Domingo, 25 de enero.Antonio Morales*
Llevamos meses y meses escuchando y leyendo al político majorero Domingo González Arroyo toda una serie de andanadas dialécticas dirigidas a su otrora jefe de filas en el Partido Popular, José Manuel Soria. Lejos de ser una anécdota, fruto de un cabreo circunstancial, el ahora primer teniente de alcalde de La Oliva viene amagando y dejando entrever, una y otra vez, una serie de actuaciones anómalas del, en la actualidad, Vicepresidente y Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
Hace unos meses, en plena crisis dentro del partido de los populares en Fuerteventura, González Arroyo amenazó "con poner sobre la mesa todo el asunto de Tindaya" y su relación con Soria, al tiempo que señalaba las implicaciones de éste en los últimos escándalos de la política canaria en torno al Complejo Anfi Tauro, los Ayuntamientos de Telde y Mogán, la Gran Marina, el Canódromo, del que aseguraba fue vendido en cuatro millones y revendido a los quince días en catorce millones, el alquiler con recibos peculiares de la casa que le tenía alquilada el empresario Esquivel, la venta de La Favorita, la sustitución de Megaturbinas por un proyecto de su casero, el enorme escándalo del caso eólico y, añadía, la apropiación "de los dineros de los grupos del Ayuntamiento, Cabildo y Parlamento sin que nunca diera cuenta de ello". Ya en esta ocasión, el acusador retaba al acusado a que lo denunciara por estas afirmaciones para así poder poner sobre la mesa otras acusaciones de similar calibre. Por lo que sabemos, ninguna denuncia fue presentada y, obviamente, José Manuel Soria rehuyó un combate cuerpo a cuerpo que parecía presentarse esclarecedor.
Así, durante todo este tiempo, las provocaciones del expulsado del PP no han dejado de insistir en hacer públicas una ristra de acusaciones muy graves y de enorme calado. Hasta el punto de que en estos días, desde la prensa escrita, la radio y la televisión, González Arroyo ha insistido hasta la saciedad en volver a acusar a Soria de todas las corruptelas citadas, además de implicarle directamente en el asunto de Tebeto (vaya por delante mi solidaridad y respeto hacia Paquita Luengo, a la que se ha querido implicar en este asunto para desviar la atención, siguiendo la política del calamar, que arroja su tinta cuando lo persiguen). Como venía diciendo, González Arroyo ha vuelto a insistir con absoluta vehemencia en retar a Soria a que lo denuncie, ya que si no lo hace "es un cobarde" y añadía en declaraciones a la Ser que "si me denuncia se aclararán algunas cosas más que todavía no han salido a la luz. No crea que va a salir vivito y coleando, las cosas las tiene bastante negras, más negras que tiznadas".
No se trata, al hilo de lo visto, leído o escuchado, de un mero choque de trenes acostumbrados a saltarse los límites de velocidad y los pasos con barreras. Estamos, sin duda, ante una situación de enorme calado que pone de relieve un sinfín de prácticas políticas, cuestionables judicial y socialmente, realizadas por personajes de la política canaria ebrios de prepotencia, soberbia y de pretensiones ajenas al interés general y que se resumen con una conversación recogida en el sumario del caso Góndola donde, el actual Alcalde de Mogán le asegura a Manuel Fernández, paradójicamente Diputado regional y conseguidor de Anfi, que "yo pienso en los votos, José Manuel Soria en otras cosas".
Pero yo no pretendo con este texto hacer una crónica sobre el enfrentamiento entre Domingo González Arroyo y José Manuel Soria. Mi intención es hacer una llamada a la reflexión y a la intervención urgente de la Justicia para que nos podamos enterar todos si estamos ante unas simples bravuconas a las que no se responde por pasotismo, o ante unas acusaciones ciertas y durísimas a las que no se responde por miedo. Estoy absolutamente convencido de que los delitos que apunta González Arroyo son perseguibles de oficio y que es obligación de los jueces y los fiscales interesarse por ellos incoando diligencias informativas y llamando a declarar a los contendientes, unos señores que no se están lanzando insultos en la barra de un bar discutiendo de fútbol, sino que son relevantes cargos públicos, con una amplia representación social, que están obligados a dar cuenta de sus actos y que, ante la opinión pública, sus afirmaciones dejan entrever que se han cometido delitos, creando una alarma social y un enorme descrédito de la política y los políticos y, por tanto, del sistema democrático.
