Martes, 17 de marzo.Antonio Morales*
En los últimos días, España ha alcanzado la cifra de tres millones y medio de personas sin trabajo, y de éstos, casi un millón doscientas mil, no perciben ningún tipo de ingresos. En un año, la Seguridad Social ha perdido 1.139.514 cotizantes y el BBVA, en su último informe sobre la "Situación de España", señala que la recesión en nuestro país se alargará hasta el año 2010 y predice más de cuatro millones de parados para los próximos meses. En Canarias superamos, en estos momentos, la cantidad de 228.000 desempleados.
Al tiempo vemos, un día sí y otro también, como se suceden en los medios de comunicación noticias que nos confirman la grave situación que vivimos y que nos hablan de los descensos de la actividad turística; de la caída de la venta de vehículos; de cómo desaparecen pequeñas y medianas empresas y un número importante de autónomos; de cómo aumentan los comedores sociales y las peticiones de atención en los servicios sociales en más de un 60%; de cómo el Puerto de la Luz ve descender su trafico en más de un 52%; de la terrible caída de las ventas del comercio, en más de un 80%; de cómo aumentan los hurtos en los supermercados; de cómo miles y miles de personas son desahuciadas o dejan sus viviendas en poder de los bancos.
Mientras todo esto sucede, los ciudadanos contemplamos, indignados, atónitos o desesperanzados, cómo las grandes empresas declaran, en el último año, ganancias millonarias. Así sucede con las de las eléctricas que superan los varios billones de pesetas y con las de Telefónica, por ejemplo, que ganó un 38% más en 2008, lo que significa un total de 7.592 millones de euros (un billón doscientos sesenta y cinco mil trescientos veintiocho millones de pesetas). Y no digamos las de la banca española, que ganó más que toda la europea junta. Vemos igualmente como los directivos de estas compañías se embolsan anualmente sueldos que superan los 3 y 4 millones de euros.
Frente a todo esto, los hombres y mujeres de este país se encuentran ante un Estado débil, enfermo, incapaz de sembrar ilusiones y esperanzas, lo que se traduce en una enorme desconfianza en la política y los políticos. Esto queda patente en los últimos informes de Transparencia Internacional y del Centro de Investigaciones Sociológicas, en los que se percibe claramente la relación que establecen los ciudadanos entre la política y la corrupción y como el pasotismo o el cabreo se adueñan del sentir colectivo. Cada vez el divorcio entre la política y la ciudadanía es mayor.
No es para menos. Los medios de comunicación no dejan de trasladarnos continuamente la penosa realidad de la política española. En plena crisis, que siembra de miedo e incertidumbre a los distintos sectores de la sociedad, nos desayunamos cada día con el enfrentamiento incesante de los dos partidos políticos con mayor presencia en el arco parlamentario, que anega el país de una crispación sin límites. Si por parte del PSOE algunos de sus ministros, el primero Solbes, dan señales de agotamiento y de falta de imaginación y el Gobierno no termina de adoptar medidas que resulten ciertamente efectivas, el PP parece encontrarse a gusto en una situación que perciben como desgastadora para su principal rival político. No sólo no aportan ninguna solución, sino que cualquier medida del ejecutivo les parece siempre mala y criticable.
Paralelamente, se suceden en cadena las detenciones de distintos cargos públicos de uno y otro partido inmersos en tramas de corrupción; el juez Garzón inicia un proceso de investigación judicial que descubre todo un montaje de prevaricaciones y cohechos en torno al PP y su núcleo de poder; en la Comunidad de Madrid se descubre una red de espionaje en el Gobierno y el Ayuntamiento; en Valencia, en Galicia, en Andalucía, en Canarias…, las denuncias por corrupción urbanística están a la orden del día. En este Archipiélago atlántico, Alcaldes de pequeños, medianos y grandes Ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife, se hayan incursos en graves procedimientos judiciales; el Vicepresidente de nuestro Gobierno canario se encuentra en estos momentos imputado y penden sobre él graves acusaciones; aquí, y en la Península, aventar sospechas sobre el funcionamiento y la profesionalidad de la policía y los jueces se ha convertido en algo cotidiano, llegando a salpicar incluso al Consejo General del Poder Judicial, algunos de cuyos representantes juegan a tomar partido; los jueces, por primera vez en su historia, se levantan en huelga contra otro Poder del Estado, en un gravísimo enfrentamiento de dudosa legalidad; un ministro se ve obligado a dimitir por cazar furtivamente en momentos y compañías poco adecuadas; los sindicatos se encuentran, ahora más que nunca, alejados de la realidad; un sector importante de la Iglesia toma partido por la crispación y el enfrentamiento.
