Domingo, 26 de octubre.Antonio Morales*
Un sector importante de la ciudadanía tiene una opinión de la política y de los políticos tristemente descorazonadora. Un porcentaje importante de la población española denosta la práctica política, a la que relaciona con la corrupción y la incapacidad por implicarse en la resolución de los asuntos de interés general que afectan al ciudadano en el día a día.
Siendo esto así, sin ningún tipo de dudas, para el conjunto de la política y las instituciones, la percepción que se tiene sobre el municipalismo no responde a los mismos parámetros de rechazo. Para el Director del Instituto del Gobierno y Políticas Públicas de Universidad Autónoma de Barcelona, "no se puede confundir a cuatro sinvergüenzas con miles de alcaldes que tratan de hacer lo que pueden sin los medios adecuados. Los necesitamos más que nunca".
Así, mientras para unas elecciones a las Cortes, la participación en las urnas no pasa de un 50 ó 60 por ciento de media, en las elecciones municipales, este porcentaje se supera ampliamente, acercándose a un 80%.
En el sociobarómetro del CES, publicado en el mes de julio, aparecían los Ayuntamientos canarios con el mayor grado de confianza otorgado a las instituciones públicas, frente a un porcentaje menor de confianza en los Cabildos y el Gobierno autonómico y a la pésima valoración de la gestión del actual Gobierno de Canarias, formado por la coalición entre Coalición Canaria y el Partido Popular.
En todos los estudios sociológicos aparece, meridianamente claro, un menor cuestionamiento a los pagos de los impuestos municipales que el que existe hacia los cobrados por las Autonomías y el Gobierno central; y eso que el 50% de los recursos de los Ayuntamientos provienen de impuestos directos.
Pues bien, a pesar de todo esto, los municipios son los grandes olvidados y ninguneados del sistema democrático. La Constitución Española consagra la autonomía de los entes locales, pero treinta años después de haberse aprobado, estos no la han visto todavía plenamente reconocida, ni en la vertiente política ni tampoco en la financiera.
Siendo esto así, sin ningún tipo de dudas, para el conjunto de la política y las instituciones, la percepción que se tiene sobre el municipalismo no responde a los mismos parámetros de rechazo. Para el Director del Instituto del Gobierno y Políticas Públicas de Universidad Autónoma de Barcelona, "no se puede confundir a cuatro sinvergüenzas con miles de alcaldes que tratan de hacer lo que pueden sin los medios adecuados. Los necesitamos más que nunca".
Así, mientras para unas elecciones a las Cortes, la participación en las urnas no pasa de un 50 ó 60 por ciento de media, en las elecciones municipales, este porcentaje se supera ampliamente, acercándose a un 80%.
En el sociobarómetro del CES, publicado en el mes de julio, aparecían los Ayuntamientos canarios con el mayor grado de confianza otorgado a las instituciones públicas, frente a un porcentaje menor de confianza en los Cabildos y el Gobierno autonómico y a la pésima valoración de la gestión del actual Gobierno de Canarias, formado por la coalición entre Coalición Canaria y el Partido Popular.
En todos los estudios sociológicos aparece, meridianamente claro, un menor cuestionamiento a los pagos de los impuestos municipales que el que existe hacia los cobrados por las Autonomías y el Gobierno central; y eso que el 50% de los recursos de los Ayuntamientos provienen de impuestos directos.
Pues bien, a pesar de todo esto, los municipios son los grandes olvidados y ninguneados del sistema democrático. La Constitución Española consagra la autonomía de los entes locales, pero treinta años después de haberse aprobado, estos no la han visto todavía plenamente reconocida, ni en la vertiente política ni tampoco en la financiera.
En estos momentos de discusión de los Presupuestos Generales del Estado y de la negociación de la financiación de las Autonomías, los Ayuntamientos siguen siendo los grandes olvidados y despreciados.
Durante todos estos años de consolidación del modelo autonómico, se han ido negociando y acordando incontables transferencias entre el Gobierno central y las distintas Autonomías, e incluso, entre estas y los Cabildos y Diputaciones. Hasta ahí. De llegar al siguiente escalón todos se han olvidado. La descentralización no ha llegado a los más de ocho mil municipios españoles que permanecen igual que en 1979, con el agravante de que han ido asumiendo competencias impropias durante estos años, invirtiendo en ello más de un 30% de sus presupuestos.
Hoy, más que nunca, se alzan distintas voces desde el municipalismo y el resto de la sociedad demandando una reforma de la financiación local que consiga dotar a los gobiernos locales de una financiación adecuada y suficiente. El propio José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados, afirmó que "la situación financiera local requiere una reforma más estructural, vinculada a la del sistema general de financiación autonómica, que permita una financiación suficiente para los servicios que asumen los Ayuntamientos... Es necesario abordar la discusión de la situación financiera de las entidades locales y su necesaria reforma".