Ha sucedido en otras ocasiones que, ante acusaciones como las de Luis Hernández señalando a un empresario como financiador del PP, o las de José Carlos Mauricio implicando a otro en una moción de censura en San Bartolomé de Tirajana, la Justicia permanezca impasible. No quiero creer que la razón sea la que apunta Alejandro Nieto en su libro "El desgobierno judicial", en el que afirma que en la realidad judicial "lo primero que se constata en la práctica cotidiana es una cierta indiferencia, una aparente insensibilidad a casi todo lo que le rodea. Una callosidad en los sentimientos producida por el roce diario con asuntos graves; pero que también es resultado de una actitud deliberada fruto de dos de sus grandes preocupaciones: esquivar el trabajo y “no meterse en líos”. Consecuencia de este rasgo, es su admirable facilidad para “mirar para otro lado”. A su alrededor suceden acontecimientos problemáticos, posiblemente delictivos y que todo el mundo conoce porque de ellos dan cuenta los medios y hasta se escriben libros por periodistas de investigación en los que se informa de los detalles más mínimos: las fechas y notarías donde se han celebrado contratos sospechosos, los lugares donde se concertaron los pactos colusorios, los números de las cuentas bancarias donde se han ingresado cantidades no justificadas de origen ilícito. Y aunque sea cierto que no todas estas afirmaciones son siempre de fiar, pues puede haber calumnias por medio, es sorprendente que, ante hechos tan notorios, ni el juez ni el fiscal muevan un dedo. El juez espera pasivamente la excitación del fiscal y éste es el último que se entera y, si está enterado, espera a su vez las instrucciones de sus superiores".
Realmente es muy preocupante lo que acabamos de leer, pero a los hechos me remito. Hoy más que nunca, es necesario transmitir a los ciudadanos ilusiones, entusiasmos y credibilidad y no estas prácticas políticas y acusaciones sin respuesta que cuestionan a personas e instituciones y que siembran dudas e incertidumbres sin que, de manera rotunda, actúen los poderes del Estado destinados a garantizar el correcto funcionamiento del sistema democrático, en este caso concreto, para callar a un bocazas o para detener a un delincuente.
No podemos aceptar sin más, las declaraciones del Fiscal del Tribunal Supremo, Carlos Castresana, que señala que "hoy se pone de manifiesto la debilidad del Estado frente a individuos extraordinariamente poderosos que se creen por encima de la ley y que de hecho lo están". Estamos a tiempo de corregirlo.
Hace unos meses, en plena crisis dentro del partido de los populares en Fuerteventura, González Arroyo amenazó "con poner sobre la mesa todo el asunto de Tindaya" y su relación con Soria, al tiempo que señalaba las implicaciones de éste en los últimos escándalos de la política canaria en torno al Complejo Anfi Tauro, los Ayuntamientos de Telde y Mogán, la Gran Marina, el Canódromo, del que aseguraba fue vendido en cuatro millones y revendido a los quince días en catorce millones, el alquiler con recibos peculiares de la casa que le tenía alquilada el empresario Esquivel, la venta de La Favorita, la sustitución de Megaturbinas por un proyecto de su casero, el enorme escándalo del caso eólico y, añadía, la apropiación "de los dineros de los grupos del Ayuntamiento, Cabildo y Parlamento sin que nunca diera cuenta de ello". Ya en esta ocasión, el acusador retaba al acusado a que lo denunciara por estas afirmaciones para así poder poner sobre la mesa otras acusaciones de similar calibre. Por lo que sabemos, ninguna denuncia fue presentada y, obviamente, José Manuel Soria rehuyó un combate cuerpo a cuerpo que parecía presentarse esclarecedor.
Así, durante todo este tiempo, las provocaciones del expulsado del PP no han dejado de insistir en hacer públicas una ristra de acusaciones muy graves y de enorme calado. Hasta el punto de que en estos días, desde la prensa escrita, la radio y la televisión, González Arroyo ha insistido hasta la saciedad en volver a acusar a Soria de todas las corruptelas citadas, además de implicarle directamente en el asunto de Tebeto (vaya por delante mi solidaridad y respeto hacia Paquita Luengo, a la que se ha querido implicar en este asunto para desviar la atención, siguiendo la política del calamar, que arroja su tinta cuando lo persiguen). Como venía diciendo, González Arroyo ha vuelto a insistir con absoluta vehemencia en retar a Soria a que lo denuncie, ya que si no lo hace "es un cobarde" y añadía en declaraciones a la Ser que "si me denuncia se aclararán algunas cosas más que todavía no han salido a la luz. No crea que va a salir vivito y coleando, las cosas las tiene bastante negras, más negras que tiznadas".
