Domingo, 28 de diciembre.Antonio Morales*
Sin ningún tipo de dudas, el energético ha sido siempre un sector estratégico y clave en la evolución económica de un país. A lo largo de la historia, la producción y distribución de la energía ha sido celosamente gestionada por el Estado, aún en los casos de los liberalismos conservadores más recalcitrantes. Eso era así también hasta hace muy poco en España, donde una privatización apresurada, irregular e irresponsable, ha situado a este país en una situación de fragilidad energética en manos de una cierta clase empresarial absolutamente voraz y especulativa.
Fue Felipe González quien dio los primeros pasos para la privatización de las eléctricas en España. Llegó a decir de las grandes empresas públicas que eran "como tener un elefante en el patio de una casa".
Pero es realmente en la etapa de presidencia de José María Aznar (05 de Mayo de 1996 a 17 de Abril de 2004) cuando se cometieron los mayores desafueros. Se inició y culminó entonces una alevosa tropelía sacrificando importantes y rentables empresas públicas para ponerlas en manos de una iniciativa privada que, a partir de ese momento, se preocupó fundamentalmente de enriquecerse a costa de bajar la calidad de los servicios, su mantenimiento y su control.
Se armó así un peligroso poder dentro del Estado capaz de quitar y poner ministros a su antojo, como reconoció el propio Joan Clos, que fue cesado porque exigió la devolución a las eléctricas de 2.500 millones de euros que habían cobrado de más, desde la famosa inyección de dinero público de Aznar para hacer frente a los "costes de transición a la competencia", y porque les reclamó 1.074 millones pagados por el Estado por los derechos de emisión de gases.
Se creó así, de manera irregular, una casta oligárquica peligrosísima que ha puesto y pone en riesgo la seguridad energética de este país, como hemos visto en los últimas semanas intentando poner en manos de una potencia extranjera, Rusia, uno de nuestros más preciados valores estratégicos.
Para el Tribunal de Cuentas, las privatizaciones realizadas por José Mª Aznar tuvieron "actuaciones no acordes con los procedimientos establecidos". Muchas de las acciones privatizadoras de los gobiernos del PP se hicieron a un precio, según el TC, "sensiblemente inferior" al establecido en valoraciones independientes, e incluso se hicieron "ajustes que dieron lugar a una importante minoración del precio señalado en los respectivos contratos".
En el caso de Repsol y Endesa, en 1997 dos de los bancos de negocios preseleccionados para desempeñar funciones de coordinación global, eran a su vez accionistas de la petrolera y tenían participaciones en el capital de la eléctrica, "lo que pudo afectar a la transparencia del proceso y generar conflictos de interés". Fíjense que finos y discretos los del Tribunal.
La privatización de Red Eléctrica Española fue gestionada en 1999 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con "falta de claridad y transparencia" en beneficio exclusivo de las compañías del sector y "de espaldas al interés general", según el TC. Los grandes beneficiarios fueron Iberdrola y Endesa.
El PP, en estos años, privatizó radicalmente, pero no liberalizó, el sistema energético español, propiciando así un monopolio brutal. Aznar desmontó vertiginosamente el sector público que al momento entró en una espiral de especulación, de falta de mantenimiento y de utilización de los fondos de compensación para la compra de eléctricas en Latinoamérica.
Para Antonio Zabalza, Presidente de ERCROS, "la privatización del sector en España hizo un flaco favor al nivel de competencia del mercado resultante. Globalmente considerada, la política de privatización, tal y como se llevó a cabo, fue ineficiente".
Con el paso de los años, la irresponsabilidad de estas empresas ha propiciado que este sector estratégico nuestro haya ido cayendo en manos de empresas extranjeras como es el caso de E.On o ENEL, y ahora estamos a punto de dejar entrar a Rusia, que utiliza la energía como una peligrosa arma política. Y a todas éstas, Aznar, Consejero de Estado ahora, haciendo de valedor de los rusos y sus intereses.
También se nos debería aclarar a los españoles cuál ha sido el papel del Rey en esta operación, como han señalado algunos medios de comunicación, algo absolutamente imprescindible para que podamos seguir creyendo en un Estado de Derecho con todas las garantías.
En los últimos días, la crisis de las inmobiliarias que se arrimaron a la energía, como hicieron aquí los constructores con Gascan para alcanzar más poder como arma de poder político, ha puesto en marcha una serie de medidas especulativas y de hachazo al interés general de los españoles propiciando con la banca, fundamentalmente La Caixa y el Santander, que se ponga en riesgo la seguridad de España. No les importa que los compradores sean o no mafiosos. Se trata de salvarse ellos y punto.
Que lejos estamos de Italia, Francia y Noruega, en Europa, o de Rusia, China, Brasil o Venezuela, que conservan su ENEL y ENI (Italia), EDF, SUEZ o Gaz de France (Francia); Statoil Norsk Hydro (Noruega) o Petrochina (China), Petrobras (Brasil) y PDVSA (Venezuela).
Algunas empresas españolas hablan en estos momentos de "regulación asimétrica" y presentan quejas al Departamento de Mercado Interior de la UE. Se quejan ahora, porque los estados europeos citados defienden sus derechos frente al despilfarro de España. Después de hartarse de jugar al Monopoly a cuenta del patrimonio de los españoles, estas constructoras, bancas y energéticas irresponsables pretenden hacer caja devolviendo sus empresas al Estado, pero al Estado extranjero, llámese Rusia, Alemania o Italia, con una peligrosa colaboración desde el interior por acción y por omisión.
