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| La Presidenta de Acavite, Lucía Jiménez, con el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska |
Redacción
La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) reclama al nuevo Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "reactive y dé respuesta de inmediato", con un paquete de medidas asistenciales, a las casi 300 víctimas canarias del "terrorismo perpetrado" por el Frente Polisario y el Mpaiac. "Trabajadores de la empresa española de fosfatos FossBucraá fueron objeto de brutales atentados con bombas y pescadores isleños que fueron asesinados, secuestrados, heridos y desaparecidos en alta mar, durante la década de los 70 y 80", recordó la presidenta de la organización, la agüimense Lucía Jiménez, que advierte en un comunicado del agravamiento asistencial de las víctimas "por la falta de ayudas, el abandono y olvido deliberado de las instituciones y administración estatales que deben proteger a este colectivo de especial protección".
En una reunión del ministro el jueves con los distintos colectivos de víctimas del terrorismo, Jiménez le advirtió que los encontrará enfrente si Justicia o Estado caen en la tentación "de blanquear los atentados cometidos del Frente Polisario".
Asimismo, reclama "que no se caiga en la tentación de falsear las cifras y relatos de atentados y de víctimas, familiares directos o afectados, de todos y cada uno de los tipos de terrorismo", que han sacudido al país en los últimos cincuenta años y que aún están sin resolver judicialmente.
Todas las asociaciones reclamaron en la reunión la modificación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para alcanzar la equiparación equitativa e indemnizatoria de todas las víctimas del terrorismo, con o sin sentencia judicial, y pensiones retroactivas para los hijos y cónyuges de víctimas del terrorismo de atentados de los años 70, 80 y 90, "abandonadas a su suerte". Del mismo modo, se pidió la modificación del Estatuto de los Trabajadores de la Función Pública para establecer medidas de acceso, para los familiares directos, a todas las administraciones del Estado.
Grande-Marlaska, según una nota de prensa de Acavite, se interesó por las razones del retraso en la aprobación de la ley canaria de víctimas del terrorismo. "Inexplicablemente, desde el archipiélago no se pone en valor la sangre derramada, el daño causado por los verdugos, ni se apoyan a las víctimas y familiares, como sí se ha hecho en el resto de las comunidades autónomas", sostiene Jiménez.