El Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, anunció ayer que Coalición Canaria presentará una enmienda "in vocce" en el Parlamento regional a la enmienda conjunta con el PP a la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial, para que en el Plan Energético de Canarias (Pecan) no se determine Arinaga, en Agüimes, como sede para la planta de gas.
Así lo explicó el Director General de Energía del Ejecutivo autonómico, Adrián Mendoza, tras una reunión de Rivero, en la capital grancanaria junto con el Consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, el Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, José Miguel Pérez, y los Alcaldes de Agüimes, Santa Lucía de Tirajana e Ingenio, Antonio Morales, Silverio Matos y Juan Díaz, respectivamente.
Mendoza resaltó la "preocupación" de los Alcaldes y del Presidente del Cabildo ante que el Gobierno canario "impusiera por vía de la ley la planta en Arinaga". Sin embargo, incidió que "en el Pecan en ningún momento se habla de que la planta vaya en este lugar".
Comentó que para el Pecan, el Ejecutivo usó "la planificación estatal en 2006, donde había una tabla que decía de dónde a dónde iba el gaseoducto, pero la planificación estatal, a petición del Gobierno de Canarias, se ha corregido y no hace referencia ninguna a donde van las infraestructuras de gas".
"No hay intención de colocar ninguna infraestructura sin el acuerdo de las administraciones locales e insulares", añadió Mendoza, que hizo llegar a los regidores municipales y a Pérez una enmienda "in voche" que va a presentar el grupo de CC, a petición del Gobierno de Canarias, que señale que "las infraestructuras de gas serán desarrolladas por los planes territoriales que se tienen que desarrollar en la isla", una enmienda que también harán llegar al grupo socialista.
Así, el objetivo es "calmar y tranquilizar a la población e instituciones locales de que no habrá imposición y será todo mediante el diálogo y la negociación", apostilló el Director General.
Asimismo, apostó por un convenio para el desarrollo de los planes territoriales especiales energéticos y destacó que "lo normal es que sea el Cabildo quien diga dónde van las infraestructuras energéticas de su isla, siempre en colaboración con el Gobierno canario".
En este sentido, manifestó que dichas instalaciones irán "donde más garantías dé de seguridad y de suministro". De este modo, recalcó que "para que vaya mar adentro, la planta tiene que dar seguridad y garantía de 365 días al año de suministro de gas", algo que, señaló, "habrá que estudiar".
Por su parte, el Presidente del Cabildo, José Miguel Pérez, recordó que "el origen de este conflicto estriba en una enmienda que presentaron, conjuntamente a la Ley de Medidas Urgentes, PP y CC y que, a criterio del Cabildo y de los Ayuntamientos, esa enmienda determinará por ley la ubicación de la planta regasificadora", algo que "contraviene los acuerdos de la Mancomunidad y los del Cabildo, en éste y en el anterior mandato".
Además, señaló que en el último Pleno del Cabildo una moción del PP planteó que "había que eliminar del Plan Territorial, para localizar la regasificadora, la opción del Puerto de Arinaga", una moción "contradictoria" con lo que prevé la enmienda de CC y PP, señaló Pérez.
Así pues, destacó el "cambio de actitud" del Gobierno de Canarias, que, a juicio de Pérez, ha "rectificado" al plantear una enmienda "in voche" a esa enmienda conjunta de PP y CC "para otorgar la preeminencia del planeamiento territorial a la hora de determinar dónde deben ser localizadas las instalaciones de las plantas regasificadoras".
Dicha redacción será estudiada ahora por los servicios jurídicos del Cabildo y de las instituciones locales, añadió Pérez, que entiende que "con ello, se rectifica lo que había tras la enmienda en lo relativo a la instalación de la planta regasificadora".
El Presidente insular recordó que el PP en "el anterior mandato en el Cabildo estableció que no se haría esa planta en Arinaga si no era con el concurso de los Ayuntamientos afectados y que se optaba la preferencia por instalar esa planta mar adentro", pero "la posición que tienen en el Gobierno canario parece ser otra".
