Lunes, 24 de octubre.
Los alcaldes y alcaldesas de Canarias denuncian que el Estado "se ha inventado" un nuevo impuesto que grava el depósito de residuos en vertedero de los ayuntamientos y, por tanto, les "obligará" a subir la tasa municipal de basura para hacer frente a esta medida a partir del próximo día 1 de enero.
Se trata, en concreto, de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que, según la Federación Canaria de Municipios (Fecam), dispone que desde el próximo ejercicio todos los ayuntamientos de España tengan que afrontar el pago de una tasa por llevar los residuos que generen a una planta de tratamiento con el fin de reducirlos.
El coste para los 88 ayuntamientos canarios ronda los 40 millones de euros el próximo año, mientras que a nivel estatal la cifra se acerca a los 800 millones de euros.
El objetivo es desincentivar el depósito en vertedero y la clave, por tanto, "cuánto menos depositemos, menos pagaremos", apunta la Fecam.
Al respecto, el Vicepresidente Segundo de la Fecam y Alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, indica que el malestar de los ayuntamientos tiene que ver con que "se da un plazo de tres años para definir una estrategia y establecer los mecanismos necesarios para mejorar la situación y reducir el volumen de residuos a tratar, pero se empieza a cobrar desde el día 1 de enero".
Es "el caramelo envenenado que esconde la ley", apunta el edil agüimense, ya que significará que los ayuntamientos tendrán que incrementar los ingresos para hacer frente a esta tasa.
En opinión de Hernández supone que "directamente nos están obligando a que el año que viene tengamos que subir la tasa de basura", y asegura que "los alcaldes y alcaldesas nos negamos a incrementar la carga impositiva que ya se ejerce sobre la ciudadanía".
Asimismo, detalla que en este momento ya se está pagando por la incorporación de los residuos que se generan a diario y, sin embargo, la queja municipal hace referencia a esta "nueva tasa que castiga a los ayuntamientos y nos obliga a que repercutamos este coste a los ciudadanos-as, que son los productores-as de basura, para que los residuos que vayan a los vertederos sea inferior al volumen total que estamos mandando en estos momentos".
En el caso de Agüimes, explica, supondrá un incremento de 800.000 euros en 2023, y el impuesto, insiste, es para que se establezcan líneas políticas y mecanismos con carácter finalista para reducir la derivación a los centros de tratamiento "y que se el menor volumen de restos que enviamos a los vertederos".
No obstante, Hernández puntualiza que "no estamos en contra de pagar, sino que igual que se da un plazo de tres años para establecer la estrategia que dé solución a un problema, es preciso que se ofrezca también la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ofrecer alternativas, coordinadas con el resto de administraciones, porque somos los primeros interesados en la sostenibilidad y la economía circular".
El primer edil agüimense explica que "el punto de partida del trabajo que debemos realizar en este proceso debería ser una acuerdo que establezca las pautas para que la ciudadanía pueda reducir el volumen de residuos que genera".
Sin embargo, critica que "el Estado intenta convencer vía impuestos" para que se produzca ese cambio de hábitos, medida que se ha adoptado, dice, "con una falta total de presión" por parte de la Federación Española de Municipios y Provincia (Femp)".
La queja por esta nueva tasa que deben ejecutar los alcaldes y alcaldesas fue aprobada por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la Fecam, así como por la Comisión de Hacienda, mientras que la Asamblea de Alcaldes de Gran Canaria ya había manifestado su crítica por este asunto, apunta Hernández.
