Jueves, 04 de febrero.Europa Press
Tres menores residentes en el centro de menores denominado Dispositivo de Emergencia de Atención a Menores Extranjeros No Acompañados de Canarias (Deamenac-I), ubicado en Arinaga, han sido imputados por un presunto delito de participación en riña tumultuaria y daños. Los jóvenes han pasado a disposición de la Fiscalía, que, además de su imputación, ha solicitado para ellos la medida cautelar de libertad vigilada, según informó en un comunicado el portavoz de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco Morales.
La Fiscalía de Menores recibió ayer el atestado-informe elaborado por miembros de la Guardia Civil del Puesto de Agüimes, en relación con los hechos sucedidos el pasado domingo. Además, deja claro que no consta en esta Fiscalía escrito alguno de la Alcaldía del municipio de Agüimes poniendo en conocimiento hecho alguno relacionado con la problemática de este centro.
García-Panasco señala que, tras lo acontecido, "como no podría ser de otra manera, la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha actuado en todo momento conforme al principio de legalidad. Analizando las circunstancias de cada caso concreto, y ejerciendo las acciones que nos permite la legislación vigente, en el ámbito de nuestras competencias, y en protección tanto de las víctimas como del interés superior de los menores, que es nuestra obligación legal", añade. En este sentido, explica que en el desarrollo de sus funciones se han llevado a cabo "varias visitas de inspección al citado centro". De este modo, las deficiencias observadas se han comunicado a las autoridades competentes para su subsanación que, en este caso, es el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Vivienda y Juventud.
En cualquier caso, el portavoz de la Fiscalía Provincial quiso trasmitir a la sociedad "un mensaje de tranquilidad y confianza" en la labor desarrollada por el Ministerio Público en esta materia. Igualmente, pidió "a los organismos públicos, y a la ciudadanía en general, un ejercicio de responsabilidad para evitar que las opiniones vertidas sobre este tipo de asuntos puedan ser interpretadas como una criminalización generalizada de un determinado centro o de un grupo más o menos numeroso de menores".
Fotografía: Guillermo García-Panasco, en una imagen de archivo.