Antonio Morales*El día 21 de septiembre pasado escribí un artículo en este mismo medio (lo titulé "Vergel de belleza sin par") donde diseccionaba la situación real a la que la crisis había llevado a esta comunidad hasta ese momento. Afirmaba entonces que una maldita nube negra se había instalado sobre nuestras cabezas y amenazaba con una peligrosa tormenta frente a la inacción, incapacidad de reacción y falta de liderazgo del Gobierno de Canarias.
Poco más de dos meses después, la realidad ha ido sobrepasando los temores y las previsiones. En este período de tiempo la situación no ha dejado de empeorar y los medios de comunicación canarios nos han ido trasladando, casi cada día, los indicadores de un penoso día a día que nos desborda y tiene atemorizada a nuestra sociedad. Así hemos ido conociendo que más de cincuenta empresas han entrado recientemente en proceso concursal este año en Las Palmas; que los expedientes de regulación de empleo se han incrementado en un 30%; que el negocio hotelero ha caído en un 6% por las ofertas de saldo; que la crisis provoca la caída de un 49% en la venta de turismos; que el paro crece un 35% en el último año, alcanzando la cifra de 200.000 parados en nuestra tierra, con una cifra de 200 desempleados cada día; que la demanda de ayudas a Cáritas se ha triplicado, extendiéndose las peticiones a la clase media; que el Indicador de Confianza Empresarial disminuye cada trimestre en un 10%, muy por debajo del promedio de España; que el índice de comercio al por menor se ha reducido en un 8,1%; que Canarias pierde 1,4 millones de asientos aéreos, un 7% menos que el año pasado; que las pernoctaciones de extranjeros han disminuido en un 11,36%; que los turistas han gastado un 6% menos; que somos la Comunidad más inflacionista, con una tasa de variación anual del IPC del 4,3%, siete décimas por encima de la media de España; que los impagos suben en el Archipiélago más de un 3%, y el 9,2% de los efectos vencidos no se abonan, siendo la mayor tasa del Estado; que 53.000 hogares isleños tienen a todos sus miembros en paro; que la tasa de morosidad ha aumentado hasta un 2,63%; que nuestra Comunidad será donde menos crecerá la economía en 2008, situándonos en los últimos puestos del ranking de competitividad; que los restaurantes ganarán un 35% menos esta Navidad; que los bancos se quedan con 2.066 viviendas y las ejecuciones hipotecarias aumentan un 121% en los primeros meses; que los promotores inmobiliarios no logran encontrar compradores para casi 24.000 viviendas; que se dispara en un 30% la morosidad en los talleres de reparación de vehículos; que las ventas de coches ya han caído en un 60% en las islas; que TUI quiere negociar a la baja los precios de verano; que las quiebras disparan un 30% las ayudas salariares. Y podría seguir poniendo ejemplos, pero el listado se haría interminable.
Ante la crisis en todo el Estado, el Gobierno de España ha puesto en marcha numerosas medidas, algunas muy cuestionables, pero ha intentado buscar alternativas distintas y variadas. Ha movido ficha.
Poco más de dos meses después, la realidad ha ido sobrepasando los temores y las previsiones. En este período de tiempo la situación no ha dejado de empeorar y los medios de comunicación canarios nos han ido trasladando, casi cada día, los indicadores de un penoso día a día que nos desborda y tiene atemorizada a nuestra sociedad. Así hemos ido conociendo que más de cincuenta empresas han entrado recientemente en proceso concursal este año en Las Palmas; que los expedientes de regulación de empleo se han incrementado en un 30%; que el negocio hotelero ha caído en un 6% por las ofertas de saldo; que la crisis provoca la caída de un 49% en la venta de turismos; que el paro crece un 35% en el último año, alcanzando la cifra de 200.000 parados en nuestra tierra, con una cifra de 200 desempleados cada día; que la demanda de ayudas a Cáritas se ha triplicado, extendiéndose las peticiones a la clase media; que el Indicador de Confianza Empresarial disminuye cada trimestre en un 10%, muy por debajo del promedio de España; que el índice de comercio al por menor se ha reducido en un 8,1%; que Canarias pierde 1,4 millones de asientos aéreos, un 7% menos que el año pasado; que las pernoctaciones de extranjeros han disminuido en un 11,36%; que los turistas han gastado un 6% menos; que somos la Comunidad más inflacionista, con una tasa de variación anual del IPC del 4,3%, siete décimas por encima de la media de España; que los impagos suben en el Archipiélago más de un 3%, y el 9,2% de los efectos vencidos no se abonan, siendo la mayor tasa del Estado; que 53.000 hogares isleños tienen a todos sus miembros en paro; que la tasa de morosidad ha aumentado hasta un 2,63%; que nuestra Comunidad será donde menos crecerá la economía en 2008, situándonos en los últimos puestos del ranking de competitividad; que los restaurantes ganarán un 35% menos esta Navidad; que los bancos se quedan con 2.066 viviendas y las ejecuciones hipotecarias aumentan un 121% en los primeros meses; que los promotores inmobiliarios no logran encontrar compradores para casi 24.000 viviendas; que se dispara en un 30% la morosidad en los talleres de reparación de vehículos; que las ventas de coches ya han caído en un 60% en las islas; que TUI quiere negociar a la baja los precios de verano; que las quiebras disparan un 30% las ayudas salariares. Y podría seguir poniendo ejemplos, pero el listado se haría interminable.