A lo mejor pasado un tiempo volveremos a la situación que plantea Antonio Catricalá, Presidente de la Autoridad Antimonopolio de Italia, que afirma que "lo cierto es que, algún día, deberemos distinguir entre el mercado y los servicios universales". Pero mientras esto no suceda, aquí seguimos subiendo y subiendo las tarifas eléctricas al dictado caprichoso de este oligopolio energético que padecemos.
Fue Felipe González quien dio los primeros pasos para la privatización de las eléctricas en España. Llegó a decir de las grandes empresas públicas que eran "como tener un elefante en el patio de una casa".
Pero es realmente en la etapa de presidencia de José María Aznar (05 de Mayo de 1996 a 17 de Abril de 2004) cuando se cometieron los mayores desafueros. Se inició y culminó entonces una alevosa tropelía sacrificando importantes y rentables empresas públicas para ponerlas en manos de una iniciativa privada que, a partir de ese momento, se preocupó fundamentalmente de enriquecerse a costa de bajar la calidad de los servicios, su mantenimiento y su control.
Se armó así un peligroso poder dentro del Estado capaz de quitar y poner ministros a su antojo, como reconoció el propio Joan Clos, que fue cesado porque exigió la devolución a las eléctricas de 2.500 millones de euros que habían cobrado de más, desde la famosa inyección de dinero público de Aznar para hacer frente a los "costes de transición a la competencia", y porque les reclamó 1.074 millones pagados por el Estado por los derechos de emisión de gases.
Se creó así, de manera irregular, una casta oligárquica peligrosísima que ha puesto y pone en riesgo la seguridad energética de este país, como hemos visto en los últimas semanas intentando poner en manos de una potencia extranjera, Rusia, uno de nuestros más preciados valores estratégicos.
Para el Tribunal de Cuentas, las privatizaciones realizadas por José Mª Aznar tuvieron "actuaciones no acordes con los procedimientos establecidos". Muchas de las acciones privatizadoras de los gobiernos del PP se hicieron a un precio, según el TC, "sensiblemente inferior" al establecido en valoraciones independientes, e incluso se hicieron "ajustes que dieron lugar a una importante minoración del precio señalado en los respectivos contratos".
En el caso de Repsol y Endesa, en 1997 dos de los bancos de negocios preseleccionados para desempeñar funciones de coordinación global, eran a su vez accionistas de la petrolera y tenían participaciones en el capital de la eléctrica, "lo que pudo afectar a la transparencia del proceso y generar conflictos de interés". Fíjense que finos y discretos los del Tribunal.
La privatización de Red Eléctrica Española fue gestionada en 1999 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con "falta de claridad y transparencia" en beneficio exclusivo de las compañías del sector y "de espaldas al interés general", según el TC. Los grandes beneficiarios fueron Iberdrola y Endesa.
El PP, en estos años, privatizó radicalmente, pero no liberalizó, el sistema energético español, propiciando así un monopolio brutal. Aznar desmontó vertiginosamente el sector público que al momento entró en una espiral de especulación, de falta de mantenimiento y de utilización de los fondos de compensación para la compra de eléctricas en Latinoamérica.
Para Antonio Zabalza, Presidente de ERCROS, "la privatización del sector en España hizo un flaco favor al nivel de competencia del mercado resultante. Globalmente considerada, la política de privatización, tal y como se llevó a cabo, fue ineficiente".
Con el paso de los años, la irresponsabilidad de estas empresas ha propiciado que este sector estratégico nuestro haya ido cayendo en manos de empresas extranjeras como es el caso de E.On o ENEL, y ahora estamos a punto de dejar entrar a Rusia, que utiliza la energía como una peligrosa arma política. Y a todas éstas, Aznar, Consejero de Estado ahora, haciendo de valedor de los rusos y sus intereses.
También se nos debería aclarar a los españoles cuál ha sido el papel del Rey en esta operación, como han señalado algunos medios de comunicación, algo absolutamente imprescindible para que podamos seguir creyendo en un Estado de Derecho con todas las garantías.
En los últimos días, la crisis de las inmobiliarias que se arrimaron a la energía, como hicieron aquí los constructores con Gascan para alcanzar más poder como arma de poder político, ha puesto en marcha una serie de medidas especulativas y de hachazo al interés general de los españoles propiciando con la banca, fundamentalmente La Caixa y el Santander, que se ponga en riesgo la seguridad de España. No les importa que los compradores sean o no mafiosos. Se trata de salvarse ellos y punto.
Que lejos estamos de Italia, Francia y Noruega, en Europa, o de Rusia, China, Brasil o Venezuela, que conservan su ENEL y ENI (Italia), EDF, SUEZ o Gaz de France (Francia); Statoil Norsk Hydro (Noruega) o Petrochina (China), Petrobras (Brasil) y PDVSA (Venezuela).
Algunas empresas españolas hablan en estos momentos de "regulación asimétrica" y presentan quejas al Departamento de Mercado Interior de la UE. Se quejan ahora, porque los estados europeos citados defienden sus derechos frente al despilfarro de España. Después de hartarse de jugar al Monopoly a cuenta del patrimonio de los españoles, estas constructoras, bancas y energéticas irresponsables pretenden hacer caja devolviendo sus empresas al Estado, pero al Estado extranjero, llámese Rusia, Alemania o Italia, con una peligrosa colaboración desde el interior por acción y por omisión.
A lo mejor pasado un tiempo volveremos a la situación que plantea Antonio Catricalá, Presidente de la Autoridad Antimonopolio de Italia, que afirma que "lo cierto es que, algún día, deberemos distinguir entre el mercado y los servicios universales". Pero mientras esto no suceda, aquí seguimos subiendo y subiendo las tarifas eléctricas al dictado caprichoso de este oligopolio energético que padecemos.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
