Martes, 22 de noviembre.
Antonio Morales*
Aunque la Constitución de 1978 estableció el Estado de las Autonomías y con él una importante descentralización política, lo cierto es que, en muchos aspectos, España sigue siendo un país muy centralista y centralizado en Madrid. Esto se ve especialmente en la administración pública: la inmensa mayoría de las sedes de los organismos oficiales se encuentra en la villa del oso y el madroño.
Centralizar podría tener sentido hace décadas, cuando aún no había comenzado la digitalización de la administración pública y su concentración era un requisito para su eficiencia. Pero hoy no tiene ningún sentido que, por poner un ejemplo especialmente sangrante, la sede de Salvamento Marítimo esté en Madrid. Este centralismo también afecta a las mercancías, el transporte de pasajeros, etc, etc.
Por aportar algunos datos, la revista “Diario El Canal” recoge que la Comunidad de Madrid acapara el 75% de las compañías logísticas y de transporte de España. Según los datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de los más de 514.000 empleados que trabajan en el sector público del Estado, unos 150.000 se encuentran en Madrid. Es decir, el 29% del personal al servicio del sector público del Estado se concentra en la capital española.
Esto implica también una concentración de las sedes de las principales empresas, de altos funcionarios del Estado con alto poder adquisitivo, de los mejores profesionales (que irán a Madrid buscando las mejores ofertas de empleo), etc. Además, Madrid aprovecha este efecto “capitalidad” para hacer dumping fiscal: bajar impuestos a las empresas y rentas más altas para concentrar aún más riqueza en la ciudad y en la Comunidad. Es evidente que se trata de una injusticia manifiesta, que genera desigualdad y desequilibrio en el desarrollo de los diversos territorios del Estado.
Para intentar revertir esta tendencia, el Gobierno de España anunció en noviembre de 2021 una tímida desconcentración de las instituciones del Estado. Digo tímida porque no afectaba a ninguno de los ministerios, ni principales organismos, pero desde luego era un paso positivo para acabar con el centralismo y avanzar hacia un modelo de desarrollo territorial más igualitario.
La primera de las instituciones que entró en este proceso de deslocalización fue la sede de la Nueva Agencia Espacial Española, que el gobierno anunció que iba a estar fuera de Madrid. Además no se trata solo de la sede del organismo, sino que la Agencia está incluida en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Aeroespacial, una iniciativa de impulso al I+D+i con la que aspira a movilizar unos 4.500 millones de euros hasta 2025, aprovechando fondos europeos. Además se trata de una institución con un presupuesto de 500 millones de euros al año.
Es decir, el territorio que albergue dicha institución va a tener una oportunidad histórica de desarrollar uno de los sectores más innovadores y con mayor potencial de crecimiento, lo que implica generación de empleo, de industria altamente competitiva, formación profesional y universitaria en la materia, etc.
Desde el Cabildo de Gran Canaria enseguida nos pusimos a trabajar para presentar una candidatura competitiva que nos diera la oportunidad de ser la sede de dicho organismo. No se trata, como coloquialmente se suele decir de un “brindis al sol”: la relación de Gran Canaria con el sector aeroespacial es histórica.
Contamos con el Centro Espacial de Canarias en San Bartolomé de Tirajana, dependiente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Se trata de un complejo que se puso en marcha en los años 60 y que jugó un papel fundamental en el seguimiento de la misión que llevó al ser humano a La Luna, así como en otras misiones espaciales y satelitales.
Gran Canaria dispone, para hacer realidad la sede de la AEE, de unas condiciones extraordinarias para ensayos en tierra y lanzamientos de satélites en el mar desde entornos seguros y para convertirnos en un laboratorio de pruebas y valoraciones de robótica aeronáutica. Participamos en numerosos proyectos internacionales de relevancia, disponemos de comunicaciones extraordinarias a través del puerto más importante del Atlántico Medio y de un aeropuerto situado entre los seis más importantes del Estado. Igualmente esta isla cuenta con centros de investigación punteros y facultades universitarias de singular relevancia en el sector, robótica militar para salvamento, cobertura vía satélite...
La Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas y Espaciales (proyecto RAEGE) instalará un radiotelescopio en Temisas en los próximos meses, así como un ecosistema institucional de apoyo a la innovación y el emprendimiento tecnológico. Nuestro marco financiero y fiscal es ventajoso y adecuado para la inversión de empresas tecnológicas del sector aeroespacial y disponemos de capital humano y de un entorno seguro y con calidad de vida. Asimismo tenemos ya en marcha proyectos fundamentales para el sector como una infraestructura de lanzamiento de micro y mini satélites desde el área marítima de Canarias.
Y somos conscientes de que debemos abrir un marco de colaboración con otras islas y contar con Tenerife y su Instituto de Astrofísica de Canarias, con Lanzarote y sus campos de entrenamiento de la ESA y la NASA y con Fuerteventura y su Stratoport para HAPS (High Altitude Pseudo-satellites), un área para la integración, pruebas y operación (despegue, aterrizaje, certificación, ensayos, mantenimiento y embarque de aplicaciones, etc. de plataformas pseudosatelitales de gran altitud).
Con todos estos argumentos presentamos una sólida candidatura que ofrece diversos edificios para albergar las oficinas de este organismo y que cuenta con el apoyo del conjunto de las instituciones públicas y del sector privado. De hecho ha sido la candidatura elegida por el Gobierno de Canarias para ser propuesta al Gobierno de España.
En este contexto, la semana pasada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, escribía en twitter que “La Agencia Espacial Española ha de estar en Tres Cantos. Madrid concentra más del 90% de la industria; el 70%, esta localidad. El interés político por perjudicar a Madrid afectará gravemente al sector”. Es decir, volvía a la carga con su empecinamiento centralista. Frente a este mensaje yo respondí: “Ayuso pretende frenar el desarrollo de Gran Canaria. Quiere aumentar el centralismo y concentrarlo todo en Madrid. Que se pronuncie el PP”.
Pues el PP canario se pronunció y para mi sorpresa no fue para defender a Gran Canaria, sino para defender a su líder, Díaz Ayuso, a pesar de que su postura perjudicara gravemente a la isla. Me acusaron a mí de estar “rizando el rizo” e incluso el nuevo presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, aseguró que “se quitaba el sombrero” ante la estrategia de la presidenta para reclamar que la sede de la Agencia estuviera en Madrid. Inaudito.
Como suelo repetir a menudo, estamos en un momento clave en el que la transición energética y los Fondos Europeos “Next Generation” suponen la mayor oportunidad que hemos tenido en nuestra historia reciente de diversificar nuestra economía, desarrollarnos de manera sostenible, tener una economía más innovadora y generar empleo de calidad. La sede de la Agencia Espacial Española es una gran oportunidad en este sentido, que se ha presentado porque por fin un gobierno ha decidido, aunque tímidamente, poner freno al centralismo.
Desgraciadamente, en lugar de ponerse del lado de Canarias y de Gran Canaria, el PP, ese que dice que quiere gobernar en el Cabildo de Gran Canaria para impulsar la isla, ha decidido rendir pleitesía a una líder autonómica extremista y ultra, centralista (como toda la derecha española) y negacionista del cambio climático (recientemente aseguró que el cambio climático era “comunismo”). Ese parece ser el modelo que el PP propone para las islas: sumisión, apoyo a una líder trumpista y rendir pleitesía a Madrid blanqueando el centralismo. Yo seguiré luchando por convertir a Gran Canaria en un referente de desarrollo sostenible, innovación y bienestar.