En el momento en que peor lo estamos pasando, cuando más hay que dar el do de pecho, la ciudadanía se siente absolutamente indefensa; la percepción de que detrás de todo subyace la lucha, y nada más que la lucha, por el poder político y la certeza de la dependencia de éste del poder económico, se hace cada vez más patente.
Frente a la profunda crisis del neoliberalismo conservador nos encontramos terriblemente huérfanos de alternativas socioeconómicas reales. Desde luego, la socialdemocracia tampoco lo es. Se echa en falta un auténtico sistema de participación social, con valores profundamente democráticos que incidan en la salvaguarda de la ética en la acción pública. Lo que tenemos hoy es lo que nos ha llevado a una quiebra de la moral ciudadana que se aprecia nítidamente cuando algunos personajes de la política, denunciados por corrupción, se presentan de nuevo a unas elecciones y son reelegidos, y esto es sólo un ejemplo.
Seguir posibilitando esta cadena de despropósitos, y con ello el desprecio de la ciudadanía por la política y las instituciones, debilita duramente nuestro Estado de Derecho y da pie a convulsiones sociales que no siempre terminan con un fortalecimiento del sistema democrático, sino que, por el contrario, dan lugar a la aparición de fenómenos peligrosamente involucionistas que cuestionan la esencia de la democracia: hacer posible que todo gire, precisamente, en torno al bien común y que el poder no derive en otra cosa que en la defensa del interés general y no en el de unos pocos que se hacen con el timón de una galera donde los ciudadanos se convierten en remeros al servicio de un corsario sin escrúpulos.
Hoy, más que nunca, nos toca pelear por todo aquello en lo que creemos, para hacer posible un futuro mejor para los que vienen detrás, a los que no podemos legar un mundo como el que hemos ido construyendo... y destrozando.
Al tiempo vemos, un día sí y otro también, como se suceden en los medios de comunicación noticias que nos confirman la grave situación que vivimos y que nos hablan de los descensos de la actividad turística; de la caída de la venta de vehículos; de cómo desaparecen pequeñas y medianas empresas y un número importante de autónomos; de cómo aumentan los comedores sociales y las peticiones de atención en los servicios sociales en más de un 60%; de cómo el Puerto de la Luz ve descender su trafico en más de un 52%; de la terrible caída de las ventas del comercio, en más de un 80%; de cómo aumentan los hurtos en los supermercados; de cómo miles y miles de personas son desahuciadas o dejan sus viviendas en poder de los bancos.
Mientras todo esto sucede, los ciudadanos contemplamos, indignados, atónitos o desesperanzados, cómo las grandes empresas declaran, en el último año, ganancias millonarias. Así sucede con las de las eléctricas que superan los varios billones de pesetas y con las de Telefónica, por ejemplo, que ganó un 38% más en 2008, lo que significa un total de 7.592 millones de euros (un billón doscientos sesenta y cinco mil trescientos veintiocho millones de pesetas). Y no digamos las de la banca española, que ganó más que toda la europea junta. Vemos igualmente como los directivos de estas compañías se embolsan anualmente sueldos que superan los 3 y 4 millones de euros.
Frente a todo esto, los hombres y mujeres de este país se encuentran ante un Estado débil, enfermo, incapaz de sembrar ilusiones y esperanzas, lo que se traduce en una enorme desconfianza en la política y los políticos. Esto queda patente en los últimos informes de Transparencia Internacional y del Centro de Investigaciones Sociológicas, en los que se percibe claramente la relación que establecen los ciudadanos entre la política y la corrupción y como el pasotismo o el cabreo se adueñan del sentir colectivo. Cada vez el divorcio entre la política y la ciudadanía es mayor.
