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| Lucía Jiménez (d) y la Delegada del Gobierno de Canarias (i) junto a las representantes del Ministerio del Interior durante la reunión |
La sede de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria acogió por primera vez en esta legislatura una reunión entre representantes del Ministerio del Interior y la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE), que preside la agüimense Lucía Jiménez, para conocer las graves necesidades de ayudas que vienen reclamando este colectivo y familiares directos, debido al abandono, desprotección, lejanía y falta de atención institucional, prolongada deliberadamente durante años.
A este respecto, pidieron vehemente a la Audiencia Nacional el mismo trato de restitución, reparación, reconocimientos, dignidad, memoria y justicia al igual que las que reciben otras víctimas con sentencia judicial (como las de ETA, Grapo, 11 M, entre otras) para evitar la impunidad e imprescriptibilidad deliberada otorgada al Frente Polisario, Mpaiac y otros terceros actores (por acción u omisión), que cometieron 300 atentados terroristas con asesinatos, heridos, secuestros y desapariciones contra trabajadores canarios de FossBucraá y marineros. Lamentan, además, el sorprendente trato "humillante" e "hiriente" recibido durante años por los sucesivos gobiernos de España durante la transición y por el Gobierno de Canarias al no querer aprobar en esta legislatura la Ley Canaria de Víctimas.
Jiménez agregó que "España no puede caminar hacia el futuro con tranquilidad sin esclarecer judicialmente los más de 600 atentados terroristas de diferentes bandas armadas que se encuentran sin resolver. Esta dejación, añadió, es una irresponsabilidad histórica a todos los niveles que está acarreando graves problemas. Es un error no esclarecerlos ya. Hay que hacer un esfuerzo como sea", sentenció.
ACAVITE y los familiares directos que aúnan este colectivo, y que acudieron desde diferentes islas, pidieron a la Directora General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos, así como a las dos subdirectoras, Paloma P. Cortijo y Eva Blanco, que reactiven cuanto antes las promesas solicitadas reiteradamente desde la asociación para dar respuesta real a los reconocimientos oficiales como víctimas del terrorismo; indemnizaciones equitativas; pensiones a viudas y huérfanos; reserva y cupo de empleo público y privado; cupo reserva de viviendas; ayudas al alquiler; ayudas psicológica, médica, farmacológica y a la discapacidad; gratuidad de residencias privadas y públicas de mayores; gratuidad de comedores escolares para hijos y nietos directos; ayudas para la rehabilitación de viviendas; ayudas educativas y becas de todos los niveles, incluidos los másteres y tesis; así como ayudas extraordinarias, entre otras, para paliar las graves situaciones de precariedad, abandono y empobrecimiento familiar detectado en este colectivo de especial protección.
Además, demandan que el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cumpla su promesa de presidir el Acto Solemne de Entrega de Distinciones Honoríficas a las víctimas canarias del terrorismo y esperan que "no hayan más dilaciones, ni interferencias" para su celebración.
Para la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo resulta "inadmisible, en estos momentos de la historia, que en un Estado de Derecho como es el español, la Justicia aún, durante todos estos años, no haya tramitado, localizado, capturado, juzgado ni celebrado un solo juicio contra los asesinos, que se pasean diariamente ante nuestros ojos, a pesar de que todas las víctimas han sido reconocidas oficialmente por el Ministerio del Interior y el Estado" y explican que "las víctimas no entendemos el porqué de esta impunidad deliberada e hiriente, permisividad complaciente y escasa voluntad judicial y política. Ni tampoco por qué no se dicta orden de búsqueda y captura, ni se ha encarcelado, a pesar de las pruebas, delitos y evidencias que durante años han aportado las propias víctimas, supervivientes y familiares", añaden.
"Creemos, señala, que es una irresponsabilidad histórica, política y judicial porque se falsea la verdad. Existe una perversa dejación de funciones al comprobar cómo algunas altas instituciones del Estado se ponen de perfil y se autojustifican de forma inmoral ante un tema tan sangrante y dolorosa para nuestras abandonadas y desprotegidas familias. Esto tiene que remediarse ya, cuanto antes" y añaden que Lucía Jiménez "recopiló y entregó a la Audiencia Nacional, desde el Observatorio contra la Impunidad de la Asociación ACAVITE, un detallado listado de los cientos de atentados terroristas y esperan que se actúe ya con celeridad ante esta barbarie impune. Tanto el Presidente de la Audiencia Nacional, José R. Navarro, como el Presidente de la Sala de los Penal, Fernando Grande-Marlaska, han prometido a las víctimas su voluntad de resolver cuanto antes estos graves hechos para evitar la impunidad".
