Jueves, 17 de diciembre.
Redacción
El Pacto de las Alcaldías es el único programa de la Unión Europea para luchar contra el cambio climático desde la administración local, un programa que ha sido coordinado en la isla por el Cabildo de Gran Canaria hasta lograr la adhesión de todos sus municipios, veinte de los cuales, incluido Agüimes, que estuvo representado por el Concejal de Vías y Obras, Recursos Humanos y Movilidad, Efraín González, cuentan desde ayer con su Plan de Acción por el Clima con medidas para reducir las emisiones y afrontar los efectos ya palpables del calentamiento por valor de 178 millones de euros, de los que Agüimes recibirá 7.662.601,72 euros, a ejecutar en el próximo decenio.
El Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, presentó estos veinte planes junto al coordinador de la iniciativa, Raúl García Brink, y representantes de estos municipios, que suponen el 60% de las emisiones de Gran Canaria y a los que próximamente se sumará la capital de la isla para diagnosticar su situación y definir, igualmente, sus medidas.
Una vez más, la implicación ciudadana será clave, pues un pilar para lograr el objetivo será el ahorro, toda vez que el 20% de la electricidad en viviendas se usa innecesariamente iluminando habitaciones vacías, así como con la carga de electrodomésticos no usados.
Esta veintena de hojas de ruta, que han precisado el trabajo durante más de un año de otros tantos ingenieros contratados por la corporación insular, prevé elevar hasta el 27% la penetración de las energías renovables e incrementar casi un tercio la eficiencia energética, todo ello con medidas adaptadas a la realidad de cada municipio, fruto de un diagnóstico previo.
El Cabildo de Gran Canaria ha invertido 600.000 euros en su redacción y liderará también la búsqueda de fondos europeos para completar las aportaciones de las administraciones locales, regional y estatal para ejecutar las medidas, tarea que compaginará con la redacción de la Estrategia Insular de Adaptación al Cambio Climático, que aportará la visión global sobre el territorio.
El diagnóstico para elaborar los planes refleja que el vehículo privado es responsable de una tercera parte de las emisiones en Gran Canaria seguido del parque residencial con más del 25% del total y de la actividad comercial y hotelera con el 20%.
También deja un retrato que revela que el 75% de las emisiones están concentradas en Las Palmas de Gran Canaria con casi el 40% del total, San Bartolomé de Tirajana, Telde, Santa Lucía y Mogán, mientras que Guía, San Mateo, Agaete, La Aldea, Firgas, Moya, Valsequillo y Teror suponen apenas el 1%, porcentaje al que no llegan Tejeda, Artenara y Valleseco.
La clasificación de municipios con más emisiones contaminantes continúa con Agüimes y Arucas, con el 4% del conjunto insular, Ingenio (3%) y Gáldar y Santa Brígida (2%)
Los planes incluyen, por un lado, acciones de mitigación de las emisiones en nueve áreas que precisan cerca de 138 millones de euros y, por otro, medidas de adaptación a los efectos del calentamiento ya presentes y los futuros por valor de 40 millones de euros, distribuidos en trece ámbitos de actuación.
La partida de mayor cuantía contempla 44 millones para mejorar la eficiencia energética en instalaciones municipales con medidas que engloban el alumbrado público, el ciclo del agua y la instalación de energía solar térmica, mientras que la segunda, con 38 millones, fomentará el transporte público, los aparcamientos disuasorios en la periferia urbana, el desplazamiento peatonal entre núcleos de población y la extensión de la red de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
El resto de las acciones de mitigación se centrarán en la actualización de la normativa y la gestión medioambiental, la reducción de la huella de carbono en la gestión de los residuos, los sistemas de climatización en equipamientos municipales, la promoción de la energía solar térmica y campañas de concienciación destinadas al comercio, hoteles y el sector industrial.
En cuanto a las acciones de adaptación al cambio climático, se actuará en trece frentes, uno de ellos el agua, con 17 millones para medidas de protección de la redes de producción y distribución ante el recrudecimiento de los fenómenos meteorológicos; 8 millones para reforzar la protección de las carreteras ante desprendimientos, riadas y otras eventualidades; 6 millones para actualizar la planificación territorial en función de los mapas de riesgo por el cambio climático en cada municipio; y 3 millones para salvaguardar las infraestructuras energéticas y contar con redes alternativas en caso de emergencia.
Además, se prevén 2 millones para actualizar las redes informáticas de comunicación para asegurar su operatividad en cualquier circunstancia, y 900.000 euros para potencias los recursos de protección civil y emergencias, así como para formar al personal.
Los 3 millones restantes se distribuyen entre la recuperación de espacios agrarios abandonados, los planes de protección de las aérea naturales, en garantizar la gestión de residuos, la detección de patologías sanitarias entre la población relacionadas con el calentamiento global, la implantación de programas de gestión ambiental y de riesgos en los establecimientos turísticos, la posible reubicación de edificios por la subida del mar u otros riesgos y los programas para formar a la población ante esta realidad a la que también se tienen que preparar.