mango, Inditex, ACS, Caixabank, el
Grupo Planeta, Ferrovial, Mercadona, Mapfre y el BBVA, entre otros. Se ha
reunido ya dos veces con Rajoy y otras tantas con el Rey. Situado más allá de
la CEOE, el Consejo, que se autodenomina para la competitividad, aunque la
mayoría de los que lo conforman actúan casi en régimen de monopolio, presentó a
la opinión pública hace unos meses el informe “España, un país de oportunidades”,
una especie de panegírico neoliberal que alentaba al Gobierno a seguir con las
políticas de ajustes y recortes económicos, sociales y de derechos.
En plena campaña electoral, (“fue
una reunión necesaria en un momento necesario”), los empresarios “competitivos”
no vacilaron en escenificar sin pudor el poder de la plutocracia que dirige la
política y la economía del país. Se trataba de apurar hasta la ebriedad la
demostración de quiénes son los que verdaderamente toman las decisiones y cuáles
son los senderos por los que hay que transitar. Por eso pidieron al presidente
que “no frene el impulso reformista” y los “ajustes fiscales” y Botín no tuvo
reparos en afirmar que el motivo de su visita a Rajoy era felicitarlo “por lo
bien que lo está haciendo”.
Y cómo no lo va a estar haciendo
bien si es que, según asegura Vicente Clavero en el diario Público, los dueños
del Ibex son un 67% más ricos desde que gobierna el PP: “a finales del 2011, el
valor de las participaciones que tenían en empresas del Ibex apenas superaban
los 35.000 millones de euros. Hoy, ronda los 60.000 millones (diez billones de
las antiguas pesetas)”. Y les va de fábula, claro. Sus consejos de administración
ganan hoy un 18% más que en el 2007. Quizás sea por eso por lo que Ignacio Galán
(Iberdrola) ha cobrado en el último año 7,44 millones de euros; Pablo Isla
(Inditex) 6,35; César Alierta (Telefónica), 5,8; Rafael del Pino (Ferrovial),
5,3; Francisco González (BBVA), 5,2; Antonio Brufau (Repsol), 4,9 y Emilio Botín
(Santander), 3,5…
Hay que hacer recortes y ajustes,
pero a ellos no les afectan. Y además nos hacen trampas. Según el Observatorio
de Responsabilidad Social Corporativa, 33 de las 35 empresas españolas del Ibex
tienen 437 filiales en paraísos fiscales de Panamá, Islas Caimán, Bahamas,
Jersey, etc., y encabezan la lista, con 70 y 43 respectivamente, el Santander y
el BBVA. Se estima que la cantidad del capital eludido supera el PIB español. Y
encima, para lo poquito que dejan aquí tributan, según los técnicos de
Hacienda, menos del 3,5%. Y se valen para eso, entre otras cosas, de las Sicav
que son una especie de híbrido entre una sociedad anónima y un fondo de inversión
que permite diferir el pago de los impuestos de las ganancias para tributar el
1% frente al 30% del impuesto de sociedades que les correspondería.
Saben, también, cómo compensar
las buenas prácticas políticas encaminadas a mantener un sistema que les genera
una ingente productividad; que les confiere riqueza económica y también un
enorme poder político. Para eso manejan con singular destreza las puertas
giratorias que facilitan que altos cargos públicos se vean después muy bien
compensados. Es lo que ha sucedido con Rato, al que para premiar su “extraordinaria”
labor en Bankia lo acogieron en su seno primero el Santander, más tarde Telefónica
y ahora también Caixabank. Un auténtico chollo. Pero no es el único. Es la
misma senda por la que han transitado Undargarín en Telefónica, la Infanta
Cristina en La Caixa; Tocino, Matutes y Rodríguez Inciarte en el Santander;
Aznar, Solbes y Salgado en Endesa; Felipe González en Gas Natural y en otras
Acebes, Boyer, Ángeles Amador, Villar Mir, Croisssier, Pérez Llorca, Marín,
Marcelino Oreja y tantos otros, además de exsecretarios de Estado,
subsecretarios y directores generales. En ocasiones el camino es la inversa: el
Estado permite que altos cargos de la empresa privada ocupen puestos públicos
para intervenir en sectores en los que tienen intereses muy concretos. Por eso,
si hay que prolongar la vida de las nucleares a pesar del peligro, pues se
prolonga; si hay que rescatar autopistas (después de las elecciones) con dinero
público, se rescatan; si hay que salvar a la banca con el dinero de todos, se
salva; si hay que imponer el gas y parar las renovables para que las eléctricas
no pierdan la inversión que han hecho en ciclos combinados ruinosos, se impone…
Les va todo muy bien. Pero
quieren más. Y entonces algunas de estas empresas deslocalizan sus actividades
y recurren a países del tercer mundo para aprovecharse de la precariedad
laboral y los bajos salarios para aumentar sus ganancias y cuando se producen
accidentes como el del edificio Rana Plaza en Bangladesh, que se incendió y se
hundió produciendo más de mil víctimas mortales, sociedades como El Corte Inglés,
Inditex o Mango remolonean hasta un año después en su obligación de indemnizar
a los familiares de la víctimas.
Por eso España “es un país de
oportunidades” y todo va bien y todo se está haciendo perfectamente. Por eso la
recuperación de España solo la están percibiendo las élites políticas y económicas
que se benefician de esta situación y se exhiben sin pudor y con arrogancia.
Presumen de hacer posible una sociedad indeseable, que es como define Piketty a
una colectividad controlada por los ricos en lo económico, lo político y lo
sociocultural, tal y como señala J. Bradford Delong, ex secretario adjunto del
tesoro de EEUU. Da lo mismo entonces que cuatro millones de parados no estén
recibiendo ningún tipo de prestación y que sólo 1,9 millones de desempleados
tengan algún tipo de ayuda; que aumenten las bolsas de miseria; que seamos el
segundo país europeo en pobreza infantil; que estemos perdiendo derechos
sociales y laborales; que cedamos libertades públicas; que la corrupción se esté
enquistando en las entrañas del Estado facilitando el desafecto de la política;
que se esté propiciando el cuestionamiento de lo público y el descrédito de las
instituciones; que se ataque el estado de Bienestar porque demasiada igualdad
vuelve a los individuos ociosos y poco competitivos…
Van
sobrados y por ahora disfrutan sin problemas de esta gran comilona que les está
produciendo enormes ganancias y poder. No todo el tiempo los trabajadores y las
clases medias empobrecidas van a permanecer impávidos ante la quiebra de la
democracia y de su futuro. La ambición desmedida les puede llevar a la
destrucción a la que la bacanal de comida y sexo condujo a Marcello, Ugo,
Michel y Philippe, los protagonistas de “La grande bouffe".
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)