Domingo, 17 de septiembre.
La nueva Presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, está buscando una solución al conflicto abierto por el cambio de vocales en el consejo de administración del ente después de la renovación del equipo tras las elecciones del pasado 28 de mayo, cuando la entrada de Airam Díaz, muy próximo a Coalición Canaria (CC) y con estrechos lazos personales con Fernando Clavijo, y de María Fernández, consejera en el Cabildo de Gran Canaria por la formación nacionalista, en representación de la comunidad autónoma, dejó fuera a los alcaldes de Agüimes y Puerto del Rosario (Fuerteventura), Óscar Hernández y David de Vera, respectivamente.
Estas salidas han generado una gran controversia porque supone dejar fuera del órgano que toma las decisiones del Puerto a dos de los municipios con más peso portuario: Agüimes, por el Puerto de Arinaga, que está llamado al crecimiento y a la entrada de proyectos en los próximos años; y Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura y enclave de uno de los puertos de interés del Estado.
Ambos han exigido su readmisión en el consejo y la solución que ha encontrado Calzada para lograr la paz es solicitar a Puertos del Estado una modificación de la Ley de Puertos con el objetivo de elevar en dos el número de asientos en Las Palmas, que de por sí ya es una excepción, puesto que cuenta con dos vocales más que el resto de las autoridades portuarias de España.
"Vamos a plantear una modificación de la ley para que la representación de los ayuntamientos que tienen puertos de interés general esté garantizada y no se tenga que estar con esto", ha indicado Beatriz Calzada, que apunta que ya se cuenta con una propuesta en este sentido para enviar a Madrid.
"Creemos que se debería haber hecho hace tiempo", asegura Calzada, que aboga por recogerlo en la ley para que no sea el Gobierno de Canarias "el que tenga que ceder sus asientos" a estos puertos.
Pese a esta maniobra, se pregunta por qué no son los cabildos los que ceden su representante a estos puertos, pero "eso parece imposible y se le exige al gobierno, pero vamos a mirar la posibilidad de esas dos plazas más y vamos a pelearlo".
Distintas fuentes consultadas apuntan al riesgo de crear estas dos plazas sin asignación concreta, puesto que hay otras organizaciones que reclaman también su asiento en el consejo, como son Asocelpa y las cámaras de comercio.
En este último caso, las tres de la provincia (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) comparten por períodos un único asiento, algo que también está siendo objeto de polémica en los últimos años y que aún no está resuelto.
