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| Usuarios de la Biblioteca Universitaria del Cruce de Arinaga |
La Asociación de Bibliotecarios de Gran Canaria (Abigranca), de la que forman parte los bibliotecarios de Agüimes, y los Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife (Probit) han mostrado en un comunicado conjunto su rechazo al Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado mes de agosto, por el que "se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por préstamos de sus obras que se realicen en deteminados establecimientos accesibles al público".
El gremio denuncia que, "en otras palabras, las bibliotecas pública, o mejor dicho, las instituciones de las que dependen, tendrán que pagar por los préstamos de libros en sus instalaciones".
Abigranca y Probit hacen hincapié en que las administraciones de las que dependen las bibliotecas son las "corporaciones locales, en la mayoría de los casos", por lo que "esta retribución saldrá de los exiguos presupuestos destinados a estos centros".
El nuevo canon establece una remuneración de 0,004 euros por el número de obras objeto de préstamo con derechos de autor, y de 0,05 euros por cada usuario inscrito que haya hecho uso efectivo del servicio de préstamo durante el año correspondiente, explica el comunicado.
Los profesionales de las bibliotecas públicas canarias aseguran que la principal consecuencia de esta medida será "que cada vez habrá menos recursos para el sostenimiento" de estas instalaciones. "Menos dinero para el mantenimiento, la mejora o la creación de nuevos centros, para la adquisición de novedades bibliográficas, para el desarrollo de planes de fomento de la lectura, para la realización de actividades culturales, etc.", añaden.
Consideran que este Real Decreto, a su vez, penaliza a las bibliotecas que mejor funcionan, ya que las que más préstamos tengan, afrontarán un mayor desembolso. Aseguran que es falso que el usuario no pagará este nuevo canon, ya que el dinero saldrá de los impuestos "de todos".
En el comunicado se recalca que este Real Decreto "es una transposición de una Directiva Europea de 2006 que obliga a los países de la UE a cobrar a las bibliotecas por préstamo de documentos. Difícilmente podemos compararnos con nuestros socios continentales ni en presupuesto, ni en instalaciones y mucho menos en hábitos lectores, aunque parece que sí tenemos que equipararnos en obligaciones".
Destacan, asimismo, la certeza de que "las bibliotecas no son una amenaza para los escritores, sino que colaboran con ellos divulgando y promocionando su trabajo con interesantes programas de animación y fomento de la lectura".
En el comunicado también se pone de manifiesto la mala situación que atraviesan las bibliotecas del Archipiélago. "Al brutal descenso del presupuesto que aporta el Estado", explican, se tiene que sumar "la exigua aportación del Gobierno de Canarias". Las islas están "por debajo de la media nacional en número de documentos por habitante, en adquisiciones por cada millar de habitantes y en índice de población lectora", aseguran.
Resaltan, a su vez, que Canarias es "la única comunidad autónoma que no dispone de legislación de ningún tipo en materia de bibliotecas".
