Martes, 19 de septiembre.
Redacción
El Grupo Municipal Socialista presentará al pleno ordinario del Ayuntamiento de Agüimes, correspondiente a este mes de septiembre, una moción para modificar el artículo 5.2 de la Ordenanza MI-02 del Impuesto de Tracción Mecánica para posibilitar que los ciudadanos-as de Agüimes que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, y que cuenten con la debida certificación emitida por cualquier órgano según la ley, no se vea limitada esa justificación de la discapacidad al certificado emitido por la comunidad autónoma como se exige en la actualidad en la ordenanza municipal.
En una nota de prensa remitida a nuestra redacción, el PSOE de Agüimes señala que "teniendo en cuenta que las necesidades de las personas se satisfacen de manera individual con los propios recursos, o bien de manera colectiva, mediante la aportación de una porción de sus ingresos vía impuestos, y cuya finalidad no es otra que contribuir al sostenimiento de los servicios públicos, es apropiado tener en cuenta que las personas con discapacidad incurren en gastos adicionales, lo que es una desventaja significativa para el desarrollo de un proyecto de vida autónomo y en igualdad de condiciones".
Un ejemplo de estos impuestos que contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos, agrega, "es el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), regulado en los artículos 92 a 99 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)".
En concreto, en el artículo 93 de habla de que "las personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33% están exentos del pago del citado impuesto".
La ordenanza municipal sobre este impuesto considera a la comunidad autónoma como el único órgano competente para emitir el grado de discapacidad, ignorando el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que dispone que tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se le haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o gran invalidez y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
El reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado en cuenta la jurisprudencia vigente y sentencias judiciales expuestas en la moción, que se puede admitir cualquier certificado que acredite el grado de minusvalía, emitido por cualquiera de los organismos recogidos en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, desarrolladas en el reglamento, por el que se determina la consideración de personas con disparidad (donde también se enumera como uno de los posibles certificados el emitido por el órgano competente de la comunidad autónoma).
Sin duda, apunta el testo de la moción socialista, firmada por su portavoz, Pepa Méndez, "es una medida que apuesta claramente por las personas con discapacidad y va en línea de contribuir a que desarrollen un proyecto de vida en igualdad de condiciones".
