Jueves, 22 de enero.
Redacción
Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) emitió el miércoles un comunicado en el que denuncia públicamente lo que califican como una situación de precariedad extrema y falta de efectivos en la 2ª Compañía de la Comandancia de Las Palmas.
Según la organización, este déficit de personal está provocando un colapso operativo que afecta gravemente a la seguridad ciudadana en los puestos principales de Agüimes, Vecindario y Puerto Rico-Mogán, áreas clave por su densidad demográfica y actividad turística.
La organización señala que la situación alcanza niveles críticos en el Puesto Principal de Vecindario, donde JUCIL subraya que, a pesar de tener una demarcación que supera los 76.000 habitantes, una cifra que, según la normativa, requeriría la presencia de una Comisaría de Policía Nacional, la Guardia Civil apenas logra mantener una única patrulla en la calle.
La asociación advierte que esta mínima dotación operativa queda automáticamente anulada en el momento en que se produce una detención o el traslado de un individuo a disposición judicial, lo que provoca que durante esos periodos el servicio de seguridad ciudadana sea inexistente y la zona quede sin vigilancia efectiva.
Para intentar mitigar esta carencia de personal, JUCIL explica que la Comandancia está recurriendo de forma sistemática a los denominados Núcleos de Compañía, una práctica habitual, sobre todo en los turnos nocturnos, que consiste en unir a un guardia civil de un puesto con otro agente de una localidad diferente para conformar una única patrulla, la cual debe encargarse de atender los avisos de toda la compañía.
Desde la asociación tildan esta maniobra de temeridad, argumentando que un solo recurso policial es insuficiente para cubrir zonas caracterizadas por un volumen de turismo masivo, presencia de discotecas y una alta densidad de población, e insisten en que, ante un incidente en curso o una detención, el resto de la demarcación queda totalmente desprotegida.
El impacto de la falta de agentes no se limita a la seguridad en las calles, sino que también ha colapsado la atención administrativa al ciudadano.
JUCIL pone como ejemplo el Puesto Principal de Agüimes, donde aseguran que solo hay un efectivo por turno destinado a la instrucción de diligencias, una limitación que obliga a los ciudadanos/as a soportar esperas de hasta tres horas para poder interponer una denuncia.
La asociación vincula este problema a un desequilibrio interno en la distribución de tareas, criticando el exceso de personal dedicado a labores burocráticas y de oficina, como la gestión de estadísticas en el sistema SIGO, citaciones o inspecciones oculares, en detrimento de la presencia policial en la vía pública.
Esta sobrecarga de trabajo y la gestión de los recursos humanos están generando, según denuncia la asociación, un efecto de bucle en la salud laboral de la plantilla.
El descontento por el reparto de tareas y la presión asistencial está provocando un aumento significativo de las bajas psicológicas e indisposiciones entre los agentes, lo que a su vez agrava aún más la falta de patrullas operativas disponibles. J
UCIL advierte que el cansancio acumulado de los guardias civiles y la creciente sensación de inseguridad entre los vecinos han llevado la situación a un punto de no retorno en una zona sur de la isla que, por su concentración de viviendas vacacionales y ocio nocturno, requiere una presencia policial constante.
Ante este escenario, la asociación exige a la Dirección General de la Guardia Civil una revisión urgente de los catálogos de puestos de trabajo y una fiscalización real de las funciones que desempeña el personal, con el objetivo de priorizar la seguridad ciudadana y la prevención de delitos frente a las tareas de despacho.
JUCIL, que cuenta con más de 15.000 agentes afiliados y se define como una organización combativa en la defensa de los derechos laborales y la reputación del Instituto, reitera que sus objetivos pasan por la equiparación salarial, la mejora de las condiciones laborales y la defensa de un despliegue eficaz que permita al cuerpo ejercer las competencias que tiene legalmente atribuidas.
Según la organización, este déficit de personal está provocando un colapso operativo que afecta gravemente a la seguridad ciudadana en los puestos principales de Agüimes, Vecindario y Puerto Rico-Mogán, áreas clave por su densidad demográfica y actividad turística.
La organización señala que la situación alcanza niveles críticos en el Puesto Principal de Vecindario, donde JUCIL subraya que, a pesar de tener una demarcación que supera los 76.000 habitantes, una cifra que, según la normativa, requeriría la presencia de una Comisaría de Policía Nacional, la Guardia Civil apenas logra mantener una única patrulla en la calle.
La asociación advierte que esta mínima dotación operativa queda automáticamente anulada en el momento en que se produce una detención o el traslado de un individuo a disposición judicial, lo que provoca que durante esos periodos el servicio de seguridad ciudadana sea inexistente y la zona quede sin vigilancia efectiva.
Para intentar mitigar esta carencia de personal, JUCIL explica que la Comandancia está recurriendo de forma sistemática a los denominados Núcleos de Compañía, una práctica habitual, sobre todo en los turnos nocturnos, que consiste en unir a un guardia civil de un puesto con otro agente de una localidad diferente para conformar una única patrulla, la cual debe encargarse de atender los avisos de toda la compañía.
Desde la asociación tildan esta maniobra de temeridad, argumentando que un solo recurso policial es insuficiente para cubrir zonas caracterizadas por un volumen de turismo masivo, presencia de discotecas y una alta densidad de población, e insisten en que, ante un incidente en curso o una detención, el resto de la demarcación queda totalmente desprotegida.
El impacto de la falta de agentes no se limita a la seguridad en las calles, sino que también ha colapsado la atención administrativa al ciudadano.
JUCIL pone como ejemplo el Puesto Principal de Agüimes, donde aseguran que solo hay un efectivo por turno destinado a la instrucción de diligencias, una limitación que obliga a los ciudadanos/as a soportar esperas de hasta tres horas para poder interponer una denuncia.
La asociación vincula este problema a un desequilibrio interno en la distribución de tareas, criticando el exceso de personal dedicado a labores burocráticas y de oficina, como la gestión de estadísticas en el sistema SIGO, citaciones o inspecciones oculares, en detrimento de la presencia policial en la vía pública.
Esta sobrecarga de trabajo y la gestión de los recursos humanos están generando, según denuncia la asociación, un efecto de bucle en la salud laboral de la plantilla.
El descontento por el reparto de tareas y la presión asistencial está provocando un aumento significativo de las bajas psicológicas e indisposiciones entre los agentes, lo que a su vez agrava aún más la falta de patrullas operativas disponibles. J
UCIL advierte que el cansancio acumulado de los guardias civiles y la creciente sensación de inseguridad entre los vecinos han llevado la situación a un punto de no retorno en una zona sur de la isla que, por su concentración de viviendas vacacionales y ocio nocturno, requiere una presencia policial constante.
Ante este escenario, la asociación exige a la Dirección General de la Guardia Civil una revisión urgente de los catálogos de puestos de trabajo y una fiscalización real de las funciones que desempeña el personal, con el objetivo de priorizar la seguridad ciudadana y la prevención de delitos frente a las tareas de despacho.
JUCIL, que cuenta con más de 15.000 agentes afiliados y se define como una organización combativa en la defensa de los derechos laborales y la reputación del Instituto, reitera que sus objetivos pasan por la equiparación salarial, la mejora de las condiciones laborales y la defensa de un despliegue eficaz que permita al cuerpo ejercer las competencias que tiene legalmente atribuidas.