Ante la crisis en todo el Estado, el Gobierno de España ha puesto en marcha numerosas medidas, algunas muy cuestionables, pero ha intentado buscar alternativas distintas y variadas. Ha movido ficha.
Así, ha tomado discutibles decisiones de apoyo a la banca, que aún no han notado los ciudadanos ni las PYMES, por más de 200.000 millones de euros; medidas para el fomento del empleo, como contratar 1.500 orientadores para recolocar a desempleados; ayudas de 350 euros para parados sin acceso a subsidios y bonificaciones de 1.500 euros para la contratación de parados con cargas familiares; ayudas a las empresas como las rebajas de impuestos de sociedades, aumento de 10.900 millones de la financiación del ICO al fomento empresarial, fondo de 10.000 millones para financiación a empresas con problemas de tesorería y ayudas para la financiación de la VPO y para promover el mercado del alquiler; ayudas a las familias, como la deducción de 400 euros en el IRPF, la moratoria en el pago de hipotecas para parados, el adelanto de las deducciones en el IRPF a las familias con bajos ingresos... y, por último, el plan extraordinario de inversiones de 11.000 millones, de los que 8.000 millones van directamente al fomento de obra pública a través de los Ayuntamientos.
Distintas comunidades autónomas como Baleares, Cataluña, País Vasco, Murcia, Galicia y otras han puesto en marcha iniciativas encaminadas a familias sin recursos, apoyo a las pensiones, deducciones fiscales, bajadas de las cuotas del IRPF, seguros para cuotas de hipotecas y coches, ayudas a emprendedores, promoción del trabajo de autónomos, etc...
Mientras todo esto sucede, con las cifras rotundas que sitúan a Canarias con los peores indicativos socioeconómicos, ¿saben ustedes qué medidas ha tomado el Gobierno de Canarias para hacer frente a esta crisis? Sí, efectivamente, ninguna. Es más, los presupuestos presentados al Parlamento, establecen una reducción de la inversión pública en un 9% y el mantenimiento del nivel de los gastos corrientes.
Pero no sólo eso. Frente a la inyección importante de dinero público del Gobierno español, el equivalente al 1,2 del PIB, destinada a crear empleo a través de la ejecución de miles de obras desde los Ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos y sus problemas, el Gobierno canario y su Consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, ha pretendido estrangular aún más a las corporaciones locales canarias, exigiendo la devolución inmediata de los fondos del REF, adelantados en cantidades calculadas erróneamente por él mismo, sin cumplir con los mínimos requisitos legales, lo que ha llevado la FECAM a acudir a los tribunales y a plantarse de manera unánime, la segunda vez en su historia.
Frente a la posibilidad de acogerse al endeudamiento del 1%, del cual una cuarta parte debe estar destinado a inversión, aquí en Canarias se ha hecho todo lo contrario y han hecho desaparecer, además, de los presupuestos, planes sectoriales e importantes obras educativas y sanitarias.
Nunca un Gobierno había dado tanto la espalda a sus ciudadanos como éste que hoy padecemos los canarios, entretenido en defenderse en los tribunales y enredado en batallas políticas internas, lo que le hace incapaz de liderar una propuesta de trabajo colectivo para buscar fórmulas entre todos, que controlen un barco que amenaza con naufragar, llevándose por delante el bienestar y la seguridad de los habitantes de esta tierra.
Distintas comunidades autónomas como Baleares, Cataluña, País Vasco, Murcia, Galicia y otras han puesto en marcha iniciativas encaminadas a familias sin recursos, apoyo a las pensiones, deducciones fiscales, bajadas de las cuotas del IRPF, seguros para cuotas de hipotecas y coches, ayudas a emprendedores, promoción del trabajo de autónomos, etc...
Mientras todo esto sucede, con las cifras rotundas que sitúan a Canarias con los peores indicativos socioeconómicos, ¿saben ustedes qué medidas ha tomado el Gobierno de Canarias para hacer frente a esta crisis? Sí, efectivamente, ninguna. Es más, los presupuestos presentados al Parlamento, establecen una reducción de la inversión pública en un 9% y el mantenimiento del nivel de los gastos corrientes.
Pero no sólo eso. Frente a la inyección importante de dinero público del Gobierno español, el equivalente al 1,2 del PIB, destinada a crear empleo a través de la ejecución de miles de obras desde los Ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos y sus problemas, el Gobierno canario y su Consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, ha pretendido estrangular aún más a las corporaciones locales canarias, exigiendo la devolución inmediata de los fondos del REF, adelantados en cantidades calculadas erróneamente por él mismo, sin cumplir con los mínimos requisitos legales, lo que ha llevado la FECAM a acudir a los tribunales y a plantarse de manera unánime, la segunda vez en su historia.
Frente a la posibilidad de acogerse al endeudamiento del 1%, del cual una cuarta parte debe estar destinado a inversión, aquí en Canarias se ha hecho todo lo contrario y han hecho desaparecer, además, de los presupuestos, planes sectoriales e importantes obras educativas y sanitarias.
Nunca un Gobierno había dado tanto la espalda a sus ciudadanos como éste que hoy padecemos los canarios, entretenido en defenderse en los tribunales y enredado en batallas políticas internas, lo que le hace incapaz de liderar una propuesta de trabajo colectivo para buscar fórmulas entre todos, que controlen un barco que amenaza con naufragar, llevándose por delante el bienestar y la seguridad de los habitantes de esta tierra.
*Antonio Morales es Alcalde del Ayuntamiento de Agüimes.