"Éste es un potaje considerable desde el punto de vista de posición política y lo único que pedimos es coherencia con las ideas que se sostienen, ya que si se sostiene un acuerdo plenario en el Cabildo, el PP está obligado a tener esa posición en el Gobierno canario", aseveró Pérez, quien recordó que "el acuerdo plenario del Cabildo es que no se ubique en el Puerto de Arinaga y que se dé preferencia por la instalación mar adentro". De hecho, ése fue el acuerdo plenario votado en abril de 2007 y reiterado en este mismo mandato.
Igualmente, Pérez apostó también por un convenio con el Ejecutivo regional que permita "sumar esfuerzos para que los planes energéticos salgan adelante cuanto antes".
El Alcalde de Agüimes, Antonio Morales, aseguró que la Mancomunidad del Sureste encargará un informe jurídico sobre la propuesta de modificación que planteó Rivero "para despejar cualquier duda acerca de la modificación que se pretende que no obligue a que la planta se construya en Arinaga".
En su opinión, el Ejecutivo autonómico "rectifica con la propuesta de modificación 'in vocce' que corresponde a los instrumentos de planificación territorial en relación a las infraestructuras necesarias para la utilización de gas natural". Además, advirtió que si el informe jurídico garantiza que "será el Cabildo al que le corresponde la decisión final de la ubicación de este tipo de instalaciones", la Mancomunidad paralizará las movilizaciones previstas.
Morales resaltó la predisposición de Rivero a volver a sentarse con los Alcaldes "en caso de que los informes jurídicos de la Mancomunidad no acepten esta propuesta de modificación".
"Entendemos que existe voluntad por parte del Gobierno de no seguir abriendo enfrentamientos entre las instituciones de Gran Canaria y el Gobierno, eso nos tranquiliza, pero nosotros seguiremos esperando el informe jurídico", añadió Morales, que, no obstante, reiteró que la Mancomunidad seguirá defendiendo que "la planta se construya mar adentro, alejada de la población y, desde luego, nunca en los espacios en los que se ha previsto que se pueda instalar la planta de gas".
Así lo explicó el Director General de Energía del Ejecutivo autonómico, Adrián Mendoza, tras una reunión de Rivero, en la capital grancanaria junto con el Consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, el Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, José Miguel Pérez, y los Alcaldes de Agüimes, Santa Lucía de Tirajana e Ingenio, Antonio Morales, Silverio Matos y Juan Díaz, respectivamente.
Mendoza resaltó la "preocupación" de los Alcaldes y del Presidente del Cabildo ante que el Gobierno canario "impusiera por vía de la ley la planta en Arinaga". Sin embargo, incidió que "en el Pecan en ningún momento se habla de que la planta vaya en este lugar".
Comentó que para el Pecan, el Ejecutivo usó "la planificación estatal en 2006, donde había una tabla que decía de dónde a dónde iba el gaseoducto, pero la planificación estatal, a petición del Gobierno de Canarias, se ha corregido y no hace referencia ninguna a donde van las infraestructuras de gas".
"No hay intención de colocar ninguna infraestructura sin el acuerdo de las administraciones locales e insulares", añadió Mendoza, que hizo llegar a los regidores municipales y a Pérez una enmienda "in voche" que va a presentar el grupo de CC, a petición del Gobierno de Canarias, que señale que "las infraestructuras de gas serán desarrolladas por los planes territoriales que se tienen que desarrollar en la isla", una enmienda que también harán llegar al grupo socialista.
Así, el objetivo es "calmar y tranquilizar a la población e instituciones locales de que no habrá imposición y será todo mediante el diálogo y la negociación", apostilló el Director General.
Asimismo, apostó por un convenio para el desarrollo de los planes territoriales especiales energéticos y destacó que "lo normal es que sea el Cabildo quien diga dónde van las infraestructuras energéticas de su isla, siempre en colaboración con el Gobierno canario".
