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| El Consejo de Corporaciones Locales durante la reunión de ayer |
Redacción
El Cabildo de Gran Canaria ha
reactivado hoy el Consejo de Corporaciones Locales, un órgano que ha quedado
constituido con los 21 alcaldes de la isla para tratar los temas
supramunicipales e insulares y que se reunirá en asamblea cada tres meses.
Presidido por Antonio Morales, y con
Carmelo Ramírez como vicepresidente del órgano, su primer objetivo es agilizar
las obras del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2014-15 porque, a tres
meses para que acabe el año, solo se ha ejecutado el 52% de las mismas y se corre
el riesgo de perder 13,7 millones de euros.
Carmelo Ramírez explicó que, otros
años, los remanentes de las obras no certificadas se incluían en los presupuestos
del ejercicio siguiente, pero la ley de estabilidad presupuestaria ahora lo
impide y las cuantías no utilizadas deben destinarse al endeudamiento de la
corporación.
Por este motivo, el próximo paso
será un encuentro con cada municipio para valorar la ejecución de sus obras y “darles
un empujón” para que estén ejecutadas y certificadas el 10 de diciembre, explicó.
La cuantía para el bienio
2014-2015 era de 32,7 millones euros para la ejecución de 193 obras, de las que
105 están pendientes de certificar, si bien 42 están incluso sin contratar, una
por el propio Cabildo de Gran Canaria y 41 por los ayuntamientos.
“Queda mucho dinero por ejecutar
en dos meses pero sería imperdonable perderlo”, exclamó el también consejero
de Cooperación Institucional.
Los planes de cooperación con los
municipios se pusieron en marcha hace 20 años y en estas dos décadas se han
invertido 400 millones de euros en la ejecución de 4.000 obras, lo que ha
generado “muchísimo” empleo y permitido el mantenimiento de multitud de pequeñas
y medianas empresas, subrayó Antonio Morales, por lo que la voluntad de la
nueva corporación no solo es consolidar esta herramienta, sino impulsarla.
Para ello, la próxima semana se
celebrará la segunda reunión de la asamblea de alcaldes, ya que en los próximos
días se conocerá la cuantía que se destinará al siguiente plan, así como sus
criterios, algunos adelantados ya ayer.
Dado su buen funcionamiento, la
propuesta es mantener la distribución del 25% de forma igualitaria y
el resto por volumen de población.
Pero además, la mitad de las obras
tienen que ir destinadas a infraestructuras y equipamientos básicos, desde
alcantarillados a agua y luz, para que en cuatro años el cien por cien de la
población grancanaria tenga cubierta estas necesidades. "Los núcleos más
complicados son los nuevos barrios de la capital grancanaria por su rápido
crecimiento", apostilló Ramírez.
La otra mitad deberá destinarse a
obras que cumplan requisitos de generación de economía productiva y empleo, así
como de sostenibilidad ambiental, "lo que se ajusta al compromiso del nuevo
gobierno con la población de Gran Canaria", señaló Antonio Morales.
La decisión más importante con
respecto al próximo plan es que no será anual sino que abarcará los cuatro años
del mandato, lo que permitirá tener una visión global y la posibilidad de
contratar las obras desde el primer año aunque los pagos sean fraccionados.
Además acabará con su principal
problema, el retraso de cada año, ya que desde la aprobación del presupuesto en
diciembre, a la culminación de los trámites para su entrada en vigor en marzo,
la transferencia a los municipios y la adjudicación, llega cada septiembre sin
haber podido mover tierra con el añadido de que la nueva ley impide recuperar
el remanente en el siguiente ejercicio.
Antes de emplazar a los alcaldes
al próximo miércoles, el presidente del Gobierno de la isla subrayó que el
Cabildo de Gran Canaria será asimismo riguroso en el seguimiento de la ejecución del plan y el
cumplimiento de los objetivos de generación de economía y empleo de las
propuestas.
Este consejo de ayuntamientos fue
creado en 1992 con Antonio Morales como consejero de Cooperación Institucional
y, tras su reactivación, se establecerá la obligatoriedad de reunirlo ante
asuntos de importancia para la isla, si bien se convocará como mínimo una
asamblea ordinaria cada tres meses.
Además, quedará constituida una
mesa para el seguimiento de sus asuntos formado por el presidente y
vicepresidente, además de un miembro de cada mancomunidad de la isla más los ediles de la
capital grancanaria y Telde.
Los 21 alcaldes entregarán antes
de la primera semana de octubre sus propuestas para actualizar los estatutos de
este órgano para que sirva a sus objetivos de la forma más eficaz y operativa
posible.