Martes, 4 de julio.
Las elecciones municipales, insulares y autonómicas del pasado 28 de mayo dejaron un escenario institucional fuertemente dominado por las fuerzas conservadoras, con un importante aumento de la extrema derecha que va a gobernar, o a determinar gobiernos, en buena parte de la geografía española.
El mes transcurrido desde la cita electoral ha supuesto un goteo incesante de noticias, de lo más preocupantes, protagonizadas por ultras con discursos que ya creíamos extinguidos, negacionistas de la violencia machista y del cambio climático, machistas, homófobos, racistas y xenófobos… Incluso el nuevo presidente del Parlamento de las Islas Baleares, Gabriel Le Senne, defiende en un artículo la teoría del “Gran Reemplazo”. Se trata de una teoría conspiranoica y neonazi según la cuál existe un plan organizado para reemplazar a la población “blanca” y “católica” de Europa por “árabes” y/ o “musulmanes”.
Y lo peor es que no es una excepción española. Este fenómeno ha llegado a España un poco más tarde que a otros países, ya que la extrema derecha preside los gobiernos italiano y húngaro y forma parte o apoya gobiernos en otros importantes países de la Unión Europea. Y aún con diferencias entre partidos, el denominador común son los discursos de odio contra las minorías, los discursos conspiranoicos y la negación de la evidencia científica.
Sin ir más lejos, el gobierno ultraderechista presidido por Giorgia Meloni ha exigido a los ayuntamientos que dejaran de inscribir a los hijos e hijas no biológicos de parejas del mismo sexo en el registro civil, por lo que muchas parejas homosexuales están teniendo que modificar el registro y los padres o madres no biológicos están perdiendo la patria potestad sobre sus hijos e hijas. Imaginen por un momento el drama que puede suponer para una persona que de la noche a la mañana la dejen sin derechos de maternidad o paternidad.
En España ya estamos viendo las primeras medidas que apuntan claramente hacia un discurso de odio y persecución contra el colectivo LGTBIQ+. Retirada de las banderas, pretendidas prohibiciones de concentraciones de apoyo, eliminación de las concejalías y consejerías de diversidad y su sustitución por consejerías de familia que van a promover un modelo único y excluyente de familia, etc. Y que a nadie le quepa ninguna duda de que esta será la política del Gobierno de España si Feijóo llega a ser presidente con el apoyo de la extrema derecha.
Éste es el contexto en el que se va a desarrollar la celebración del Orgullo LGTBIQ+, lo que obliga a que sea más reivindicativo que nunca. Ahora bien, es importante dejar claro que no estamos ante ataques o cuestionamiento de derechos de determinados colectivos, o ante debates legítimos entre diversas visiones políticas, estamos ante un cuestionamiento de nuestro modelo de convivencia, de nuestro modelo de sociedad.
Los discursos de odio y el ataque contra determinados colectivos no son más que la avanzadilla de una “guerra cultural” en la que se pretende que retrocedamos décadas en derechos ya adquiridos y que atentan contra los derechos y contra las libertades de la mayoría de la población. Como planteaba Azahara Palomeque el pasado miercoles 28 de junio en El País, en un artículo titulado “La flecha rota del tiempo”, “el vicio de las fuerzas retrógradas consiste en querer detonar lo poco que nos queda cimentado: el Estado de bienestar, algunos derechos sociales y, en ocasiones, las instituciones”.
Porque lo que están diciendo es que solo cabe un modelo de familia excluyente o una orientación sexual e identidad de género. Que los derechos más básicos de las mujeres (que no las maten) no van a estar protegidos. Que las personas migrantes no tienen derecho ni a la vida y que las condiciones climáticas van a empeorar hasta límites incompatibles con la supervivencia porque un bulo conspiranoico tiene la misma validez que decenas de años de investigación de miles de científicos. Porque cuando se cuestiona un derecho humano se está cuestionando el conjunto de todos ellos.
Nuestra respuesta ante esta situación no puede ser ponernos a la defensiva. No debemos limitarnos a defender la situación actual o los avances conseguidos en los últimos tiempos. Tenemos que ser ambiciosos, asumir la disputa por la hegemonía cultural y proponer un modelo de sociedad en el que avancemos hacia una igualdad efectiva y en el que mejoremos el bienestar de nuestra gente respetando los límites físicos del planeta. Tenemos que apostar por ampliar derechos.
Y tenemos también que ser autocríticos. Hay mucha gente que lo está pasando mal o que tiene fuertes incertidumbres sobre su situación y que no percibe que las políticas progresistas como la Agenda 2030, las políticas feministas, de lucha contra el cambio climático etc. estén teniendo un impacto positivo en su vida. Y esto hace que en muchos casos apoye o acepte los discursos ultraconservadores. Tenemos que ser capaces de demostrar con cuestiones concretas que a día de hoy las políticas progresistas mencionadas son las únicas que nos pueden permitir afrontar los difíciles retos actuales y construir la sociedad que todos y todas queremos. Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ es necesario recordar el 2º artículo de la declaración universal de derechos humanos: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.” Es decir, los derechos que estamos reivindicando son derechos humanos. Y los derechos humanos no se negocian. Se defienden con orgullo.
*Antonio Morales es Presidente del Cabildo de Gran Canaria. (www.antoniomoralesgc.com)