No es para menos. Los medios de comunicación no dejan de trasladarnos continuamente la penosa realidad de la política española. En plena crisis, que siembra de miedo e incertidumbre a los distintos sectores de la sociedad, nos desayunamos cada día con el enfrentamiento incesante de los dos partidos políticos con mayor presencia en el arco parlamentario, que anega el país de una crispación sin límites. Si por parte del PSOE algunos de sus ministros, el primero Solbes, dan señales de agotamiento y de falta de imaginación y el Gobierno no termina de adoptar medidas que resulten ciertamente efectivas, el PP parece encontrarse a gusto en una situación que perciben como desgastadora para su principal rival político. No sólo no aportan ninguna solución, sino que cualquier medida del ejecutivo les parece siempre mala y criticable.
Paralelamente, se suceden en cadena las detenciones de distintos cargos públicos de uno y otro partido inmersos en tramas de corrupción; el juez Garzón inicia un proceso de investigación judicial que descubre todo un montaje de prevaricaciones y cohechos en torno al PP y su núcleo de poder; en la Comunidad de Madrid se descubre una red de espionaje en el Gobierno y el Ayuntamiento; en Valencia, en Galicia, en Andalucía, en Canarias…, las denuncias por corrupción urbanística están a la orden del día. En este Archipiélago atlántico, Alcaldes de pequeños, medianos y grandes Ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife, se hayan incursos en graves procedimientos judiciales; el Vicepresidente de nuestro Gobierno canario se encuentra en estos momentos imputado y penden sobre él graves acusaciones; aquí, y en la Península, aventar sospechas sobre el funcionamiento y la profesionalidad de la policía y los jueces se ha convertido en algo cotidiano, llegando a salpicar incluso al Consejo General del Poder Judicial, algunos de cuyos representantes juegan a tomar partido; los jueces, por primera vez en su historia, se levantan en huelga contra otro Poder del Estado, en un gravísimo enfrentamiento de dudosa legalidad; un ministro se ve obligado a dimitir por cazar furtivamente en momentos y compañías poco adecuadas; los sindicatos se encuentran, ahora más que nunca, alejados de la realidad; un sector importante de la Iglesia toma partido por la crispación y el enfrentamiento.
En el momento en que peor lo estamos pasando, cuando más hay que dar el do de pecho, la ciudadanía se siente absolutamente indefensa; la percepción de que detrás de todo subyace la lucha, y nada más que la lucha, por el poder político y la certeza de la dependencia de éste del poder económico, se hace cada vez más patente.
Frente a la profunda crisis del neoliberalismo conservador nos encontramos terriblemente huérfanos de alternativas socioeconómicas reales. Desde luego, la socialdemocracia tampoco lo es. Se echa en falta un auténtico sistema de participación social, con valores profundamente democráticos que incidan en la salvaguarda de la ética en la acción pública. Lo que tenemos hoy es lo que nos ha llevado a una quiebra de la moral ciudadana que se aprecia nítidamente cuando algunos personajes de la política, denunciados por corrupción, se presentan de nuevo a unas elecciones y son reelegidos, y esto es sólo un ejemplo.
Seguir posibilitando esta cadena de despropósitos, y con ello el desprecio de la ciudadanía por la política y las instituciones, debilita duramente nuestro Estado de Derecho y da pie a convulsiones sociales que no siempre terminan con un fortalecimiento del sistema democrático, sino que, por el contrario, dan lugar a la aparición de fenómenos peligrosamente involucionistas que cuestionan la esencia de la democracia: hacer posible que todo gire, precisamente, en torno al bien común y que el poder no derive en otra cosa que en la defensa del interés general y no en el de unos pocos que se hacen con el timón de una galera donde los ciudadanos se convierten en remeros al servicio de un corsario sin escrúpulos.
Hoy, más que nunca, nos toca pelear por todo aquello en lo que creemos, para hacer posible un futuro mejor para los que vienen detrás, a los que no podemos legar un mundo como el que hemos ido construyendo... y destrozando.
*Antonio Morales es Alcalde de Agüimes.