Durante todos estos años de consolidación del modelo autonómico, se han ido negociando y acordando incontables transferencias entre el Gobierno central y las distintas Autonomías, e incluso, entre estas y los Cabildos y Diputaciones. Hasta ahí. De llegar al siguiente escalón todos se han olvidado. La descentralización no ha llegado a los más de ocho mil municipios españoles que permanecen igual que en 1979, con el agravante de que han ido asumiendo competencias impropias durante estos años, invirtiendo en ello más de un 30% de sus presupuestos.
Hoy, más que nunca, se alzan distintas voces desde el municipalismo y el resto de la sociedad demandando una reforma de la financiación local que consiga dotar a los gobiernos locales de una financiación adecuada y suficiente. El propio José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados, afirmó que "la situación financiera local requiere una reforma más estructural, vinculada a la del sistema general de financiación autonómica, que permita una financiación suficiente para los servicios que asumen los Ayuntamientos... Es necesario abordar la discusión de la situación financiera de las entidades locales y su necesaria reforma".
Estas palabras, que llenaron de ilusión al municipalismo español, se han quedado en agua de borrajas. La última propuesta del reparto financiero realizada por Solbes ahoga aún más a los Ayuntamientos.
En estos momentos de crisis e incertidumbre, son los Ayuntamientos, sus Alcaldes y Concejales, los que dan la cara de una manera directa, ante sus ciudadanos. Como afirma el Catedrático de Economía Aplicada, Javier Suárez Pandieno, "al Alcalde se le ve tomando vinos; al Ministro, por televisión. Los vecinos les piden soluciones a ellos porque están más cerca".
Para Gaspar Llamazares, "el recorte de Solbes puede provocar la asfixia económica de la mayoría de los municipios, obligándoles a recortar plantillas, paralizar obras y disminuir servicios en políticas de infancia, juventud, igualdad, sanidad, mayores, deportes, transporte, vivienda o empleo. Las políticas no se hacen en el aire, se ejercen en las ciudades".
Está claro que sin un equilibrio político, económico y social corremos el riesgo de hacer quebrar, por la parte más frágil, el Estado de Derecho. La deuda de los municipios españoles supera en la actualidad los ocho mil millones de euros, paradójicamente una deuda menor que la de las autonomías, aún haciendo una inversión global en obra pública muy por encima de la que realizan los gobiernos autónomos.
Pero el Gobierno Central no solo baja en estos próximos presupuestos el dinero destinado a los municipios, sino que la prometida compensación por la desaparición del IAE, el 20% de los impuestos municipales, o la financiación de las competencias impropias, quedan en el aire.
Para el Presidente de la FEMP, Pedro Castro, Alcalde de Getafe, "las incertidumbres de la economía, la evolución del empleo, la dificultad del acceso a la vivienda, la sostenibilidad o los problemas de convivencia se sufren en los pueblos y ciudades y se tienen que abordar desde el territorio".
Hoy más que nunca, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), en el caso de Canarias, están obligadas a romper ataduras y a dejar de ser instrumentos de los gobiernos de turno, para hacer posible un auténtico municipalismo que redunde en mejoras y calidad de vida para la colectividad por la que trabajan.
Hoy más que nunca, los municipios debemos pelear para que se nos tenga en cuenta en los PGE; para que se nos compense la deuda histórica soportada por la asunción de competencias impropias durante tantos años; para que se distribuyan los repartos del REF de manera que los Cabildos y los Ayuntamientos participemos con un 50% cada uno y no con el 60% - 40% actual; para que se respete la Constitución y podamos ejercer nuestras competencias sin ningún tipo de trabas; para que participemos adecuadamente en los ingresos generales del Estado y en los de las Comunidades Autónomas; para que además, no tengamos que seguir soportando un incesante incremento de las deudas, tributarias y no tributarias, que otras administraciones públicas mantienen con los municipios.
Para José Antonio Marina, "la Democracia nació al mismo tiempo que el ciudadano. El civismo es el modo adecuado, justo y creador de ejercer la ciudadanía; es la esencia de la Democracia. Comienza en las formas externas de convivencia, en la urbanidad, que es el modo de vivir en la urbe, continúa por las rutas de la civilización , que es la cultura de la "civitas", de la ciudad, y acaba en la política, que es el modo de organizar la "polis", de nuevo la ciudad. La Democracia es un modo de vida que se concreta en el civismo activo. Al fomentarlo, las administraciones locales están colaborando a un gran proyecto ético en el que los tres deseos humanos (bienestar, sociabilidad y ampliación de posibilidades) podrán realizarse".
