Martes, 16 de diciembre.
Antonio Morales*
La tentación
totalitaria ha sido recurrente en muchos momentos de la democracia española de
después de la dictadura franquista. La utilización de las fuerzas policiales
para entablar una guerra sucia contra el terrorismo, la Ley de Seguridad
Ciudadana de 1992, más conocida como Ley Corcuera, y también llamada Ley de la
patada en la puerta, porque permitía la entrada en los domicilios sin orden
judicial, o las embestidas desesperadas de la última etapa de Aznar, utilizando
a la policía para acallar las voces que clamaban en la calle contra la guerra
de Irak, son algunos ejemplos notorios de la perversa atracción que sienten la
mayoría de los gobiernos españoles de utilizar a las fuerzas de orden público
como elementos de control social. La población empobrecida por la socialización
de las pérdidas, los jóvenes sin futuro o los discrepantes democráticos de
distinto signo suelen avivar sus ansias de someterlos con la excusa de
garantizar una "paz social" que no pretende otra cosa que apuntalar su
tranquilidad y su poder. Y para paralizar las disidencias potencialmente
peligrosas para las élites no se duda en ningún momento en echar mano de
aquellos medios materiales y humanos que deberían garantizar las libertades públicas.
Los manipulan y pervierten en su propio beneficio. Y se legisla entonces, desde la siembra previa del miedo, para conformar una nueva legalidad que se
levanta necesariamente sobre la pérdida de derechos y libertades fundamentales.
Se trata de vigilar para conseguir la docilidad-utilidad de los individuos tal
y como plantea Foucault. Se diseña un escenario legal, con la excusa de la
defensa de la seguridad, y con la complicidad de los poderes económicos
que necesitan sosiego que aliente el consumismo, para conseguir el mayor
dominio posible de la sociedad.
El Gobierno
de Mariano Rajoy no se ha librado en estos últimos tres años de esas ansias
absolutistas y en distintas ocasiones ha legislado en ese sentido
amparado en la mayoría absoluta parlamentaria del PP y tampoco ha dudado en
tomar atajos peligrosos para las libertades ciudadanas. La Ley de Protección de
la Seguridad Ciudadana (también conocida como la Ley mordaza), defendida por el
ministro Fernández y aprobada por el rodillo del PP en el Parlamento el jueves
pasado, recoge lo peor de las apetencias totalitarias de este ejecutivo. Vuelve
a insistir en las entradas y registros sin autorizaciones judiciales previas,
en identificaciones a la carta, en controles arbitrarios en la calle, en
crear listas negras de infractores, en sanciones elevadísimas para los
manifestantes y los organizadores de las manifestaciones, en dificultar los
recursos a las multas con tasas disuasorias carísimas, en castigar a los que
obstaculizaran los desahucios, en criminalizar las movilizaciones ciudadanas,
en la devolución en caliente de los inmigrantes… Los informes del Poder
Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, tratando de
anticonstitucional la norma, o de organizaciones como Amnistía Internacional han
conseguido suavizar mínimamente alguna propuesta aislada como la de crear
fuerzas de seguridad paralelas a través de las empresas privadas.
Desgraciadamente, la Ley mantiene casi todos sus postulados y sigue siendo
profundamente dura, reaccionaria y limitadora de libertades. Y eso que las
manifestaciones ciudadanas en la calle se han reducido en un 34% en los últimos
meses.
Pero no
acalla las aspiraciones totalitarias del Gobierno del PP. Hace un par de
semanas publiqué en este medio un artículo que titulé "Las cloacas del Estado", en
el que señalaba la utilización de los bajos fondos del Estado para acallar las
corruptelas de la familia Pujol cuando interesaba encorsetar las veleidades
soberanistas catalanas, y para aventarlas cuando interesa ahora combatirlas.
Citaba, además, una falsa información fabricada ex profeso desde los
alrededores del Ministerio del Interior, según distintas fuentes, para atacar
directamente al Alcalde de Barcelona, acusándolo de tener una cuenta en Andorra
de más de trece millones de euros. Pero la cosa tiene más enjundia. Según
Eldiario.es, desde el año 2012 una unidad secreta de la policía rastrea
información comprometedora de políticos independentistas catalanes blanqueando
sus resultados en los juzgados a través de la UDEF o filtrándolos a los medios
de comunicación en fechas claves para el movimiento separatista. Este grupo
operativo y secreto participó, según Maika Navarro, en Elperiódico.com, en las
grabaciones de Alicia Sánchez-Camacho y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola o
en la elaboración de informes sobre Oriol Junqueras o Carod-Rovira, entre
otros.
Como
escribió Vázquez Montalbán, si el Estado tiene sucios los bajos, acaba teniendo
sucio el cerebro. Será por eso por lo que el Consejo de Ministros del pasado
día cinco de diciembre aprobó el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que insiste en las mismas ansias antidemocráticas proponiendo la
incomunicación absoluta de los detenidos, que no podrán ni recibir la
asistencia de sus abogados, el control remoto de los ordenadores o la
intervención por la policía de los correos electrónicos, las llamadas
telefónicas y cualquier tipo de comunicación y las grabaciones de imágenes o de
audio que se precisen y por cualquier procedimiento que permitan las nuevas
tecnologías durante 24 horas y sin autorización judicial alguna. De paso
encorseta a la justica obligándola a cumplir plazos de seis meses en causas
ordinarias y dieciocho para los sumarios más complejos pero sin dotarla de más
medios humanos y materiales. Se confiere así el Gobierno una autoridad
desmedida que, sin los controles independientes necesarios, se convierte en un
instrumento de poder antidemocrático de primer orden. Será el Gobierno quien
decida a quién y de qué manera intervenir y una simple argumentación de
excepcionalidad y de calificación de especial gravedad le permitirá vigilar a
contrarios políticos, organizaciones sociales o ciudadanos de a pie, quebrando
el derecho constitucional que garantiza la confidencialidad en las
comunicaciones. De lo más democrático.
Con la
excusa de que "la seguridad es un requisito previo para la libertad", el PP
insiste una y otra vez en atacar a la línea de flotación de la democracia.
Pretende vendernos la renuncia a la seguridad constitucional, que garantiza los
derechos fundamentales, como coartada para aceptar una seguridad policial
domeñada.
Se diseña sin remilgos el dominio del
Gobierno sobre una parte de la policía que, sin ningún tipo de filtros,
amplifica sus acciones más allá del mantenimiento del orden y se convierte en
un instrumento de control de la ciudadanía. La preservación del orden
público sirve entonces de excusa para limitar libertades colectivas y derechos
ciudadanos individuales. Y se prestarán a ello miles de funcionarios sumisos
que, como desentrañó Hannah Arendt, se ampararán en la legalidad y actuarán en
consecuencia. Pero todos habremos dado otro brutal paso atrás al aceptar que se
nos recorten los derechos individuales con la excusa del bienestar común y al
consentir la policía convertirse en instrumento de sometimiento de sus
conciudadanos. Y entonces adquieren todo el sentido los versos de Ana Pérez
Cañamares ("Esto no rima", E. Origami): "Hemos elegido perder eternamente/para
no mancharnos las manos./ No parecemos reparar en/cómo se mancha la conciencia/
mientras nos quedamos quietos./ Cómo se llena de verdín/ y se hace
resbaladiza".
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes. (www.antoniomorales-blog.com)