Asimismo, la Presidenta de ACAVITE ha pedido oficialmente a la Audiencia Nacional, a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y a la Fiscalía General del Estado que "actúen ya y que no dilaten más en el tiempo la impunidad judicial que ha venido disfrutando durante años el primer grupo islámico que cometío atentados contra españoles, como fue el Frente Popular Revolucionario El Hamra Río oro, conocido como Frente Polisario, así como otros terceros actores en la transición española, y que perpetró atentados terroristas con bombas en la empresa FossBucraá, en El Aaiún, así como asesinatos, secuestros, heridos, desapariciones y ametrallamientos a marineros en alta mar, contra más de 300 civiles españoles".
Por ello, demandan "la legítima defensa judicial y administrativa y puesta en valor de la víctimas canarias del terrorismo, al igual que para las víctimas del grupo armado independentista Mpaiac, encabezado por el fallecido Antonio Cubillo".
Asimismo, expresaron a las representantes del Ministerio del Interior que "desgraciadamente, aún muchas víctimas canarias del terrorismo esperan la reparación y restitución equitativa de las paupérrimas indemnizaciones establecidas por la fallida Ley 29/11 de Reparación a las Víctimas del Terrorismo" y "exigen una modificación urgente porque se ha quedado vacía, no soluciona los problemas de las víctimas, los heridos y los familiares directos y ahonda tremendamente en las desigualdades y diferencias indemnizatorias entre muchas víctimas del terrorismo de diferentes tipología terrorista, en función de si se tiene o no sentencias judiciales. Es necesaria, apuntaron, esta modificación, ya que perjudican, aún más si cabe, las grandes diferencias entre las víctimas que han tenido la suerte de tener juicios y sentencias y las que no, como es el caso de las víctimas canarias del Frente Polisario y el Mpaiac, a las que todos los estamentos han cronificado y cosificado durante años en un estatus de víctimas del terrorismo invisibles, desprotegidas y no reparadas con igualdad, como nos merecemos".
Las víctimas de ACAVITE expusieron también la necesidad de honrar y tener la misma presencia y representatividad, digna y oficial, que el resto de las víctimas del terrorismo en España, con nombres, apellidos, fechas, recreación y nominación explícita de grupos terroristas que cometieron los atentados (terrorismo islámico del Frente Polisario e independentista del Mpaiac) en el nuevo Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo que tendrá sede en el País Vasco y en Madrid.
En esta última sede, que acogerá a las víctimas del terrorismo árabe y yihadista, las víctimas canarias quieren estar también representadas como las primera víctimas españolas del terrorismo árabe, con atentados producidos durante las décadas de los 70 y 80.
ACAVITE recuerda que, "incomprensiblemente, a día de hoy, quienes cometieron estos atentados contra ciudadanos canarios disfrutan de impunidad judicial, millonarias subvenciones otorgadas por muchas instituciones, administraciones, organismos y partidos políticos en España y en Canarias", cuestionadas "por supuestas irregularidades", según un reciente informe de la UE.
Las representantes del Ministerio del Interior escucharon, por ejemplo, a M.H., familiar directo de marineros del Cruz del Mar, un pesquero ametrallado y desaparecido en alta mar con 12 tripulantes de una misma familia y del que jamás se ha celebrado juicio, en el que perdió a su marido, a su padre y aun primo en el mismo atentado, o a V.G., hijo de una víctima del Mpaiac, que expuso que "mi madre nunca tuvo un nivel de vida normal hasta que murió por la bomba del Mpaiac".
Por su parte, A.M., una víctima superviviente, relató que "pasé siete meses y diez días secuestrado por el Frente Polisario en un zulo en el desierto de Tinduf. Tengo secuelas y he sufrido mucho por lo que pasé y he visto. Nadie ha sido juzgado. Están en la calle", sentenció.
La hija de una víctima de la bomba de FossBucráa, S.P., afirmó también que "no hemos tenido juicio, se ríen de nosotros. Y la justicia y los políticos se lo han permitido de forma vergonzante. Esto no puede seguir ocurriendo".
