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| Ismael Serrano en el Teatro Auditorio Agüimes en abril de 2015 |
El Ayuntamiento de Agüimes aprobó en el pleno ordinario de enero, celebrado el pasado lunes, una moción presentada por el grupo Roque Aguayro en la que se exige al Gobierno de Canarias que "cumpla inmediatamente la sentencia de 28 de enero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en relación al incumplimiento del convenio para la cofinanciación del Teatro Auditorio Agüimes mediante el que se comprometía a pagar 1.420.192 euros, además de los intereses de demora y costas judiciales de los recursos planteados".
Asimismo, solicita que el ejecutivo canario cumpla con los convenios que firma con otras instituciones de la misma manera que la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de diciembre del pasado año le da la razón frente al Ministerio de Fomento por el litigio por el incumplimiento del convenio suscrito entre Canarias y el Estado en materia de carreteras.
La construcción del Teatro Auditorio Agüimes se llevó a cabo con el compromiso de financiación por parte de tres administraciones públicas de Canarias, Ayuntamiento de Agüimes, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias, en los convenios firmados en los 2002 y 2003.
Tanto el Ayuntamiento de Agüimes como el Cabildo de Gran Canaria cumplieron con su compromiso aportando la financiación necesaria para dicho proyecto, mientras que el Gobierno de Canarias no ha aportado la partida de 1.420.192 euros comprometidos.
Por ese motivo, el Ayuntamiento de Agüimes recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Sala de lo Contencioso Administrativa, en sentencia de 28 de enero de 2016, condenó al gobierno regional a que "sin más dilación proceda al pago de la cantidad adeudada", entendiendo, además, que concurrían hechos de deslealtad institucional porque "existía un dinero comprometido y se liquidan los convenios sin explicar a dónde ha ido el dinero".
A día de hoy, el Ayuntamiento de Agüimes no ha recibido aún esa aportación y, el Gobierno de Canarias, incumplidor del convenio, ha recurrido al Tribunal Supremo, dilatando así los procedimientos.