En este sentido, manifestó que dichas instalaciones irán "donde más garantías dé de seguridad y de suministro". De este modo, recalcó que "para que vaya mar adentro, la planta tiene que dar seguridad y garantía de 365 días al año de suministro de gas", algo que, señaló, "habrá que estudiar".
Por su parte, el Presidente del Cabildo, José Miguel Pérez, recordó que "el origen de este conflicto estriba en una enmienda que presentaron, conjuntamente a la Ley de Medidas Urgentes, PP y CC y que, a criterio del Cabildo y de los Ayuntamientos, esa enmienda determinará por ley la ubicación de la planta regasificadora", algo que "contraviene los acuerdos de la Mancomunidad y los del Cabildo, en éste y en el anterior mandato".
Además, señaló que en el último Pleno del Cabildo una moción del PP planteó que "había que eliminar del Plan Territorial, para localizar la regasificadora, la opción del Puerto de Arinaga", una moción "contradictoria" con lo que prevé la enmienda de CC y PP, señaló Pérez.
Así pues, destacó el "cambio de actitud" del Gobierno de Canarias, que, a juicio de Pérez, ha "rectificado" al plantear una enmienda "in voche" a esa enmienda conjunta de PP y CC "para otorgar la preeminencia del planeamiento territorial a la hora de determinar dónde deben ser localizadas las instalaciones de las plantas regasificadoras".
Dicha redacción será estudiada ahora por los servicios jurídicos del Cabildo y de las instituciones locales, añadió Pérez, que entiende que "con ello, se rectifica lo que había tras la enmienda en lo relativo a la instalación de la planta regasificadora".
El Presidente insular recordó que el PP en "el anterior mandato en el Cabildo estableció que no se haría esa planta en Arinaga si no era con el concurso de los Ayuntamientos afectados y que se optaba la preferencia por instalar esa planta mar adentro", pero "la posición que tienen en el Gobierno canario parece ser otra".
"Éste es un potaje considerable desde el punto de vista de posición política y lo único que pedimos es coherencia con las ideas que se sostienen, ya que si se sostiene un acuerdo plenario en el Cabildo, el PP está obligado a tener esa posición en el Gobierno canario", aseveró Pérez, quien recordó que "el acuerdo plenario del Cabildo es que no se ubique en el Puerto de Arinaga y que se dé preferencia por la instalación mar adentro". De hecho, ése fue el acuerdo plenario votado en abril de 2007 y reiterado en este mismo mandato.
Igualmente, Pérez apostó también por un convenio con el Ejecutivo regional que permita "sumar esfuerzos para que los planes energéticos salgan adelante cuanto antes".
El Alcalde de Agüimes, Antonio Morales, aseguró que la Mancomunidad del Sureste encargará un informe jurídico sobre la propuesta de modificación que planteó Rivero "para despejar cualquier duda acerca de la modificación que se pretende que no obligue a que la planta se construya en Arinaga".
En su opinión, el Ejecutivo autonómico "rectifica con la propuesta de modificación 'in vocce' que corresponde a los instrumentos de planificación territorial en relación a las infraestructuras necesarias para la utilización de gas natural". Además, advirtió que si el informe jurídico garantiza que "será el Cabildo al que le corresponde la decisión final de la ubicación de este tipo de instalaciones", la Mancomunidad paralizará las movilizaciones previstas.
Morales resaltó la predisposición de Rivero a volver a sentarse con los Alcaldes "en caso de que los informes jurídicos de la Mancomunidad no acepten esta propuesta de modificación".
"Entendemos que existe voluntad por parte del Gobierno de no seguir abriendo enfrentamientos entre las instituciones de Gran Canaria y el Gobierno, eso nos tranquiliza, pero nosotros seguiremos esperando el informe jurídico", añadió Morales, que, no obstante, reiteró que la Mancomunidad seguirá defendiendo que "la planta se construya mar adentro, alejada de la población y, desde luego, nunca en los espacios en los que se ha previsto que se pueda instalar la planta de gas".