Fernando Romero*
La llegada al Parlamento de nuevos partidos ha sido considerada una impertinencia y una osadía por algunos, pues consideran a los recién llegados poco menos que unos intrusos e impresentables que no deberían estar en el Congreso de los Diputados. No ha entendido el bipartidismo cómo es posible que cuatro perroflautas de Podemos les hayan robado la cartera. Así lo piensan, pero están muy equivocados porque no eran cuatro, ni eran perroflautas, ni se han dedicado, como otros, a robar durante años a manos llenas el dinero de todos.
Pero observando someramente los resultados electorales de los partidos estatales del 20-D tenemos los siguientes datos: el PP obtiene 123 diputados (tenía 186, perdió 63 escaños y 3,5 millones de votos); el PSOE obtuvo 90 diputados (tenía 110, perdió 20 escaños y 1,5 millones de votos); IU-Unidad Popular se queda con 2 diputados (tenía 11, por lo que perdió 9); Podemos obtuvo 69 diputados (no tenía ninguno); y Ciudadanos consiguió 40 diputados (tampoco tenía ninguno).
Curiosamente, estos resultados han hecho desaparecer el término “dimitir” del diccionario político de este país. En otras latitudes, por fracasos electorales mucho menores, han tenido que renunciar a seguir ocupando sus cargos algunos primeros ministros o dirigentes políticos de distintos partidos.
Aquí, siendo coherentes con la lógica democrática de esos países, a los que tanta referencia se nos hace cuando a ellos les interesa, tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez y el propio Alberto Garzón tendrían que haber dimitido de sus cargos y liderazgo político respectivo en la misma noche electoral.
Sin embargo, en este país no sólo no dimite nadie sino que la propia ciudadanía acepta esta anomalía democrática con toda naturalidad, asumiendo el discurso vergonzante de esos políticos perdedores, cuyo alegato consiste siempre en echar la culpa al otro de su propio fracaso o argumentar que “no se ha sabido transmitir el mensaje”. España es diferente.
Dicho lo anterior, que debió constituir el punto de partida de toda la situación poselectoral actual, desde que el PP perdió la mayoría absoluta, intentan hacernos creer que si no gobiernan ellos no sólo la unidad de España corre peligro, sino que la economía que ya empieza a mejorar, peligraría. Pero, como ha escrito Juan José Millás, se nos oculta que para ellos “mejorar” significa ahondar en las desigualdades entre pobres y ricos.
Y la receta que nos proponen como única salvación es una gran coalición entre los partidos tradicionales del bipartidismo con el apéndice añadido de un tercero, Ciudadanos, creado para auxiliar a uno, a otro o a ambos. Y completan el argumento de esta propuesta en que, sin duda, es lo que reclama Bruselas, la troika y los mercados, olvidándose, así, inmediatamente de los intereses de los ciudadanos que les han votado: la prioridad para este partido sigue siendo los mercados. Continúan estafando a los ciudadanos.
En cuanto a su campaña llamando a huir del extremismo y del radicalismo, es en lo único en que uno puede estar de acuerdo con el PP, porque significa huir de ellos, que son quienes con radicalismo extremo han promovido políticas ultraliberales de desmantelamiento de derechos laborales y de protección social.
En lo que se refiere al PSOE, resulta increíble que tras sus resultados electorales, haya salido con propuestas más propias de la derecha pura y dura, como es la defensa de una visión única de España, marginando el reconocimiento de su plurinacionalidad. Sin embargo, no hace tanto tiempo el PSOE y todavía más el PSC reconocían la pluralidad del Estado (gobierno de Zapatero). En este tema el retroceso socialista ha sido importante, en gran parte, debido al poder del PSOE de Andalucía y de Susana Díaz. Pero es más difícil de entender que nos presenten al PSOE como garante de la unidad sin diversidades de España.
Es curioso que el PSOE acuse a Podemos de poner en peligro la integridad territorial de España cuando, por ejemplo, Podemos es el partido estatal que ha sido primera fuerza política en Cataluña y segunda en Madrid, supuestamente las dos regiones paradigmáticas de las posiciones nacionalistas española y catalana. ¿No sería más lógico pensar lo contrario, que Podemos podría ser el partido que pudiera unir estas dos posiciones supuestamente contrarias?
Además, Podemos y PSOE (al igual que Ciudadanos y PP) han coincidido votando juntos en contra del proceso hacia la independencia de Cataluña y de la investidura de Puigdemont como Presidente de la Generalitat. ¿Dónde se encuentra, entonces, la voluntad separatista y de romper España de Podemos? Por ello, es evidente que la propuesta de Podemos no significa la defensa de ninguna ruptura, sino una apuesta por conseguir una unidad real, donde las diferentes naciones existentes en el Estado se puedan reconocer y convivir bajo una unidad que respete la pluralidad realmente existente.
Está claro que las fuerzas del establishment (Felipe González, Susana Díaz, Jerónimo Saavedra, Emilio García Page…) dentro del PSOE, apoyadas por el IBEX 35 y Europa, están empujando para que la política económica siga siendo la misma. Es decir, apuestan por el pacto de la gran coalición PP-PSOE, a la que se sumaría Ciudadanos.
Sin embargo, las fuerzas del cambio dentro del PSOE (el propio Pedro Sánchez, la corriente interna Izquierda Socialista y otras personalidades) empujan hacia un escenario de gobierno con Podemos para que la política económica pueda ser efectivamente revertida.
Y para bloquear esta apuesta socialista por el cambio e impedir un pacto de gobierno progresista, la estrategia de Rajoy ha sido decir que se va, pero que se queda. Es decir, en una actitud inmovilista y cobarde, culpa a los demás de su incapacidad de diálogo, pues siendo la fuerza más votada no se ha sentado a negociar con nadie, ni siquiera con Ciudadanos.
Y de paso le deja un órdago en toda regla a Pedro Sánchez, quien ahora tiene que echarle un pulso definitivo a sus propios “barones”, partidarios de la gran coalición. Si se imponen los “barones”, sería el fin de Pedro Sánchez y finalmente Rajoy recuperaría el protagonismo político y presidiría un gobierno bipartidista y de continuidad con las políticas económicas ultraliberales.
Por otra parte, Podemos se ha situado en las antípodas del inmovilismo y la cobardía demostrada por Rajoy. Pero al adelantarse a dar a conocer su propuesta de pacto sin previa negociación con los socialistas, ha dejado en mal lugar a Pedro Sánchez y a su partido, propiciando un nuevo rearme de las posiciones más conservadoras dentro del PSOE.
Esta decisión atrevida y temeraria de Podemos y de Pablo Iglesias podría ser acertada en cuanto al contenido, pero obviamente resulta inaceptable en cuanto a las formas. Como es lógico, uno desearía que todas las heridas abiertas en unos y otros por el uso de determinadas formas fueran cicatrizando y que, finalmente y de manera negociada, se fuera imponiendo los contenidos propios de un pacto de cambio y de progreso, acorde con el resultado electoral global del 20-D.
Y de no ser así, siempre sería preferible una nueva convocatoria electoral, antes que un gobierno de gran coalición PP-PSOE para continuar con las mismas políticas ultraliberales de los últimos cuatro años. A este gran acuerdo algunos lo llaman “pacto de estabilidad”, pero no dicen para quien.
Y termino con una última y breve reflexión: si a un diputado imputado por la justicia se le exige éticamente que dimita, ¿puede un partido político imputado por corrupción gobernar España?
*Fernando Romero es miembro dela Mesa de Roque Aguayro.
