Lunes, 12 de enero.
La autoridad judicial ha prohibido de forma cautelar a la responsable de la Asociación Protectora de Animales Héroes tener animales y ejercer cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con ellos mientras se tramita una causa penal abierta en su contra por un presunto delito de maltrato.
Al mismo tiempo, ha autorizado que los 28 perros y dos gatos incautados en la operación llevada a cabo el pasado año por el Seprona de la Guardia Civil, puedan ser dados en adopción, tras quedar bajo tutela provisional del Albergue Insular de Animales de Gran Canaria.
Así lo acuerdan dos autos dictados por la magistrada titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, que resuelven las solicitudes formuladas tanto por la Fiscalía como por la acusación popular, ejercida por la letrada Maite Bautista, de la Asociación de Abogados Pro Defensa de los Animales (Prota).
La causa tiene su origen en la investigación desarrollada por la Guardia Civil, que culminó en septiembre de 2025 con una entrada y registro en las instalaciones de la protectora en Montaña Los Vélez (Agüimes).
En esa actuación se procedió a la incautación de los 28 perros y dos gatos, así como a su traslado al albergue, tras constatarse graves deficiencias en su estado de salud y en las condiciones del recinto.
Según la magistrada Cristina Sbert Pinilla, la investigada era la encargada y responsable del cuidado y atención de los animales, que recogía de forma continuada desde 2019.
Sin embargo, la describe que lo hacía con "absoluto desprecio por la vida y salud de los animales", desatendiendo "consciente y voluntariamente" su situación física y anímica.
Detalla que los informes incorporados a la causa ponen de manifiesto una infestación de parásitos, acumulación de basuras y excrementos, una total falta de higiene y labores de prevención y limpieza, así como una grave carencia en el suministro de alimentos y de atenciones veterinarias para la mayoría de los perros y gatos existentes.
Todo ello habría provocado la muerte por desnutrición de animales y una situación "descontrolada y carente de las mínimas atenciones sanitarias, higiénicas y alimentarias", especialmente desde junio de 2024 hasta la actualidad.
Entre la documentación analizada figuran informes del Seprona, de veterinarios y la entrada y registro de septiembre de 2025.
En uno de los documentos, el Seprona concluye que el estado de algunos animales mostraba "signos evidentes de desnutrición y falta de atención veterinaria adecuada", y que el cúmulo de residuos y materiales desechables hacía del lugar "un nicho ideal para la proliferación de plagas de insectos y roedores, transmisores de múltiples enfermedades infectocontagiosas".
Los veterinarios constataron un estado sanitario muy deficiente, ausencia de vacunación obligatoria, extrema delgadez, lesiones graves sin tratamiento, como tumores mamarios de larga evolución, y un estado general que "menoscaba la salud y puede derivar en complicaciones y muerte".
En cuanto a las instalaciones, no reunían los requisitos técnicos ni normativos y los alojamientos presentan graves deficiencias.
La magistrada consideró imprescindible la adopción de las medidas cautelares solicitadas para proteger el bien jurídico de los animales domésticos y evitar que el riesgo se materialice durante la tramitación del procedimiento.
En ese contexto, acuerda la prohibición cautelar por parte de la mujer investigada de ejercer profesión, oficio o comercio relacionado con animales y de su tenencia, al apreciar una situación de riesgo grave y actual.
En paralelo, la resolución confirma el decomiso de los animales incautados y autoriza expresamente al Albergue Insular de Animales a incluirlos en los programas oficiales de adopción, posibilitando su entrega a personas interesadas y aptas para una tenencia responsable, como así interesó la asociación Prota.
La magistrada subraya de manera firme que esta medida resulta necesaria para garantizar el bienestar de los animales en cuestión.
Al mismo tiempo, ha autorizado que los 28 perros y dos gatos incautados en la operación llevada a cabo el pasado año por el Seprona de la Guardia Civil, puedan ser dados en adopción, tras quedar bajo tutela provisional del Albergue Insular de Animales de Gran Canaria.
Así lo acuerdan dos autos dictados por la magistrada titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, que resuelven las solicitudes formuladas tanto por la Fiscalía como por la acusación popular, ejercida por la letrada Maite Bautista, de la Asociación de Abogados Pro Defensa de los Animales (Prota).
La causa tiene su origen en la investigación desarrollada por la Guardia Civil, que culminó en septiembre de 2025 con una entrada y registro en las instalaciones de la protectora en Montaña Los Vélez (Agüimes).
En esa actuación se procedió a la incautación de los 28 perros y dos gatos, así como a su traslado al albergue, tras constatarse graves deficiencias en su estado de salud y en las condiciones del recinto.
Según la magistrada Cristina Sbert Pinilla, la investigada era la encargada y responsable del cuidado y atención de los animales, que recogía de forma continuada desde 2019.
Sin embargo, la describe que lo hacía con "absoluto desprecio por la vida y salud de los animales", desatendiendo "consciente y voluntariamente" su situación física y anímica.
Detalla que los informes incorporados a la causa ponen de manifiesto una infestación de parásitos, acumulación de basuras y excrementos, una total falta de higiene y labores de prevención y limpieza, así como una grave carencia en el suministro de alimentos y de atenciones veterinarias para la mayoría de los perros y gatos existentes.
Todo ello habría provocado la muerte por desnutrición de animales y una situación "descontrolada y carente de las mínimas atenciones sanitarias, higiénicas y alimentarias", especialmente desde junio de 2024 hasta la actualidad.
Entre la documentación analizada figuran informes del Seprona, de veterinarios y la entrada y registro de septiembre de 2025.
En uno de los documentos, el Seprona concluye que el estado de algunos animales mostraba "signos evidentes de desnutrición y falta de atención veterinaria adecuada", y que el cúmulo de residuos y materiales desechables hacía del lugar "un nicho ideal para la proliferación de plagas de insectos y roedores, transmisores de múltiples enfermedades infectocontagiosas".
Los veterinarios constataron un estado sanitario muy deficiente, ausencia de vacunación obligatoria, extrema delgadez, lesiones graves sin tratamiento, como tumores mamarios de larga evolución, y un estado general que "menoscaba la salud y puede derivar en complicaciones y muerte".
En cuanto a las instalaciones, no reunían los requisitos técnicos ni normativos y los alojamientos presentan graves deficiencias.
La magistrada consideró imprescindible la adopción de las medidas cautelares solicitadas para proteger el bien jurídico de los animales domésticos y evitar que el riesgo se materialice durante la tramitación del procedimiento.
En ese contexto, acuerda la prohibición cautelar por parte de la mujer investigada de ejercer profesión, oficio o comercio relacionado con animales y de su tenencia, al apreciar una situación de riesgo grave y actual.
En paralelo, la resolución confirma el decomiso de los animales incautados y autoriza expresamente al Albergue Insular de Animales a incluirlos en los programas oficiales de adopción, posibilitando su entrega a personas interesadas y aptas para una tenencia responsable, como así interesó la asociación Prota.
La magistrada subraya de manera firme que esta medida resulta necesaria para garantizar el bienestar de los animales en cuestión.