Sábado, 13 de marzo.
Redacción
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas pactaron este jueves un cambio paulatino en la vigilancia de la salud pública, que también variará los criterios para enfrentarse a la Covid-19 y, en las próximas semanas, España entrará en un periodo de transición en el que la vigilancia se centrará sobre todo en los casos más graves y vulnerables, y no como hasta ahora, que se extiende a toda la población, conduciendo así al nuevo sistema centinela que se pondrá en marcha en el primer trimestre de 2023.
En esta primera fase se mantendrá un sistema de vigilancia capaz de detectar aumentos de la incidencia en la población, que permita la detección precoz de nuevas variantes y la medición de la efectividad vacunal, se seguirán realizando PCR y test, pero los datos que marcarán las decisiones de las administraciones sanitarias, por ejemplo las restricciones, se basarán más en los casos graves y las hospitalizaciones que en la incidencia acumulada o en los números globales de contagios.
En la segunda etapa, ya en 2023, sí habrá variaciones significativas, poniéndose en marcha el sistema centinela, similar al utilizado para detectar brotes de gripe, que funciona a través de la selección de una muestra representativa de ciudadanos-as (por edad, sexo, lugar de residencia urbano o rural).
Los datos recopilados entre este conjunto de la población por los profesionales de Atención Primaria permitirán vigilar el desarrollo tanto de infecciones leves como graves o explosiones de contagios.
Las bases de este nuevo sistema de vigilancia quedaron marcadas por la Declaración de Zaragoza, un documento firmado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas del que Carolina Darias incidió en que el nuevo sistema servirá para fortalecer la vigilancia en salud pública y que contará con fondos suficientes, además de que aumentará la coordinación entre los diferentes territorios.