No se trata, al hilo de lo visto, leído o escuchado, de un mero choque de trenes acostumbrados a saltarse los límites de velocidad y los pasos con barreras. Estamos, sin duda, ante una situación de enorme calado que pone de relieve un sinfín de prácticas políticas, cuestionables judicial y socialmente, realizadas por personajes de la política canaria ebrios de prepotencia, soberbia y de pretensiones ajenas al interés general y que se resumen con una conversación recogida en el sumario del caso Góndola donde, el actual Alcalde de Mogán le asegura a Manuel Fernández, paradójicamente Diputado regional y conseguidor de Anfi, que "yo pienso en los votos, José Manuel Soria en otras cosas".
Pero yo no pretendo con este texto hacer una crónica sobre el enfrentamiento entre Domingo González Arroyo y José Manuel Soria. Mi intención es hacer una llamada a la reflexión y a la intervención urgente de la Justicia para que nos podamos enterar todos si estamos ante unas simples bravuconas a las que no se responde por pasotismo, o ante unas acusaciones ciertas y durísimas a las que no se responde por miedo. Estoy absolutamente convencido de que los delitos que apunta González Arroyo son perseguibles de oficio y que es obligación de los jueces y los fiscales interesarse por ellos incoando diligencias informativas y llamando a declarar a los contendientes, unos señores que no se están lanzando insultos en la barra de un bar discutiendo de fútbol, sino que son relevantes cargos públicos, con una amplia representación social, que están obligados a dar cuenta de sus actos y que, ante la opinión pública, sus afirmaciones dejan entrever que se han cometido delitos, creando una alarma social y un enorme descrédito de la política y los políticos y, por tanto, del sistema democrático.
Ha sucedido en otras ocasiones que, ante acusaciones como las de Luis Hernández señalando a un empresario como financiador del PP, o las de José Carlos Mauricio implicando a otro en una moción de censura en San Bartolomé de Tirajana, la Justicia permanezca impasible. No quiero creer que la razón sea la que apunta Alejandro Nieto en su libro "El desgobierno judicial", en el que afirma que en la realidad judicial "lo primero que se constata en la práctica cotidiana es una cierta indiferencia, una aparente insensibilidad a casi todo lo que le rodea. Una callosidad en los sentimientos producida por el roce diario con asuntos graves; pero que también es resultado de una actitud deliberada fruto de dos de sus grandes preocupaciones: esquivar el trabajo y “no meterse en líos”. Consecuencia de este rasgo, es su admirable facilidad para “mirar para otro lado”. A su alrededor suceden acontecimientos problemáticos, posiblemente delictivos y que todo el mundo conoce porque de ellos dan cuenta los medios y hasta se escriben libros por periodistas de investigación en los que se informa de los detalles más mínimos: las fechas y notarías donde se han celebrado contratos sospechosos, los lugares donde se concertaron los pactos colusorios, los números de las cuentas bancarias donde se han ingresado cantidades no justificadas de origen ilícito. Y aunque sea cierto que no todas estas afirmaciones son siempre de fiar, pues puede haber calumnias por medio, es sorprendente que, ante hechos tan notorios, ni el juez ni el fiscal muevan un dedo. El juez espera pasivamente la excitación del fiscal y éste es el último que se entera y, si está enterado, espera a su vez las instrucciones de sus superiores".
Realmente es muy preocupante lo que acabamos de leer, pero a los hechos me remito. Hoy más que nunca, es necesario transmitir a los ciudadanos ilusiones, entusiasmos y credibilidad y no estas prácticas políticas y acusaciones sin respuesta que cuestionan a personas e instituciones y que siembran dudas e incertidumbres sin que, de manera rotunda, actúen los poderes del Estado destinados a garantizar el correcto funcionamiento del sistema democrático, en este caso concreto, para callar a un bocazas o para detener a un delincuente.
No podemos aceptar sin más, las declaraciones del Fiscal del Tribunal Supremo, Carlos Castresana, que señala que "hoy se pone de manifiesto la debilidad del Estado frente a individuos extraordinariamente poderosos que se creen por encima de la ley y que de hecho lo están". Estamos a tiempo de corregirlo.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