Para Joan Subirats, Catedrático de Ciencias Políticas, "hemos de aceptar que el bienestar individual y colectivo de los ciudadanos, depende cada vez más de la capacidad de servicio y de la capacidad de gestionar servicios y recursos desde la cercanía de gobiernos locales. Los problemas de la gente requieren políticas pensadas y gestionadas desde la proximidad, con lógicas transversales y con mecanismos y estilos de gobierno y gestión participativos. En definitiva, sin reforzar los Ayuntamientos no aseguraremos el bienestar ciudadano".
En estos momentos de crisis e incertidumbre, son los Ayuntamientos, sus Alcaldes y Concejales, los que dan la cara de una manera directa, ante sus ciudadanos. Como afirma el Catedrático de Economía Aplicada, Javier Suárez Pandieno, "al Alcalde se le ve tomando vinos; al Ministro, por televisión. Los vecinos les piden soluciones a ellos porque están más cerca".
Para Gaspar Llamazares, "el recorte de Solbes puede provocar la asfixia económica de la mayoría de los municipios, obligándoles a recortar plantillas, paralizar obras y disminuir servicios en políticas de infancia, juventud, igualdad, sanidad, mayores, deportes, transporte, vivienda o empleo. Las políticas no se hacen en el aire, se ejercen en las ciudades".
Está claro que sin un equilibrio político, económico y social corremos el riesgo de hacer quebrar, por la parte más frágil, el Estado de Derecho. La deuda de los municipios españoles supera en la actualidad los ocho mil millones de euros, paradójicamente una deuda menor que la de las autonomías, aún haciendo una inversión global en obra pública muy por encima de la que realizan los gobiernos autónomos.
Pero el Gobierno Central no solo baja en estos próximos presupuestos el dinero destinado a los municipios, sino que la prometida compensación por la desaparición del IAE, el 20% de los impuestos municipales, o la financiación de las competencias impropias, quedan en el aire.
Para el Presidente de la FEMP, Pedro Castro, Alcalde de Getafe, "las incertidumbres de la economía, la evolución del empleo, la dificultad del acceso a la vivienda, la sostenibilidad o los problemas de convivencia se sufren en los pueblos y ciudades y se tienen que abordar desde el territorio".
Hoy más que nunca, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), en el caso de Canarias, están obligadas a romper ataduras y a dejar de ser instrumentos de los gobiernos de turno, para hacer posible un auténtico municipalismo que redunde en mejoras y calidad de vida para la colectividad por la que trabajan.
Hoy más que nunca, los municipios debemos pelear para que se nos tenga en cuenta en los PGE; para que se nos compense la deuda histórica soportada por la asunción de competencias impropias durante tantos años; para que se distribuyan los repartos del REF de manera que los Cabildos y los Ayuntamientos participemos con un 50% cada uno y no con el 60% - 40% actual; para que se respete la Constitución y podamos ejercer nuestras competencias sin ningún tipo de trabas; para que participemos adecuadamente en los ingresos generales del Estado y en los de las Comunidades Autónomas; para que además, no tengamos que seguir soportando un incesante incremento de las deudas, tributarias y no tributarias, que otras administraciones públicas mantienen con los municipios.
Para José Antonio Marina, "la Democracia nació al mismo tiempo que el ciudadano. El civismo es el modo adecuado, justo y creador de ejercer la ciudadanía; es la esencia de la Democracia. Comienza en las formas externas de convivencia, en la urbanidad, que es el modo de vivir en la urbe, continúa por las rutas de la civilización , que es la cultura de la "civitas", de la ciudad, y acaba en la política, que es el modo de organizar la "polis", de nuevo la ciudad. La Democracia es un modo de vida que se concreta en el civismo activo. Al fomentarlo, las administraciones locales están colaborando a un gran proyecto ético en el que los tres deseos humanos (bienestar, sociabilidad y ampliación de posibilidades) podrán realizarse".
Para Joan Subirats, Catedrático de Ciencias Políticas, "hemos de aceptar que el bienestar individual y colectivo de los ciudadanos, depende cada vez más de la capacidad de servicio y de la capacidad de gestionar servicios y recursos desde la cercanía de gobiernos locales. Los problemas de la gente requieren políticas pensadas y gestionadas desde la proximidad, con lógicas transversales y con mecanismos y estilos de gobierno y gestión participativos. En definitiva, sin reforzar los Ayuntamientos no aseguraremos el bienestar ciudadano".
*Antonio Morales es Alcalde del Ayuntamiento de Agüimes.
