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| Antonio Morales y la Alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, durante el acto celebrado en Las Palmas de Gran Canaria (Foto: NC Santa Lucía) |
El Alcalde de Agüimes, Antonio Morales, participó ayer, junto a otros destacados miembros de Nueva Canarias, en el acto de declaración institucional en contra de las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol en aguas próximas a Canarias, y que ha sido firmada por numerosos representantes de instituciones y partidos políticas de las islas, con la excepción del Partido Popular.
En el acto, el Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, advirtió del riesgo de una "rebelión" del pueblo canario si el Gobierno de España "da la espalda al abuso" que ha supuesto la autorización de las prospecciones, y señaló que "queremos hacernos oír".
Rivero ha acusado al gobierno de "haberse parapetado tras los tribunales para impedir que los canarios se expresen" sobre las prospecciones petrolíferas en la consulta popular prevista para el día de ayer y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional, e insistió en que los sondeos "constituyen una agresión al interés y la voluntad mayoritaria de los canarios", que ha sido "planificada desde hace dos años".
El presidente canario considera que "no están enfrentados los intereses generales de España con los de Canarias" y que lo que hay sobre la mesa "es el choque frontal de los intereses de una multinacional con los intereses de los canarios". En este sentido, ha alertado también del daño que el sector turístico podría sufrir "por la codicia de Repsol, que cuenta con la complicidad de Gobierno de España".
Asimismo, anunció que el ejecutivo canario "seguirá luchando para frenar este abuso", al tiempo que advirtió que "Repsol y el Gobierno de España deben saber que no se puede construir un futuro al margen de quien ha de protagonizarlo".
La Declaración Institucional del 23 de Noviembre recuerda que la tramitación administrativa a Repsol "ha venido marcada por una fuerte contestación y rechazo a las prospecciones por parte de las instituciones y de la sociedad canaria" y hace referencia a "las dudas acerca de la compatibilidad de las prospecciones con la defensa de los valores medioambientales de la zona, que ha llevado a diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales a presentar recursos judiciales frente a las mismas".
Indica, de igual manera, que los ciudadanos canarios se han manifestado multitudinariamente en dos ocasiones contra de las prospecciones y la inmensa mayoría de las instituciones canarias han adoptado también acuerdos posicionándose expresamente en su contra.
La declaración es consecuencia del "silencio impuesto a la ciudadanía" y, con ella, los legítimos representantes de la inmensa mayoría de las instituciones canarias y cargos electos del Parlamento de Canarias, de las Cortes Generales y del Parlamento Europeo quieren expresar su postura "en tan simbólica fecha".
Los firmantes de la declaración manifiesta su más profundo rechazo a la injustificable oposición del Gobierno de España a que los canarios puedan manifestar directamente su opinión sobre asuntos que les conciernen a través de los mecanismos legales previstos al efecto y expresan "su firme y decidida oposición a las prospecciones petrolíferas que se están realizando en aguas canarias y a un modelo de desarrollo contrario a los valores de sostenibilidad a los que legítimamente aspira la sociedad canaria".
